RODRIGO ÁVALOS ARIZMENDI

Hoy quiero comentarle sobre las protestas de los grupos de personas afines a los padres de familia de los jóvenes desaparecidos, y al parecer todos ellos muertos, en Iguala; para analizar un poco en donde quedó otra desaparición, porque en este país, además de los jóvenes de Ayotzinapa, ya desapareció la lógica. La lógica de entender las cosas como las cosas parecen ser, pero resulta que nunca son lo que parecen y que quienes tienen un cargo, una responsabilidad, pues tampoco la practican como se supone que la deberían practicar. Vivimos en el conflicto entre lo que es y lo que debe ser. Pero después se aparece lo que parece que es, y entonces en ese juego de cuestiones absurdas e incomprensibles yo formo parte de los muchos que no entienden. Por ejemplo, yo no entiendo porque tiene que haber una constante actividad de protesta que no tiene nada que ver con quienes directamente son los responsables de los hechos. Por ejemplo, ¿Qué caso tiene ir a protestar al municipio en donde está la escuela de Ayotzinapa, si los hechos ocurrieron a muchos kilómetros de ahí? Estaba más cerca de Chilpancingo que de Iguala el lugar de los hechos, a 4 ó 6 horas de Ayotzinapa. También fueron a los E.U. donde no tienen nada que ver con lo que pasó en Iguala, ni lo que pasó en México siquiera. Pero se trata de desarrollar un activismo que impida la extinción del interés por una causa política. Es comprensible, se entiende que quienes han encontrado una veta de aprovechamiento político vayan y sigan cavando hasta que saquen todo el mineral que la veta tiene. Se comprende. No se sabe exactamente como están financiando ese costoso movimiento de mover gente a los E.U. a hacer caravanas por las ciudades americanas, con el dólar a más de 15 pesos, pero ese es problema de ellos o de quienes están financiando. Eso también es comprensible. Pero empezamos a ver cosas incomprensibles, como por ejemplo la demanda central: “vivos se los llevaron, vivos los queremos”, no importa cuántos peritajes haya en Austria, en México, etc. No importa que ahora la Procuraduría esté en manos de otra persona. No importa que la verdad oficial no sea creíble en términos científicos, simplemente no es creíble en términos políticos y con eso es suficiente. Pero lo que es increíble es, por ejemplo, lo que dice Vidulfo Rosales, abogado, representante y vocero de los padres de los 43 normalistas, él dice: “Los muchachos iban a protestar, tomaron unos autobuses y la policía no los dejó pasar. ¡Policía represora!”. Reprimir a quien se roba un camión es un pecado capital, es un delito de lesa humanidad. Robarse el camión no es un delito. Es el sano ejercicio de la capacidad de protesta. Es la libertad de expresión. Ya ve usted que ahora la libertad de expresión está por todos lados. Alguien se roba un autobús para ir a un mitin y no está actuando en materia delictiva. Está actuando a favor de la expresión libérrima que va a ir a exponer al mitin al que no le deja pasar la policía, porque la policía está violando su humano derecho de asistir a protestar.

En ese torcimiento de la lógica, en esa trenza de lo absurdo, no hay más que una respuesta por parte de la autoridad. Se habían robado una pipa, aparentemente con 50 mil litros de diesel. ¿Se imagina usted? Sería la bomba molotov más grande del mundo. Prenderle fuego a la pipa y aventarla contra lo que quieran. Volarían la mitad de la ciudad de Tixtla. Obviamente no lo hicieron, pero lo pudieron haber hecho si hubieran querido. Muchas cosas no las hacen porque no quieren. No porque alguien se los impida.

La policía dijo: “Nosotros cuando vimos que ya venían, nos replegamos y nos resguardamos porque no vamos a caer en la provocación”. Por lo tanto, imponer el orden es imposible; que la policía se esconda, es posible. Y uno dice: ¿En qué mundo vivimos? Donde las llamas les imponen condiciones a los bomberos, y los leones se comen a los domadores. ¡Pues vivimos en México! El país en donde el absurdo se convierte en la costumbre, y de acuerdo con eso que dicen los juristas, las costumbres se hacen leyes por el mecanismo de la interata consuetudo, lo consuetudinario sustituye a la ley escrita, y como en Guerrero lo consuetudinario ya es la norma, vamos a regresar al sistema antiguo de los usos, las costumbres, “pero nomas las mías, las que yo estoy imponiendo a partir de la mitología del martirio colectivo”.

¿Todo lo anterior para que está sirviendo? Pues para administrar los otros absurdos; se negocia, se paga. Se van negociando las protestas y entonces se van pervirtiendo las finalidades.

Y esa es la forma como en México las causas políticas se convierten en las industrias políticas. Y después vamos a ver muy pronto a Vidulfo Rosales en la cámara de diputados. No tarda mucho. Como vimos a aquel hombre de Oaxaca, de cuyo nombre no quiero acordarme, pero que le decían “El demonio de Tasmania”, que salió del reclusorio del Altiplano ¡para ir al congreso local de Oaxaca! Y después se quejan de lo que les hacen los maestros de Oaxaca, los de la APO y todos a los gobiernos estatales como al de Guerrero y como en cierto momento a los de Michoacán. Esa es la lógica, o la ilógica, de la política mexicana.

Lo que a mí me ha preocupado a partir de la lectura de los diarios y de las informaciones que he recibido por otra parte, es este brote que hay en el estado de Guerrero en el que estamos viendo la vigencia, al parecer interminable, de los poderes, llamémosles informales, fácticos o simplemente los poderes reales en Guerrero contra los poderes institucionales, o las apariencias institucionales del poder. La principal apariencia institucional del poder en Guerrero es el gobierno del estado que es realmente una caricatura. Pero esa caricatura tiene hoy un punto de relación muy interesante con lo que acaban de hacer los padres de estos jóvenes desaparecidos y muertos, porque la verdad oficial, la única verdad que puede tener valor institucional es que están muertos y su ausencia lo confirma, pero la estrategia política obliga a decir que están desaparecidos de manera forzada para que se configure un delito de lesa humanidad que no prescribe y permite la vigencia de la protesta y la justificación de las movilizaciones políticas.

Hace algunos meses, cuando Ortega llegó al gobierno del estado de Guerrero, dijo que podía convertirse en un intermediario para localizar a los desaparecidos; hoy los padres buscan otros intermediarios que los auxilien en la búsqueda de sus hijos, pero esos intermediarios son precisamente los narcotraficantes del grupo de los Rojos a quienes se había acusado de haberse infiltrado en la organización estudiantil de Ayotzinapa.

La historia es de una enorme complejidad, y todos conocemos cual es el tejido de las cosas. Había al parecer dos grupos en pugna: Los Guerreros y los Rojos, y que por la disputa del territorio y del tráfico de la heroína, que ahora se produce mucho en Guerrero, estaban utilizando la capacidad de movilización política y social de los jóvenes de Ayotzinapa en contubernio con el director de la Escuela Normal Superior para disimular la militancia de los narcotraficantes infiltrados con los grupos estudiantiles y viceversa. Esa explicación fue rápidamente desechada por el propio Procurador Murillo Karam cuando todavía podía intervenir en este asunto, y dijo: “No hemos acusado nunca a ninguno de los jóvenes de formar parte del crimen organizado”. Pero hoy los padres de esos jóvenes le piden al crimen organizado que intervenga, y se lo piden en el nombre de algo muy relevante, dicen: “Que nos ayuden a dar con el paradero de nuestros hijos, porque este mal gobierno no ha sido serio, nos ha mentido, nos ha engañado”.

Eso quiere decir que las familias de los jóvenes de Ayotzinapa confían más en los poderes de investigación del narcotráfico que en los poderes de investigación y procuración de justicia del gobierno, lo cual no tendría nada de extraordinario si se considera que toda la estructura de la gente de Ayotzinapa es una estructura permanente contestataria y de rebeldía encaminada durante muchos años a los movimientos sociales extremistas alguna vez ubicados en la franja de la guerrilla, de cuya historia todos tenemos conocimiento. Por ello se vuelven a trazar dos paralelas: la guerrilla y la guerra sucia, que fue un gran tema de la vida mexicana, y ahora los movimientos sociales y la represión neo priísta asociada con el crimen organizado, a pesar de que el gobierno federal no haya tenido absolutamente nada que ver en esto. La represión neo priísta es la prolongación de la guerra sucia, ese es el discurso de esta izquierda radical.

En Guerrero se ha disuelto la institucionalidad. Los candidatos al gobierno, si es que puede haber elecciones, o las hay de una manera restringida o acotada, andan blindados con la policía federal preventiva, todos andan custodiados- Walton, Astudillo, Nogueda, Beatriz Mujica, etc.- Todos ellos necesitan andar vigilados porque no se sabe de qué lado va a caer la acción violenta. Hoy a plena luz del día puede haber una gran convocatoria para una alianza político social con el narcotráfico y nadie dice nada, ni la policía federal preventiva ni la Procuraduría General de la República, nadie. En estas condiciones ¿cómo puede creer uno en el discurso redentor de la democracia electoral?

El estado guerrerense sigue siendo un territorio anárquico, desprotegido, en manos de los verdaderos poderes, los poderes fácticos, legales o ilegales, ese matiz ya no importa a nadie, lo único que importa es ver que la institucionalidad constitucional de este país, en Guerrero, no está operando, y eso es muy peligroso.

 

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