Estas fechas son ideales para que los candidatos a diputados federales y sus partidos analicen los programas de campaña y asuman el compromiso de hablar y actuar con sinceridad, que los acuerdos y compromisos con los ciudadanos sean únicamente aquellos que puedan cumplir y ante todo, se obliguen a ser respetuosos con el adversario, lo que permitirá cumplir el proceso con orden, sinceridad, decoro y mesura.
Si su propósito es motivar para que el 7 de junio sea de cosecha abundante de votos, tienen que empezar por su comportamiento. Las condiciones en que entrarán no son las óptimas, teniéndose en cuenta que hay varios asuntos políticos y gubernamentales que no se han resuelto, por lo que los electores exigirán que expresen planes de solución que vayan más allá de exhibir a los culpables y pretender “colgarse” de eso para obtener el triunfo.
Deben meditar que la gente está cansada de escuchar el discurso de ataques y disculpas, de juramentos huecos y la retahíla de palabras que nada significan, por el contrario, quieren notar algo distinto, de una disertación fresca, alejada totalmente de la perorata y el exceso de datos que pocos entienden.
Que si la economía es adversa, saber qué harán para que mejore, puesto que los diputados tienen el poder de encausar las finanzas nacionales, y por añadidura, una vez que se reoriente el gasto público, instrumenten medidas que generen condiciones para elevar el empleo y reducir el hambre, y en materia de seguridad, qué harán para atender este reclamo:
El periodo de penúltimo receso (el último será los tres últimos días, previos a la jornada electoral), invita a repensar que más allá de colores, siglas, fobias y filas, está el futuro de México, que se comprenda que los mexicanos son hermanos, y que cabalmente se puede pensar distinto, pero por encima de todo está la sociedad.
El domingo próximo inician las campañas y para entonces deben tener la claridad suficiente de lo que harán en los dos meses que durarán, teniendo en cuenta que llevan a cuestas la reprobación ciudadana por el abuso con los mensajes de los diez partidos, de los organismos electorales y en lo sucesivo de los propios candidatos. En estas condiciones no será fácil persuadir a los ciudadanos, por lo que de sus alocuciones y los actos que encabecen dependerá captar el apoyo.
La misma meditación cabe para los actuales legisladores, que aun cuando concluyen su comisión el 31 de agosto, tienen demasiadas iniciativas en cartera, por lo que deben acelerar el paso en estos cinco meses fortaleciendo los acuerdos que lleven a un ambiente de calma en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Es el último impulso, el que puede marcar lo que hicieron en los tres años, por lo que deben concentrarse en lograr la mayor productividad posible.
Esperar el mayor esfuerzo de los que están y quienes quieren llegar no es mucho pedir y ante todo tengan en cuenta que las condiciones actuales son distintas que en el pasado reciente, puesto que hoy tienen encima la lupa ciudadana, que a través de distintos medios expresa libremente su pensamiento.

TALANTES ETERNOS

Seguramente que si el niño del pasaje bíblico que vendía pescados entre la multitud que seguía a Jesús, hubiera vivido en este tiempo, los comerciantes establecidos le habrían echado montón, acusándolo de no pagar un solo denario de impuestos y ser un competidor desleal, además de llevar ante los tribunales romanos a sus padres por explotación infantil.
Lo cierto es que desde hace más de dos mil años existía el ambulantaje y al igual que entonces, deriva de la necesidad de ganarse la vida mediante una acción que la legislación actual adecuó para hacer que el trabajo de los informales fuera ilícito, por lo que se han inventado toda clase de delitos para apresar a los detallistas e incautar su mercancía.
En esta lucha por desaparecerlos se emitió el martes pasado un comunicado que pudo haber hecho la Cámara de Comercio de cualquier ciudad de la República: “(Se) exhorta a las autoridades del Ayuntamiento de Guadalajara hacer cumplir el reglamento de forma estricta y sin titubeos, retirando a todos aquellos comerciantes informales con productos ilegales y piratas que continúan vendiendo sus productos. Le pedimos a la sociedad de manera respetuosa (que) no compre mercancía y/o productos ilegales ni piratería. Al hacerlo se fomenta la corrupción y dejan de generarse mayores empleos. Consuman en lugares establecidos y apoyen al comercio organizado”.
Además del escrito, los directivos de la Canaco hicieron un recorrido por la zona centro de la capital jalisciense, detectando riesgos “en puestos mal instalados, cables eléctricos sin protección, tanques de gas y carbón encendido, por lo que también solicitaron la intervención de autoridades de Protección Civil”.
Son las mismas quejas que se presentan en la ciudad de Aguascalientes, acompañadas de fotografías por el número de vendedores en las tres primeras cuadras de la calle Juárez y sobre la calle Allende, además de exigir una limpieza total en la Plaza de Armas y zona aledaña.
Afirman los establecidos que registran enormes pérdidas por esta situación, considerando que se permite el “desorden comercial” porque políticamente conviene a las autoridades municipales, por lo que acusan que los gobiernos priistas y panistas actúan igual, al permitir a los informales para asegurarse cierta cantidad de votos; sin embargo, aquí y en otras partes del país se niegan a aceptar que en ellos está la solución de lograr que los compradores prefieran su mercancía, lo que pueden hacer mediante la oferta unificada de todos los negocios y con campañas intensas de programación y proyección, todo ello como parte de la mercadotecnia que debe hacer para alcanzar mejores resultados.

SOLAPAN LA INJUSTICIA

Los inscritos ante la banca comercial conocen cuáles son los derechos y obligaciones que toman y de lo que son capaces las instituciones con tal de cobrar cualquier tipo de adeudo, así sea de unos cuantos pesos, que además tienen a su alcance distintos métodos para perseguir al insolvente hasta que lo atrapan.
Por lo anterior, resulta inexplicable que no puedan encontrar a los beneficiarios de las personas que fallecen y dejan una cuenta, la cual, al no ser reclamada pasa a la beneficencia pública, al igual de una cuenta de ahorro que después de tres años no haya tenido un movimiento, sea por retiro o depósito.
Lo anterior se apega a los cambios al Artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, en vigor desde febrero de 2008, que establece, entre otras cosas, que las cuentas con un monto inferior a 300 días de salario mínimo (alrededor de 20 mil pesos), que se renuevan de forma automática, sin que se realice algún movimiento en ellas como un depósito o retiro, tienen un plazo de tres años para que su dinero no se trasfiera a una “cuenta concentradora”, sin posibilidad de ser reclamado.
Ignacio Villanueva Chávez, subdelegado de la Condusef (Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros), declaró que alguien que abra una cuenta de ahorro o de inversión, debe informar a quienes designe como beneficiarios o a alguien de su confianza de ese trámite, que incluso entregue una copia a una persona de la familia, para que en caso de que llegue a fallecer pueda ser reclamado el dinero o la póliza de seguro.
Hasta ahí los pasos que pueden dar esas personas, lo que sale del guión es la actitud que adoptan los bancos y en su momento respaldados por los diputados federales, al aprobar la reforma al citado Artículo 61, porque de la misma manera que hostigan a los atrasados en los pagos y hasta quienes aparecen como “referencias personales”, pueden avisar a quienes no mueven sus cuentas que tienen un plazo para hacerlo, o comunicar a los beneficiarios del fallecido el trámite que deben realizar para cobrar lo que está a su nombre.
No pueden aducir que les resulta imposible puesto que tienen un registro de domicilios y teléfonos, por consiguiente, queda en los próximos legisladores hacer los cambios que sean necesarios para acabar con esa inmoralidad.

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