Las leyes se hicieron para aplicarlas y ser acatadas, por lo que aún cuando no se esté de acuerdo se debe obedecer lo que disponen, sin embargo cómo admitirlas cuando se trata de un menor de edad que cometió un crimen con todos los agravantes y en apego a la legislación podrá estar detenido un máximo de cinco años.

En Aguascalientes se dio un caso de un adolescente que asesinó con saña a otro menor y semanas después un jovencito apuñaló por la espalda a un hombre de 45 años y aunque en ambos asuntos fueron aprehendidos, se habló desde un principio que la pena máxima que podrían enfrentar era de cinco años, por lo que a los 20 o 21 años quedarán libres, mientras que los familiares de las víctimas se quedan con la irritación y la sensación de que no hubo justicia.

A partir del 18 de junio de 2016 se puso en marcha en México el Sistema de Justicia Penal para Adolescentes y que se encuentra reglamentado por la Ley del Sistema Nacional de Justicia para Adolescentes. Para su aplicación se han considerado diversos instrumentos internacionales, que buscan proteger a niñas, niños y adolescentes que enfrenten un conflicto con la ley.

Los jueces especializados en este tipo de justicia deben tomar en cuenta, a la hora de emitir el dictamen en contra de un menor de 18 años, su desarrollo y observando los aspectos cognitivos, físicos y psicológicos, pero ante todo mirando por su bienestar integral.

El internamiento en el Centro Estatal para el Desarrollo del Adolescente (antiguo Tribunal de Menores) será sólo si el indiciado cometió un delito que lo amerite y que se considera como una medida extrema, que se impone de cinco años sólo a los mayores de 14 años y hasta los 18 años, y de tres años a los que tengan entre 12 y 14 años. Los delitos por los que deben purgar una pena es por robo con violencia, lesiones dolosas que pongan en peligro la vida o dejen alguna incapacidad en el perjudicado; por posesión, portación o fabricación de armas prohibidas, violación sexual, homicidio doloso o feminicidio.

Aunque en todo momento se dice que niños y adolescentes no tienen una noción exacta sobre el alcance de sus actos, en los tiempos actuales no se puede estar tan seguro de su inexperiencia, puesto que es la generación que tiene mayor acceso a la tecnología computacional interdisciplinaria, principalmente al internet, por lo que actúan con pleno conocimiento de causa.

Castigar a un asesino o a un feminicida con un máximo de cinco años, sólo porque es un adolescente, resulta difícil de admitir para los familiares o conocidos de la víctima, máxime cuando los allegados los arropan y al salir de prisión festinan su regreso, lo que en ocasiones se convierte en un círculo vicioso de venganzas.

Un problema que podría surgir con esta benevolencia es que el crimen organizado utilice a jovencitos como sicarios o “corredores” de droga, ya que pueden actuar como cualquier adulto y si son aprehendidos estarán a lo sumo cinco años en la cárcel, en cambio si es un adulto el que comete el delito podría ser de 15, 20 o más años.

CONTRA LA ILEGALIDAD

Los abogados colegiados reiteran que defenderán los derechos de los automovilistas que son perjudicados por la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente (Proespa), al incautarles el vehículo por supuestamente ser contaminantes o no contar con el holograma de verificación.

El licenciado Fernando Amador Macías sostuvo que los retenes que instala la Proespa son “ilegales y recaudatorios”, al imponer condiciones que están más allá de la ley, con el único fin de que paguen una multa, para ello envían la unidad al “corralón” a manera de obligar al ciudadano a que cubra la sanción.

Lo que hacen los jurisconsultos es promover acciones legales para evitar que continúen los operativos que tienen lugar en cualquier punto del estado, no obstante que en la dependencia alegan su apego al reglamento ambiental, cuando lo único que pretende es obtener recursos.

Lo aceptable es que si alguien no ha llevado su unidad a la verificación, o sea ostensible la contaminación, que se le envíe un apercibimiento o sanción, sin que se recoja el vehículo, ya que esto provoca una serie de problemas para el perjudicado, principalmente de actividad diaria y en sus traslados, inclusive como instrumento de trabajo.

Es indudable que se debe cuidar la calidad del aire, pero que no sea con medidas punibles, utilizando el brazo de la ley para dejar a pie a quienes dependen del carro para trabajar, con lo que dejan de obtener los recursos para su sustento y menos van a tener para pagar la multa.

Se ha podido observar que los más afectados son las empresas que tienen flotillas de unidades con cierta antigüedad, lo que al detener una o varias camionetas o camiones, trastocan la función que desempeñan y con ello impacta a la economía.

Para enfrentar este problema se planteó la defensa de todos los automovilistas que se acerquen a ellos, con la seguridad de que podrán ganar el juicio ya que tienen de su lado la transgresión en que incurre la Procuraduría del Medio Ambiente.

SUPLANTA LA FUNCIÓN

Aunque existe una empresa que tiene concesionado el servicio de agua potable y alcantarillado de la ciudad capital, la autoridad municipal invierte en la red, atiende los reclamos de los ciudadanos, analiza los daños que resiente la infraestructura por robos y daños por las lluvias, etc., hecho que sin duda resulta sumamente cómodo para la empresa francesa, que sólo tiene que preocuparse por hacer el cobro a los casi 300 mil usuarios.

De acuerdo con lo que expresó el director de la Comisión “Ciudadana” de Agua Potable, Refugio Muñoz, están por entrar en funcionamiento 16 nuevos pozos y al mismo tiempo “se hacen revisiones en el tema comercial para que las facturaciones no vengan desfasadas y que causen inconformidades en la población”.

En relación con los sabotajes a la red hidráulica en la pasada contienda electoral, dijo que “milagrosamente se terminaron cuando acabaron las campañas, aunque se logró detener a tres presuntos responsables de las afectaciones causadas a los pozos municipales, y la denuncia continúa presentada ante la Fiscalía, que mantiene la investigación”.

Lamentó que las afectaciones a los pozos representara un costo de tres millones de pesos, que se gastaron en la reparación de los mismos y así volvieran a entrar en operación y en lo que se refiere a la lluvias CCAPAMA recibe un promedio de 50 a 80 reportes ciudadanos por los problemas que genera, considerándose que los lugres que más se inundan son porque las alcantarillas se encuentran tapadas, especialmente en torno a los tianguis donde se tira la basura en la vía pública, encontrándose en los desagües animales muertos, sillones “y cosas que la gente ni se imagina, por lo que si la ciudadanía quiere que no se le tape el drenaje entonces no debe dejar basura afuera de los lugares autorizados como son los contenedores”.

Lo que no mencionó Refugio Muñoz fue lo tardío del desazolve, al llevar a cabo esta tarea cuando ya estaba en plena vigencia el temporal de lluvias y que en ocasiones se hizo en zonas inundadas, cuando debió hacerse con semanas de antelación a la época, con lo cual los daños pudieron ser menores.

Por otra parte, manifestó que “por ningún motivo” se permite el corte del servicio de agua potable a la población, incluidos los morosos, a quienes se les pide constantemente que se registren en un programa de regularización, lo que no comentó fue que no se suspende la atención pero sí se restringe al máximo el fluido. También omitió informar si en algún momento se ha pensado en imponer una sanción a la concesionaria por la falta del servicio en diversos lugares y que se ampliaría conforme tarde en reinstalar esta obligación. Las quejas son diarias en casi todos los medios de comunicación radiofónicos y escritos, llegándose el caso que falte por días o semanas.