Jesús Orozco Castellanos

Aguascalientes tiene un severo problema de agua. Por tratarse de una de las más importantes cuencas lecheras del país, más del 70% del vital líquido se destina a la agricultura y la ganadería. El resto se utiliza en los sectores industrial y comercial, así como en el uso doméstico. Ya hemos comentado sobre el gravísimo error de haber construido la presa Calles donde ahora está. Se acabó el agua en el río San Pedro y los manantiales del oriente se fueron secando paulatinamente. Por lo tanto, la única opción para dotar de agua a la ciudad fue la extracción de los mantos freáticos. Cada vez se perforan los pozos a mayor profundidad. Esto encarece el agua, que es de menor calidad, y se pone en riesgo la sustentabilidad ambiental.

A principios de los años 90 del siglo pasado, el servicio del agua potable lo prestaba el municipio, como lo dispone el artículo 115 constitucional. Sin embargo, las inversiones para el mantenimiento y rehabilitación de la red eran altísimas. La tesorería municipal no tenía los recursos para hacer frente a ese reto. Por eso se tomó la decisión de poner en manos de una empresa privada la administración completa del servicio de agua potable. Fue así como nació la Concesionaria de Aguas de Aguascalientes, S.A. (CAASA), que finalmente se convirtió en Proactiva Medio Ambiente. Se firmó un Título de Concesión en favor de la empresa. Hay quienes afirman que en sentido estricto no se trata de una concesión porque no se estableció un sistema de sanciones en caso de incumplimiento. El hecho es que así se le conoce.

En un principio me pareció que la decisión había sido acertada porque cuando el servicio era municipal, la escasez de agua era el pan de cada día. Muchos pensábamos que era preferible tener agua, aunque fuera cara, a no tenerla. Además, esto obligó a que muchas familias pudientes del norte de la ciudad se vieran obligadas a suprimir sus albercas y a regar sus jardines con cierta racionalidad. Era un dispendio inaceptable. Por otra parte, durante muchos años tuve amigos que me hacían descuentos en las oficinas de CAASA, ubicadas en la calle Salvador Quezada Limón. Pero se me acabaron los amigos allí. Para colmo, las oficinas de la gerencia que estaban en la calle de Ecuador, se mudaron al fin del mundo, tal vez para que la gente no vaya a presentar sus quejas. Ahora están en la calle José Antonio No. 115, fraccionamiento Parque Industrial Siglo XXI, por San Gerardo Textil, a un costado de la Universidad Politécnica de Aguascalientes. Allí despacha el gerente, el ingeniero Humberto Blancarte (lleva más de 30 años en el cargo), a quien traté muy de cerca cuando participé por parte del gobierno del Estado, en mi calidad de Secretario General de Gobierno, en la negociación entre la autoridad municipal y CAASA. Cabe recordar que en el año de 1985, el entonces alcalde Alfredo Reyes decidió requisar la empresa. Había sido una de sus promesas de campaña. Era prácticamente imposible que la medida pudiera prosperar porque el municipio no contaba ni remotamente con los recursos para la indemnización de la empresa, como lo establece la ley. Se tuvo que emprender un proceso de ardua negociación que a la postre dio como resultado la normalización de la relación institucional entre la autoridad municipal y la empresa. Desde mi punto de vista se le hicieron demasiadas concesiones, comenzando por la ampliación del Título de Concesión, de 20 a 30 años. Se decidió entonces que el mantenimiento y la rehabilitación de la red seguiría siendo responsabilidad del municipio y a cambio la empresa estableció un fondo de apoyo social para cobrar lo mínimo a las familias de menores ingresos. Aun así, varias colonias del oriente de la ciudad carecen de agua potable. Desconozco si también de drenaje, lo cual sería un atentado flagrante contra la salud pública, considerada un derecho constitucional.

Normalmente yo pagaba de 300 a 350 pesos mensuales por el servicio de agua potable y alcantarillado, con un descuento especial por pertenecer a la tercera edad. Sin embargo, a partir de febrero de este año me comenzaron a llegar recibos por casi 900 pesos. Solicité una revisión del medidor. Tenemos años con el mismo consumo. Somos las mismas personas, los mismos baños. Por ello me pareció que no había razón alguna para el incremento de los pagos.

Acudí a las oficinas de Proactiva Medio Ambiente con el propósito de solicitar un descuento y de que se me cobre lo justo para no verme obligado a realizar el periplo cada mes. No tuve éxito. Sólo obtuve un pequeño descuento. El ingeniero Blancarte y sus colaboradores estaban demasiado ocupados… tal vez contando sus caudales. O será que cuando se carece de algún cargo público la atención cambia. Ya me ha ocurrido en otras ocasiones. Me propuse tratar este asunto al detalle, a partir de mi experiencia personal, porque estoy casi seguro de que mi caso no es el único. Debe haber muchas familias de clase media que se encuentran en una situación parecida.

Por supuesto que todos estamos de acuerdo en que hay que pagar el servicio de agua. El problema son los montos. Desconocemos los criterios para el cobro de servicios como el agua, la electricidad o el teléfono. En Estados Unidos, que casi en todo es nuestro referente más cercano, se apegan con rigor a las leyes del mercado. Para determinar el costo de un servicio hay que ver cuánto cuesta la prestación del mismo y a eso se agrega la utilidad de las empresas. Así de sencillo, pero en México pareciera que se trata de secretos de Estado. ¿Cuánto cuesta producir un metro cúbico de agua potable, un kilowatt de electricidad o el servicio telefónico? A eso se añade la utilidad y asunto arreglado. Como decíamos, la extracción del agua es cada vez a mayor profundidad. Eso encarece el servicio pero ¿de un día para otro? ¿Por qué todos los servicios mencionados son más baratos en Estados Unidos? Allá son muy comunes las estufas eléctricas porque la energía es barata. Y ahora que son autosuficientes en la producción de gas, éste será más accesible.

El Congreso de la Unión tiene en sus manos un proyecto de ley reglamentaria de la Ley General de Aguas Nacionales. Se discutirá en el próximo periodo ordinario de sesiones. Se propone la homologación de tarifas en todo el país. Sería muy saludable. Además, de acuerdo con la nueva ley no se podrán cortar los servicios de agua y drenaje porque son derechos humanos fundamentales consagrados en la Constitución. En algunos círculos del Congreso se especula que la iniciativa difícilmente va a ser aprobada. De ser así, me pregunto, cómo se vería el gobierno federal, incapaz de promover una iniciativa del más elevado interés público, convertido en rehén de una empresa cuya fuerza sería superior a la del gobierno y de la sociedad entera. Me resulta inimaginable. Habrá que esperar a los hechos. Lo comentaremos.

Los ciudadanos tenemos opciones: el uso de energías alternativas como los calentadores solares, la producción de electricidad doméstica a partir de la energía solar, el aprovechamiento de las aguas de lluvia para el riego de jardines, la instalación de cisternas para el almacenamiento del agua porque resulta más barato comprarla en pipas. Son algunos “tips”. Y cuando ya no se puedan cortar los servicios, podríamos incluso prescindir de CAASA. Ojalá.

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