Jesús Orozco Castellanos

 En la medida en que se vayan superando los conflictos por los que atraviesa el país en estos momentos, conviene preguntarse cuáles podrían ser las tareas básicas del gobierno federal para los cuatro años que restan de la actual administración. El destacado periodista Jorge Fernández Menéndez afirma que el gobierno debe plantearse un relanzamiento, basado en una clara propuesta temática, especialmente en materia de seguridad y combate a la corrupción. Creo que eso es necesario pero insuficiente. Finalmente se trataría de cumplir con las funciones esenciales de cualquier gobierno. Me parece que lo que realmente podría darle sentido profundo a un relanzamiento del gobierno es lo que hace algunos años proponía el entonces senador Manlio Fabio Beltrones: un cambio radical del sistema político para establecer en México la figura de un jefe de Estado y un jefe de gabinete, al modo de los regímenes parlamentarios en Europa. El jefe del Estado sería el Presidente de la República y el jefe del gabinete sería el Secretario de Gobernación. En la práctica, más o menos así viene ocurriendo, pero en realidad lo que se ha logrado es concentrar en la Secretaría de Gobernación la coordinación de las actividades relacionadas con la seguridad pública. Eso no basta. En los hechos lamentables de Iguala, cuyos antecedentes se vinieron generando desde hace varios años, tienen responsabilidad los titulares de Gobernación, Seguridad Pública, la Procuraduría General de la República y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN). Si en este momento el Presidente de la República solicitara la renuncia de esos funcionarios, se correría el riesgo de un conflicto serio, dentro y fuera del país. En cambio, en un régimen semiparlamentario como el que se propone, el Presidente le podría pedir al jefe de gabinete la formación de un nuevo gobierno, lo que implicaría la renuncia de todos los titulares. En el reacomodo, algunos funcionarios podrían quedarse, en los mismos cargos o en otros diferentes. Para que ocurra lo anterior se requiere una profunda transformación jurídica que sustente el nuevo modelo de gobierno. Se haría necesaria una nueva Constitución.

Por lo pronto, el procurador Jesús Murillo Karam ya declaró que no piensa renunciar. Y seguramente como él piensan todos los demás. En nuestro sistema presidencialista y cuando el Ejecutivo no da suficientes muestras de fortaleza, el tema de las renuncias se vuelve cuestión de gustos o de afición al poder, al amparo de la vieja consigna de que vivir fuera del presupuesto es vivir en el error. Por eso a los cargos se les llama huesos y son muy apetitosos.

Estas reflexiones provienen igualmente de la idea que se viene aireando en distintos sectores de opinión pública sobre la posibilidad (o la necesidad) de que renuncie el Presidente Peña Nieto. Independientemente de los tecnicismos jurídicos, según los cuales no se puede renunciar a un cargo de elección popular y sólo hay opción para una solicitud de renuncia por motivos graves, en mi opinión este escenario podría dar lugar a una especie de solución intermedia, en la medida en que el Congreso de la Unión designara a un nuevo titular del Ejecutivo que contara con el aval de las principales fuerzas políticas y, por lo tanto, se abriera con esto la posibilidad de un gabinete de consenso.

Estoy consciente de que generalmente no nos hacen caso cuando planteamos este tipo de propuestas. Sin embargo, tal vez ahora me equivoque porque tengo la impresión de que en el actual gobierno federal sí hay un registro cuidadoso de las opiniones que se vierten en la prensa. Esto ha dado como resultado, por ejemplo, algunas modificaciones en el discurso presidencial. Para no ir tan lejos, la decisión de vender la famosa “casa blanca” propiedad de la primera dama del país, es una muestra fehaciente de la importancia que se le está dando al clima de opinión pública. Además, me parece que fue una decisión correcta. Lo que no me pareció atinado es que el presidente Peña Nieto haya señalado en su manifestación de bienes e ingresos que sus inversiones en bancos ascienden a poco más de 12 millones de pesos. Ni los gobernadores más pobres terminan su mandato con esos ingresos.

Quienes pensaban que con el regreso del PRI a Los Pinos se iban a restaurar las prácticas de antaño, que se mantuvieron por más de 70 años, no tomaron en cuenta que el mundo y el país han cambiado. Baste un ejemplo: la decisión de cancelar el proyecto del tren ligero de México a Querétaro porque una de las empresas mexicanas asociadas a los inversionistas chinos fue la responsable de la construcción de la mencionada casa. Esto podría traer consecuencias muy serias para el país. Dice el escritor Jorge Castañeda que a los mexicanos nos preocupan los casos de Iguala y Tlatlaya, pero a los empresarios extranjeros les preocupa, y muy seriamente, la cancelación del proyecto del tren. Si ellos ven que México vive en la “intemperie jurídica”, sin reglas del juego bien definidas, no va a resultar fácil que arriesguen sus capitales. Aquí hay que hacer una acotación. En el caso de las inversiones en el sector energético, los márgenes de ganancia son tan grandes que seguramente algunas empresas decidirán, pese a todo, asociarse con Pemex, sobre todo con el esquema de los contratos de riesgo: si los proyectos no son exitosos, el gobierno mexicano asume los costos. Muchos pensamos que esto es injusto, pero así está establecido en la legislación.

En el tema de la posible renuncia del actual Presidente de la República, creo que muy difícilmente podría darse, salvo por motivos graves de salud. Pienso que el presidente Peña Nieto se ve a sí mismo como un político exitoso y que le está apostando al paso del tiempo. De hecho, desde 1932, cuando renunció al cargo el presidente Pascual Ortiz Rubio, no se ha vuelto a dar un evento semejante. Ni siquiera don Adolfo López Mateos, que padecía terribles crisis de migraña, pensó en separarse del cargo. Se encerraba durante días en un cuarto oscuro hasta que amainaba el dolor. Se hacía cargo del gobierno su secretario particular, el famoso y poderosísimo Humberto el “Chino” Romero. Por cierto, de joven padecí esa enfermedad. No se soporta ni el ruido ni la luz. Hay que encerrarse a piedra y lodo y esperar a que pase la inclemencia.

Ahora bien, varios articulistas coinciden en que la estrategia del gobierno de apostarle al paso del tiempo es equivocada porque si algo mostró la manifestación pública del pasado 20 de noviembre es el hartazgo de la gente, que va mucho más allá de la protesta por el asesinato de los normalistas de Ayotzinapa. Ese hartazgo tiene que ver con algo muy profundo: la impunidad que priva en el país. Se ha convertido en algo que clama al cielo y nuestra clase política parece no darse cuenta. Tan es así que hace apenas unos días, funcionarios del actual gobierno de Coahuila desaparecieron los documentos relacionados con la deuda pública de casi 40 mil millones de pesos que contrató el ex gobernador Humberto Moreira. Bien a bien no se sabe cuál fue el destino de semejante millonada que en muchos casos no contó con la autorización del Congreso del Estado y en otros la contratación se hizo sin documentos de soporte y sin el visto bueno de la Secretaría de Hacienda. Se trata de impunidad pura y dura. Es lo que la gente ya no quiere, ya se hartó