Diana Gante
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Las centrales de CFE que están en proceso de licitación enfrentan otros riesgos, además de la capacidad de pago, que ponen en duda su futuro, identificaron participantes y expertos.
La posibilidad de obtener permisos, acceso a recursos como combustibles o agua, cambios en la operación de mercado y que la energía pueda ser despachada son otros temas identificados en las juntas de aclaraciones de los proyectos.
Ayer, REFORMA publicó que los participantes de las licitaciones de CFE, así como calificadoras y un banco en EU dudan de la capacidad financiera de la estatal para desarrollar las nuevas plantas.
“¿Resultaría posible incluir en la definición de caso fortuito o fuerza mayor la imposibilidad de obtener combustible, agua, energía, capacidad de transmisión y otros productos por actos o hechos no imputables a cualquiera de las partes del contrato, incluyendo sin limitarse por la existencia de un cambio en la legislación aplicable?”, fue una duda de una empresa no identificada en el documento.
“¿Resultaría posible incluir alguna definición como cambio en la legislación aplicable con el objeto de que su actualización pueda ser considerado un evento de caso fortuito o fuerza mayor en términos y para los efectos del contrato?”, cuestionó otra firma tampoco identificada.
En respuesta, CFE dijo que no era aceptada la solicitud de información de los participantes.
Rosanety Barrios, especialista el sector energético, explicó que el esquema por el que CFE puede comprar nueva energía es el de subastas, y ninguna de las nuevas centrales entra bajo tal supuesto, por lo que se corre el riesgo de que si se concluyen los proyectos no puedan entregar su energía.
“Al tener todo suspendido, el marco legal que aplica la CFE para efectos de la compra de la energía es lo establecido en la ley de 2013 que es por subastas.
“(Pero) eso complica muchísimo el financiamiento de esas nuevas centrales, ya que se corre el enorme riesgo de que no se puedan despachar y que la CFE no pueda comprar la energía que de ellas provengan, entonces en algún momento será dinero tirado a la basura”, apuntó.
La Administración intentó modificar la Ley de Industria Eléctrica para establecer contratos de entrega física. También emitió un acuerdo desde la CRE para que las nuevas centrales se consideren parte del esquema legado, previo a la reforma de 2013, pero las acciones han sido impugnadas por participantes del mercado y están suspendidas por el Poder Judicial.