Aunque estaban con un pie en el estribo, los miembros de la LXII Legislatura de Aguascalientes les temblaron las corvas para prescindir del famoso fuero, por lo que la única opción que dejan es que sus sucesores se aboquen a eliminar esta deformación legal.
Es un asunto que de siempre ha estado en la vida de los ciudadanos, que no se explican porqué los diputados y funcionarios públicos de diverso nivel, al utilizar esta prerrogativa, pueden salvarse de ser aprehendidos, no obstante que hayan cometido una falta o un delito que amerite presentarlos ante un juez, así sea el de barandilla.
En el poco tiempo que estará en el encargo, la LXIII Legislatura puede presentar otra vez la iniciativa correspondiente y aprobarla, lo que podría ser uno de sus mayores legados, por haber sido la única que tuvo los arrestos necesarios para atender un antiguo reclamo social.
El fuero constitucional quedó establecido en defensa de los legisladores, al ser inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de su cargo, y nunca podrán ser reconvenidos por ello, sin embargo, este derecho ha llegado al extremo que ni siquiera puedan ser presentados ante una autoridad no obstante que sean sorprendidos en flagrancia.
La inmunidad la han convertido en impunidad y es lo que la sociedad reprueba, ya que la excepción genera abusos que rayan en la ofensa colectiva, dado que incluso sólo pueden ser juzgados hasta después de un proceso interno que permita despojarlos del cargo que ostentan, lo que generalmente se lleva meses y en ocasiones se deja “para después”; termina el periodo constitucional y no se hizo, como tampoco cuando vuelven a ser uno más de los mortales.
De lo anterior hubo quienes debieron ser consignados por invasión de una propiedad particular, venta ilegal de terrenos y fraude, pero al ser miembros de partidos de “izquierda”, a lo más que se llegó fue a exhibirlos, lo que no obstó para que uno de ellos pasara de diputado a regidor y socarronamente esperara a que todo quedara en el olvido. Otro chocó su vehículo y, aunque fue el responsable, “charoleó” para no ser detenido.
En teoría, cuando hay una responsabilidad civil o penal, los particulares pueden demandarlos y exigir la reparación del daño, pero en la práctica es tan tortuoso el procedimiento que termina por cansar al perjudicado y abandona el caso.
Si de manera reiterada se afirma que no debe haber excepciones y menos mexicanos de primera y de segunda, es el momento de demostrarlo eliminando el fuero, tarea que deben acometer los nuevos legisladores. Hay que eliminar del artículo 75 de la Constitución Política del Estado ese privilegio, que se aplica a los diputados locales, al gobernador, al secretario de gobierno, los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, los miembros del Consejo de la Judicatura, del Poder Judicial, el fiscal del Estado, miembros de los cabildos (presidente municipal, regidores y síndicos), el Consejo General del Instituto Estatal Electoral, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el comisionado presidente y los comisionados ciudadanos del Instituto de Transparencia del Estado.
Aunque los únicos que han recurrido al fuero para cometer tropelías son algunos diputados, la lista tan extensa de favorecidos es una tentación que la pueden utilizar en algún momento, por lo que se requiere que no existan distinciones o preferencias.
Muy pronto se sabrá de qué madera están hechos los nuevos “defensores sociales” y hasta dónde son capaces de cumplir la palabra empeñada en campaña, de que sabrán ser fieles intérpretes de las demandas colectivas.
ENGAÑO FISCAL
Aguascalientes tiene un empresariado que cumple en tiempo y forma con sus obligaciones contributivas, sin que la Secretaría de Hacienda actúe de forma recíproca, principalmente en los renglones que debería hacerlo para fomentar la inversión y el empleo.
En este sentido, a decir del contador Carlos Hugo Maza Arévalo, sería importante que se pudiera deducir la parte de previsión social que se paga y que es un ingreso exento para el trabajador, pero lejos de ello, para 2017 los estímulos fiscales son simples ilusiones, al estar delineados para que la autoridad hacendaria continúe recibiendo recursos, aunque le sirve para propalar que “la política fiscal tiene rostro social”.
En el análisis que hizo del planteamiento económico se observan beneficios, como los llamados estímulos fiscales que buscan apoyar a grupos vulnerables, en función que cuando se contrata a este tipo de personas la autoridad premia a las empresas, al deducir ingresos o aplica contra impuestos parte de la inversión que se haga.
La realidad resulta muy distinta, al no serle rentable a las empresas el aprovechar estos estímulos fiscales, por ser una insignificancia lo que recibe, además de que no existe certeza jurídica, puesto que como en cualquier miscelánea fiscal, al siguiente año desaparece, lo que provoca que las firmas no puedan hacer una planeación fiscal a mediano y largo plazo.
Maza Arévalo aseveró que las empresas que apoyan a sus trabajadores lo hacen sin sacar provecho y sin alharaca. Está demostrado que hay patrones “muy solidarios con sus trabajadores y especialmente para con los grupos vulnerables, que lo hacen con o sin estímulos fiscales”.
Lo que ha podido detectar en el paquete del año próximo es que todo seguirá igual: “Hemos visto que, como el monto que pueden deducir es muy pequeño, las empresas no le toman interés, es como si la autoridad pretendiera que matemos moscas con una pistola, al final nos salen más caros los plomazos que el verdadero beneficio que se obtiene de esta parte de la política fiscal que en efecto, trae estímulos variados, pero no necesariamente son rentables para las empresas”.
La gran pregunta sería: ¿qué se requiere para que las empresas tengan un verdadero beneficio de la Ley de Ingresos?, la respuesta podría ser que antes de formular dicha legislación se invitara a este sector para que conociera su contenido y emitiera una opinión, y sobre todo que se tomaran en cuenta sus conceptos, con lo que habría un compromiso mutuo. Acabar con ese desequilibrio indudablemente que ayudaría a que exista una aportación fiscal más equitativa y solidaria.
FALTA SEGURIDAD
Como si fuera una letanía, los aguascalentenses no cesan de exigir seguridad para su persona y sus bienes, aunque los jefes policiacos sostienen que aquí no pasa nada, que todo está bajo control. La realidad está a la vista. Los asesinatos se incrementan en el estado y en sus límites, donde algunos ejecutados que presumiblemente son de aquí, pero lo mismo aparecen en comunidades de Zacatecas o de Jalisco, lo que es clara muestra que el crimen organizado sigue avanzando. Al mismo tiempo el hampa común sentó sus raíces en prácticamente toda la ciudad capital y a lo largo y ancho del estado, gracias a que los responsables pueden obtener su libertad de manera rápida apegándose al nuevo sistema de justicia. Existe un sentimiento social de indefensión y que se agudizó en los últimos tres años, debido a la ausencia de estrategias de vigilancia y prevención, por lo que hay hogares que se han convertido en verdaderos búnkeres al instalar protecciones metálicas en puertas y ventanas, que por otra parte se convierten en un peligro en caso de un incendio o de una fuga de gas, ya que todo está sellado para evitar que se introduzcan los maleantes, pero cuando la policía no hace su trabajo es la única manera de protegerse.
