Gregorio Macías Moreno, delegado de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, expresó que la legislación vigente evita que los antecedentes penales se constituyan en una barrera para la reinserción de las personas que han cumplido con la pena carcelaria que les fue impuesta, por ello los empleadores deben darles oportunidades para que se incorporen a la vida económica y productiva.

Refirió que hace más de un año entró en vigor la nueva Ley Nacional de Ejecución Penal, la cual busca impulsar la reinserción a la sociedad de personas privadas de la libertad que se encuentran en los centros penitenciarios. La reglamentación incorpora normas que tienen que ver con los antecedentes penales, la capacitación para el trabajo y las modalidades de empleo dentro de los centros de reclusión.

Gregorio Macías detalló que en relación a la emisión de constancia de antecedentes penales, la nueva legislación cancela la información contenida en la base de datos, así como la registrada en el Sistema Nacional de Información Penitenciaria del Sistema Único de Información Criminal, a que se refiere la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a excepción de los casos que determina expresamente la ley.

Indicó que respecto a la capacitación para el trabajo, la ley establece entre sus bases el adiestramiento y los conocimientos del propio oficio o actividad, la vocación y el desarrollo de aptitudes, habilidades y competencias laborales; mientras que los tipos de capacitación serán acordes a los fines de la reinserción social y al plan de actividades de los reclusos.

Para finalizar, el delegado de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social sostuvo que estas disposiciones tienen como objetivo fortalecer la inclusión laboral de este grupo vulnerable, una vez que recuperen su libertad.