Tras la despenalización del aborto por la Corte y las reacciones de los grupos que defienden la vida desde la concepción y los que están a favor de terminar con el embarazo, la diputada Karina Banda Iglesias consideró que es momento de dejar de ver a la mujer como objeto de política pública y politiquería.
Consideró que grupos feministas han utilizado a la mujer en los proyectos, opiniones y corrientes de pensamiento ideológico, pero sin sustento científico, estadístico, y además, tampoco resuelve un problema social, como es el tema del aborto, “al contrario, ha provocado problemas que impiden el verdadero crecimiento y el libre ejercicio de su personalidad, sumiéndola en un vacío y una soledad.
Resaltó que el derecho a la vida es el principal y fundamental derecho humano que debería ser defendido, “puesto que sin éste los demás no tienen razón de ser, de ahí que las características de los derechos humanos sean la universalidad, la interdependencia y la progresividad”.
En este tenor, refirió que según el dato actualizado de agosto de 2021 del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el 95% de las personas que se encuentran purgando una pena privativa de la libertad por el delito de aborto son hombres que violentaron a su pareja y le provocaron el aborto con violencia extrema, y son mínimos los casos de mujeres que tomaron esa decisión las que se encuentran en esa situación.
Además, resaltó que en la Ciudad de México, la política pública de permitir el aborto asistido a las mujeres que lo soliciten, misma que ahora es ley, no ha bajado el índice de mortandad, por el contrario, “el aborto, al ser un sistema de interrupción legal del embarazo, es invasivo y no se cuenta con indicadores o cuantificadores que aporten si ha bajado el índice de embarazos o bien se incrementó la mortandad de las personas que llevan a cabo estos procedimientos”.
Ante esta situación, Karina Banda consideró que más que despenalizar el aborto a quienes toman esa decisión con plena libertad, debería conmutarse la pena y a las mujeres a las que se resuelva responsable del delito, en lugar de prisión se le envíe a rehabilitación con profesionales de la salud en materia multidisciplinaria, de manera que permita un bienestar a su cuerpo, tras haber sido sometido al embate de un procedimiento invasivo.