Sólo los municipios de Jesús María y Pabellón de Arteaga avalaron la reforma constitucional y la Ley de Desarrollo Social diseñada para garantizar alimentación de la población. El resto de los municipios no envió al Congreso del Estado las constancias de aprobación por escrito, pero tampoco lo hicieron para rechazar la iniciativa y en consecuencia, su aceptación fue implícita.

De esta manera se adicionó un octavo párrafo al Artículo 4to de la Constitución Política del Estado, para establecer que todas las personas tienen derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado garantizará el acceso a los programas y acciones públicas en la materia.

También en el artículo se detalla que “toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo; asimismo, a la cultura, atendiendo a la diversidad de todas sus manifestaciones”. Se contempla además, el derecho a la protección de la salud, con la participación del Estado y municipios, en la materia.

En cuanto a la reforma al artículo 35 de la Ley para el Desarrollo Social para el Estado. La dependencia del ramo debe crear los programas y acciones públicas para garantizar la alimentación de la población y nutrición materno-infantil.

Se establece además la producción de alimentos para autoconsumo, con la operación de los huertos familiares, comunitarios y escolares. Se estableció un plazo de seis meses para el cumplimiento de los objetivos citados.