Ante el incremento en los delitos de robo como principal incidencia en el estado, seguido por los que atentan contra la salud y en tercer sitio el de violencia familiar que se disparó en meses pasados, como consecuencia del confinamiento obligado por COVID-19, también se han integrado más carpetas digitales de orden penal.

Esto lo dio a conocer la magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Gabriela Espinosa Castorena, quien resaltó que por lo que se refiere a la materia penal, se ha incrementado el número de solicitudes de audiencias por parte de la Fiscalía General del Estado, dado que ha habido más casos que se han tenido que judicializar.

Ante esto, es que el año pasado se tuvo la necesidad de nombrar un juez de oralidad penal, en lo que el Consejo de la Judicatura se abocó, primero en abrir la convocatoria respectiva y hacer el concurso respectivo, “se tuvo que nombrar un nuevo juez, para que se pueda atender la carga de trabajo que se está teniendo en la materia oral penal”.

De acuerdo a las carpetas de investigación turnadas al juez de oralidad penal, el delito más frecuente es el robo en sus distintas manifestaciones, pero no queda atrás la violencia intrafamiliar que ocupa el tercer sitio como delito judicializado en la entidad.

Además, comentó que también se ha hecho la fusión de los juzgados primero y segundo de Ejecución de la Pena, “antes teníamos juez primero y segundo, ahora se cuenta con la Unidad de Ejecución, en donde fueron reubicados jueces y quienes hacen tareas administrativas, “la intención fue eficientar el trabajo humano en el Poder Judicial”.

Explicó que una parte del personal operativo del Poder Judicial del Estado fue reubicado o bien, se ha hecho contratación, pues el año pasado se logró la distribución de personal, mismos que fueron canalizados a áreas administrativas y jurisdiccionales; “estamos haciendo lo posible para que con el recurso humano y económico, la prestación de la justicia pronta y expedita, sea lo más eficiente posible.

Lo mismo se hizo en el área de Justicia para Adolescentes, en donde también se llevó a cabo la reubicación de personal, pues con apego a los lineamientos que marcan las instancias de derechos humanos, se requiere dar el trato digno, pero también, dejando en claro que ante cualquier infracción a la ley, el castigo se debe cumplir.