Jesús Orozco Castellanos

Había decidido ya no tratar, al menos por un tiempo, el tema de los normalistas desaparecidos, sobre todo ahora que se ha convertido en pretexto de lamentables hechos de vandalismo por parte de los maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG), quienes han tomado la decisión de convertir en botín una parte del Estado, incluyendo aeropuertos, centros comerciales y autopistas. Después del saqueo viene el incendio. Y además tienen a su favor que las autoridades estatales y federales están cruzadas de brazos porque no encuentran una respuesta que satisfaga a los familiares de los normalistas de Ayotzinapa.

Sin embargo, vuelvo a tocar el tema porque el sábado pasado un columnista de El Universal publicó algo verdaderamente alarmante: en uno de los camiones secuestrados por los normalistas había 35 kilos de goma de opio, base para la elaboración de la heroína, una de las drogas más cotizadas en el mundo. Se obtiene del pistilo de la amapola. Se requieren varias flores para extraer un gramo. Cuando éramos niños mi padre tenía una huerta y abundaban las amapolas silvestres. Mi madre cortaba unas cuantas y las ponía en la recámara. Dormíamos a pierna suelta. Por algo le llaman a esa flor adormidera soporífera. No nos duró mucho el gusto porque el médico de la familia les dijo a mis padres que si el Ejército los encontraba en posesión de esas flores, acabarían sus días en la cárcel. Desde entonces era algo muy penalizado. Obviamente le hicieron caso al doctor y cortaban de raíz todas las plantas de amapola que encontraban. Después de eso había que dormir como se pudiera.

Guerrero es uno de los principales productores de goma de opio en el país y miles de familias viven del cultivo de la amapola, además de la extracción y procesamiento de la droga. Se procesa en Iguala y de allí se envía a Reynosa, en la frontera con Estados Unidos, país en el que está creciendo el consumo de la heroína. Es relativamente barata: una cápsula cuesta seis dólares y se obtiene con facilidad en las calles de las principales ciudades de la Unión Americana. Entre 2007 y 2012, el número de consumidores de esa droga creció 80%, al pasar de 373 mil adictos a 669 mil. Se calcula que un kilo vale 620 mil dólares. Casi toda esa droga proviene de México y especialmente de Guerrero. O sea que el cargamento de Iguala tendría un valor de varios millones de dólares en el mercado norteamericano. Lo más probable es que los jóvenes estudiantes ni siquiera estaban enterados de lo que había en uno de los seis camiones que “incautaron” en Iguala. Se ha dicho que se dividieron en dos convoyes y la policía recibió órdenes de los “guerreros unidos”, cártel al que pertenecen los propios policías, de disparar a mansalva contra el convoy en el que se encontraba el camión con la droga. Sólo así se entiende la saña con que actuaron los supuestos agentes del orden. Literalmente les ordenaron convertir en polvo a los pobres muchachos. Todo indica que los líderes de los narcos creyeron que los normalistas se habían apoderado deliberadamente de la droga. Y siguiendo las indicaciones, convirtieron a los jóvenes en las cenizas que arrojaron al río. Hay testimonios de que durante 15 horas los estuvieron quemando con leña, a la que agregaron diésel y gasolina.

Se trata de una tragedia verdaderamente inenarrable. No sólo agravia a los padres y demás familiares de los jóvenes normalistas, sino a la sociedad entera. Me parece que es absolutamente insuficiente la respuesta de las autoridades. Las sanciones penales contra los Abarca son una verdadera nimiedad ante la gravedad de los hechos. Tampoco basta la renuncia del ex gobernador Ángel Aguirre. Hay responsabilidades muy graves tanto de las autoridades estatales como de las federales. Desde hace varios años se sabía lo que estaba ocurriendo en Iguala, que es el punto de concentración en el trasiego de la heroína. Se sabe ahora que el asesinato de 13 jóvenes ocurrido en mayo del 2013 en el bar Heaven de la Ciudad de México está relacionado con el caso que nos ocupa. Los 13 cadáveres fueron enviados a Iguala y finalmente decidieron enterrarlos en una fosa clandestina en Tlalmanalco, estado de México. Se dijo que el crimen obedeció a una pugna entre bandas rivales de narcotraficantes. Lo de Iguala ya se sabía, pues.

Llama la atención que el procurador Murillo Karam no haya mencionado el tema que ahora comentamos. Parece difícil creer que no lo supiera. Ciertamente, afirmó que ninguno de los jóvenes desaparecidos (asesinados y calcinados, según dijo) pertenecía a algún grupo delictivo. Dejó en la oscuridad el tema del móvil, asunto clave en cualquier investigación criminalística. A nadie en su sano juicio le convence la idea de que se decidió la ejecución sumaria porque los jóvenes eran una molestia para la esposa del ex alcalde de Iguala, la cual rendía su informe de labores. La decisión sobre el asesinato estaba tomada. El incidente del informe sólo fue el pretexto. Más aún, los ya famosos “guerreros unidos”, como ya lo hemos comentado en este espacio, son capos menores. Quienes decidieron la masacre están en los peldaños superiores de la escala del crimen organizado. Los grandes capos toman decisiones incluso en la cárcel. Para eso les basta un teléfono celular. Y como bien sabemos, en las prisiones mexicanas todo se consigue. El pago puede ser en efectivo o en especie. Corre el rumor de que la señora Elba Esther Gordillo se mandó hacer un jardín frente a su celda. En realidad parece una suite en la que vive acompañada de su hija. Es un botón de muestra.

No coincido con quienes afirman que el asunto amerita la renuncia del presidente Peña Nieto. Es probable que no le hayan informado sobre lo que venía ocurriendo y ocurre en Iguala. Como es sabido, al inicio de su administración se pretendió tomar la decisión de no informarle sobre la violencia vinculada con el crimen organizado. Era una estupidez y por supuesto que no ocurrió. La violencia no termina si se apaga la televisión. Pero creo que hay varios funcionarios federales que sí estaban enterados: el secretario de Gobernación, el procurador, el secretario de Seguridad Pública y el director del CISEN. No hicieron nada para prevenir la tragedia. Y desde luego que las autoridades estatales y municipales estaban al tanto de esos asuntos. Sabemos que al presidente Peña Nieto no le gusta hacer cambios pero por lo visto las circunstancias ameritan repensar esa estrategia.

El presidente Peña Nieto se ve físicamente deteriorado. Hay quienes atribuyen eso al problema glandular que padece, lo que es del dominio público. Pero también es cierto que en las últimas semanas le ha llovido sobre mojado: está el caso de la matanza de Tlatlaya, el del paro en el Politécnico, el de los asesinatos en Iguala y la cancelación del proyecto del tren rápido de México a Querétaro. Por si fuera poco, los medios han dado a conocer la información sobre la ya famosa y muy costosa “casa blanca” de las Lomas de Chapultepec en la que aparentemente piensan residir los Peña Rivera después del sexenio. Como sea, lo de Iguala se va a resolver, pero me parece que se va a convertir en la marca de la actual administración federal. Lo que parecía ser un tramo de gobierno relativamente fácil, destinado a poner en marcha las reformas estructurales, se ha complicado por algo aparentemente inesperado.