En cualquier empresa es obligatorio que los solicitantes a un trabajo deban cumplir una serie de requisitos, principalmente que acrediten las pruebas a que son sometidos, entre ellas en conocimientos, capacidad y responsabilidad, por consiguiente ¿cuál es la razón para que los candidatos a un cargo de elección popular no sean sometidos a una prueba de esta naturaleza?, como requerimiento que permita determinar si son aptos para desempeñar el puesto que pretenden.

Actualmente tienen lugar las campañas de los aspirantes a diputados locales y federales y a los ayuntamientos, por lo que bien harían con someterse a un test, a través de control y confianza, en el cual dejen constancia que saben cuáles serían sus funciones en caso de llegar a triunfar. No sería un interrogatorio amplio sino básico, que en el caso de los que intentan ser parte del Congreso del Estado den a conocer qué hace un diputado y qué manifiesta sobre el particular la Constitución Política del Estado. En lo que se refiere a los que buscan llegar a la Cámara de Diputados cuál es el papel que desempeñan como hacedores y reformadores de leyes y cuáles de éstas, en estos momentos, requieren de mayor atención, lo mismo que indiquen el papel que desempeñarían en el análisis y aprobación del paquete económico federal.

En lo que se refiere a los que tratan de convertirse en presidentes municipales, que informen con datos concretos de los asuntos que requieren de mayor atención de la primera autoridad local, principalmente en los renglones de satisfacción colectiva, seguridad pública, salud, educación, mejora de vialidades, etc., y si con los mismos recursos que por ahora se dispone podrán llevar a cabo su plan, o tratarán de aumentar los impuestos, como el predial, o crear otros.

Es un cuestionario que puede responder quien esté seguro del lugar que aspira ocupar, lo que de darse le daría suficientes elementos a los ciudadanos para definir su voto.

Cada uno de los candidatos proyecta ejercer un cargo en la administración pública o en la representación popular, pero absolutamente todos, al ganar en el proceso electivo, automáticamente se convierten en empleados del pueblo, por lo que es justo que rindan antes el un informe de aptitudes, apegándose al mismo principio de las empresas, que para contratar debe tener la confianza que el convenido es la persona idónea para ocupar el lugar.

Lograr ese propósito no es fácil, como se ha podido apreciar en la 3de3 y en el renglón de transparencia, sin embargo la sociedad tiene todo el derecho de exigir que los futuros alcaldes y diputados locales y federales sean personas competentes para estar en ese ámbito.

Es necesario acabar con la vieja costumbre que cualquiera puede acomodarse en uno de dichos sillones, que le basta con tener un buen padrino o ser arropado por un partido político para convertirse en un alguien superior. Hay quien se ha enquistado en el Congreso local, con cuatro ocasiones de ser diputado y sin embargo a la fecha no pasa de ser uno más del rebaño legislativo, siendo su mayor contribución aprobar o desechar un dictamen, haciéndolo según las instrucciones que recibe o los arreglos a que llega.

SE DEJÓ CRECER

Uno de los mayores problemas que enfrentan habitantes de colonias populares es tener como vecinos a una familia de invasores, conocidos popularmente como “paracaidistas”, que en cualquier momento se posesionan de una casa deshabitada y permanecen ahí por meses, ya que para desalojarlos hay que seguir un juicio sin que el propietario de la finca logre que paguen el tiempo que estuvieron en ese lugar, ni de los daños que causaron.

Por un tiempo hubo una red de individuos que se dedicaban a localizar viviendas solas y sin más se adueñaban de ellas, llegando a tal grado su cinismo que las rentaban, sin que los inquilinos conocieran la verdad. Sólo hasta que por orden de un juez se llevaba a cabo el desalojo conocían la situación, pero para entonces el “propietario” se había vuelto ojo de hormiga.

Son múltiples las razones que motivan a que alguien deje abandonada su vivienda, pero tardíamente se da cuenta de su error al ser víctima de unos usurpadores, por lo que no basta con pedirles que desocupen ya que por regla general no lo hacen, entonces tiene que llevar a cabo un juicio para desahucio y el cual se lleva meses para que el juez dicte sentencia. Lo que gastó en el litigio no lo recupera, como tampoco que le paguen el tiempo que estuvo la ocupación ni los perjuicios que se ocasionaron. Una vez que recupera la finca tiene que invertir en la reparación y de inmediato ocuparla, sea por sí mismo o alquilarla pero no volverla a dejar vacía.

A los vecinos les produce intranquilidad tener tan cerca a ese tipo de abusadores, que por regla general se conducen contrario a las reglas de urbanidad y esto genera pleitos y demandas, que en otras circunstancias no tenían que haber, además que esas personas tienen “callo” en atropellar derechos de los demás, por lo que son de los que dicen no doblegarse ante nadie.

La disfunción y violencia familiar es algo común, situación que se genera por el alcoholismo, drogadicción, vagancia y pleitos entre sí y con los colindantes, por lo que hace prácticamente imposible la convivencia social.

Es un problema que se registra en mayor grado en la ciudad de Aguascalientes y pese a las denuncias que se presentan en contra de ese tipo de personas no hay solución, ya que a lo más que se llega es a detener a los rijosos, pero que vuelven con mayores ímpetus por lo que se prefiere ya no acusarlos, porque resulta peor el remedio que la enfermedad.

Una posible salida podría ser una reforma a la ley para que, una vez que se compruebe que el ocupante no tiene razón de estar en la propiedad, se haga el lanzamiento en un tiempo breve y que además se obligue a los responsables a pagar los meses de renta y los daños que causaron a la casa, con lo que lo pensarán dos veces antes de seguir con su actitud.

CÍRCULO VICIOSO

Por más que se empeñan en Veolia por demostrar que es una empresa eficiente, las denuncias ciudadanas señalan lo contrario. Asegura la concesionaria que Aguascalientes está entre los estados que lleva más agua a los hogares y lo fundamenta en lo que expresa el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), de que la entidad ocupa el primer lugar nacional en cobertura de agua potable, lo que no es ninguna novedad puesto que así ha sido desde hace más de 30 años, como se puede comprobar en los informes anuales de alcaldes y gobernadores. También menciona la Encuesta Nacional de los Hogares 2017 (Inegi 2017), al citar que el estado llegó a 93.7% con suministro diario del vital elemento, mientras que la media nacional es 73% con tubería de agua potable que recibe agua todos los días. Es posible que así sea, sólo que mientras sigan las protestas en varias colonias por la falta de suministro o que éste sea a cuentagotas, no puede echarse las campanas al vuelo. El director general adjunto de Veolia Aguascalientes, Mauricio Moreno, afirmó: “Nuestro compromiso va más allá de atender una necesidad ante una crisis sanitaria como la que surgió en 2020 y que actualmente todavía vivimos sus estragos, si bien hemos reforzado nuestras capacidades para mantener el servicio y contribuir a la mitigación de la propagación del coronavirus, todos nuestros esfuerzos están enfocados en una búsqueda constante de tecnologías, nuevas técnicas, herramientas y conocimientos para preservar, cuidar y renovar el recurso hídrico ante cualquier circunstancia”. Ojalá que sus palabras se traduzcan en que ningún hogar registre el faltante, porque hasta la fecha casi a diario se presenta el reclamo social en El Heraldo y algunos otros medios de comunicación. Las denuncias no van acordes con lo que manifiesta la concesionaria, de que la modernización de la red ha beneficiado a más de 50,000 familias en 60 colonias de la capital, durante el primer trimestre de 2021, por lo que independientemente de que se ratifique o cancele la concesión – dentro de dos años – la obligación de Veolia es que el total de los usuarios reciban el agua.