Entre más se tarden los responsables en tomar las decisiones, más difícil será solucionar el problema del agua. Que nadie se sorprenda de lo que pueda ocurrir en pocos años y lo que se deberá a la desidia de administraciones estatales y municipales, que desde la década de los 80 del siglo pasado debieron dar los pasos necesarios para evitar que Aguascalientes se encuentre hoy cercano a la más grave crisis social que se tenga memoria.

De manera inexorable se avanza hacia una calamidad hídrica, donde el pasado y el presente se funden por la actitud indolente con que se ha actuado, al ver y dejar pasar el problema.

En su tiempo como titular de Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado, el maestro en urbanismo Óscar Augusto López Velarde Vega planteó la necesidad de crear una ciudad alterna que podría estar entre los municipios de Pabellón de Arteaga y Rincón de Romos. De las razones que presentó fue que Aguascalientes capital crecía con una rapidez que si no se tomaban las providencias necesarias llegaría el día en que fuera muy difícil dotar de los servicios públicos a toda la población, particularmente de agua potable ante el descenso de los mantos freáticos.

Desafortunadamente es una situación que está cerca de materializarse, ya que entonces, como ahora, no se asumen los riesgos que pueda haber ante una dimensión de esa naturaleza. De haberse hecho la desconcentración entonces, actualmente se estaría en mejores condiciones y se evitaría que la ciudad siga creciendo ilimitadamente.

El encabezado que publicó El Heraldo ayer (“Crecerá ciudad 20 colonias en el año” y como subtítulo “Imparable expansión de la mancha urbana”) no deja lugar a dudas que habrá más dificultades en la atención de los servicios públicos, principalmente de agua, vigilancia y seguridad y recolección de basura, que son temas torales de la vida en común.

De manera paralela es insistente que las nuevas edificaciones sean de tipo vertical, con lo que supuestamente habría un mejor uso del suelo, sin embargo podrá haber viviendas dúplex, triples o multifamiliares, pero eso no reduce el número de familias que requieran atención de los gobiernos estatal y municipal.

Para solucionar el asunto del agua se han aportado diversas medidas y dos de ellas son trasladar agua de la presa Plutarco Elías Calles o de Juchipila, Zac., ambas con una inversión muy alta y que además el ayuntamiento local requería la participación de la Federación y el estado.

El presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Aguascalientes, Filemón Medina Silva, ve poco factible el proyecto de traer el líquido desde Juchipila, que en primera instancia puede enfrentar la negativa de los habitantes de ese municipio a ceder el agua, tal como ocurre actualmente en Montemorelos, Nuevo León. Consideró que debe analizarse detenidamente ese propósito, ya que para su cumplimiento deberán invertirse 20 mil millones de pesos y a final de cuentas, por la posible actitud que asuman los vecinos del municipio zacatecano, no podrá concretarse.

La solución puede estar aquí, precisó Medina Silva, de entrada se deben corregir las fallas que hay en la red de agua potable y alcantarillado de la ciudad, asimismo utilizar aguas tratadas y tercero recurrir a las presas Elías Calles y Abelardo L. Rodríguez y de manera paralela ver que los ejidatarios de varios municipios utilicen para el riego agua tratada.

Para hacer realidad lo anterior, el Colegio de Ingenieros está a la espera que inicie la nueva administración estatal y volver a presentar el proyecto que ya fue platicado con la gobernadora electa, con la seguridad de que “sí podemos utilizar los mismos recursos del Estado para no comprometernos en un proyecto muy riesgoso como el de Juchipila”.

Independientemente de lo anterior, no estaría por demás que el nuevo gobierno le dé una desempolvada al proyecto de Óscar López Velarde y considerar la posibilidad que se lleve a cabo, o al menos dejarlo avanzado para que quien venga después lo concluya.

ASEGURAMIENTO FLEXIBLE

Desde dos ángulos se debe observar la protección vehicular, por una parte la obligación que tienen los propietarios de automotores de asegurarlos y por otra la respuesta que encuentran de las aseguradoras cuando se ven inmersos en un accidente.

En la reciente visita a esta ciudad el presidente de la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas, Gerardo de la Garza Ramírez, afirmó que hay “miedo” de las autoridades para aplicar la ley y que todos los automovilistas cuentan con un seguro de responsabilidad civil y ese temor, apuntó, se debe a que es “una medida impopular y que les puede restar votos en las elecciones”.

A nivel nacional existe dicha legislación, pero “lamentablemente la autoridad no la ejerce, hasta el momento no conozco a nadie que lo multen por no traer el seguro, pero la Guardia Nacional puede exigirlo”.

A nivel nacional hay avances, es el caso de Querétaro que ocupa el primer lugar en aseguramiento, con el 67%, Ciudad de México 66% y Nuevo León 61%, “pero esto es más de conciencia social. En el caso de Aguascalientes dijo que de un parque vehicular aproximado de 800 mil unidades, “solamente el 42% está asegurado”, asimismo de acuerdo a la estadística de siniestros al 31 de diciembre de 2021, hubo 583 vehículos robados asegurados, lo que significó un incremento de 20% en relación con 2020.

El directivo afirmó que el gasto promedio de un accidente es de 18 mil pesos pero puede llegar a un millón de pesos. De la dramatización que hizo, mencionó que los llamados golpes lamineros generalmente se dan en un crucero. “La persona o los familiares que se llevan los 5, 10 mil o 15 mil pesos, pero lo delicado es que los seguros no son para lo chiquito, sino es para proteger de lo que te puede llevar a la pobreza de manera inmediata, que tu papá se muera cuando es el sostén de la familia, que te enfermes y tengas que vender tu casa para salvar tu riñón, que atropelles a alguien, o choques, o te vayas a la cárcel por daños y tengas que hipotecar la casa por un millón de pesos para sacarte de la cárcel”.

En suma, el seguro es el ábrete sésamo en caso de un problema de esas características, pero lo que no mencionan dichos empresarios es que ellos ponen y aplican las reglas a las que deben sujetarse los ciudadanos que acuden a sus servicios, por lo que basta con que no hayan acatado una de ellas para que no se les pague lo correspondiente. Por ejemplo, al hacer un reclamo por siniestro, la compañía rechaza el pago por no haber asegurado las mercancías; no empaquetarlas, empacarlas o encajonarlas de manera correcta y por no seguir las instrucciones de la asegurada de manera correcta.

Para reclamar el pago del seguro, por ejemplo en el caso de seguro de mercancías, se debe presentar ante la aseguradora la factura comercial, carta porte, certificado de seguro, carta reclamo, documento de recibo, lista de empaque, y según sea el caso cualquier otro documento o información adicional que la aseguradora solicite. Si falta alguno de estos documentos no se hará válido el seguro, como tampoco si se pasó un día en hacer la revalidación. En el caso de los vehículos particulares se rechaza la solicitud si en un accidente el conductor no era la persona que tenía el seguro.

Sí, se cumple en toda la extensión la política del azadón.

SOBRECUPO EN LOS CERESOS

De siempre negado, finalmente salió a relucir que sí hay sobrepoblación en los Ceresos de Aguascalientes, como así lo acreditan los resultados de los Censos Nacionales de Sistemas Penitenciarios en el medio nacional y local. El Inegi dio a conocer que Aguascalientes registra cinco centros de detención estatal y para adolescentes, con 1,960 camas útiles y con una ocupación de 1053%, lo que significa que varios internos duermen en el suelo. El presupuesto que se ejerció entre el año pasado y 2022 fue de 47.5 millones de pesos. Durante el tiempo que estuvo como secretario de Seguridad Pública del Estado, Porfirio Sánchez Mendoza aseguró que en los Ceresos no había apresados de más, planteamiento que ahora se echa por tierra, luego de que fue detenido el 2 de febrero de 2022 y traslado a la capital del país, acusado de haber ejercido, presuntamente, delito de tortura y abuso de autoridad en su tiempo dentro de la Agencia Federal de Investigación.