Jesús Orozco Castellanos

 

En mi artículo de la semana pasada señalaba: ojalá que los muertos encontrados en las fosas clandestinas a las afueras de Iguala no correspondan a los 43 estudiantes desaparecidos de la escuela normal de Ayotzinapa. Lamentablemente, todo parece indicar que sí son. Se han encontrado 28 cuerpos y el propio presidente Peña Nieto acepta la posibilidad de que sean de los estudiantes. No se han dado a conocer los nombres hasta no contar con todos los estudios periciales. Algunos fueron salvajemente torturados antes de ser asesinados. Los desollaron y les sacaron los ojos. Esto abre una pista de investigación. Ese grado de crueldad suele ser propio de las venganzas entre las bandas rivales de la delincuencia organizada. Como se ha dicho, los policías que cometieron los asesinatos pertenecen al cártel denominado “Guerreros Unidos”. Pudo haber sido que sus jefes les dijeran que los jóvenes asesinados eran parte del crimen organizado. O pudo ocurrir que no quisieran dejar testigos del asesinato de los tres jóvenes normalistas que acababa de ocurrir en Iguala. Al parecer, los asesinos en uno y otro caso fueron los mismos policías. Por cierto, tanto el presidente municipal de Iguala como el gobernador de Guerrero debían estar enterados de que esos policías estaban vinculados a las bandas criminales del narcotráfico. Si estaban informados, solaparon a los delincuentes. Si no lo estaban, incurrieron en una irresponsabilidad imperdonable que ocasionó la pérdida de vidas humanas.

Y lo que nos faltaba. El grupo guerrillero autodenominado Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) anunció la creación de la “Brigada de Ajusticiamiento 26 de septiembre”. Pretenden encontrar a los responsables del asesinato de los estudiantes normalistas para ejecutarlos. El mensaje es muy claro: como el Estado mexicano es incapaz de impartir justicia, ellos se harán cargo de ponerla en práctica, por su propia mano. Lo peor del caso es que eso puede ocurrir. Los integrantes del ERPI tienen entrenamiento militar y están fuertemente armados. A la tragedia de la masacre se podría agregar otra: la incapacidad para hacer valer las leyes, por lo que se impone la “justicia popular revolucionaria”. La PGR debe actuar muy rápido para anticiparse a la posible actuación del ERPI en este caso.

Los asesinatos de Iguala son crímenes de lesa humanidad. En los países en los que hay pena de muerte se les aplica a quienes cometen esos delitos. En México no la hay pero se tendrían que aplicar los castigos más severos. Por lo pronto, el presidente Peña Nieto declaró que se hará la investigación del caso, “tope donde tope”. Ojalá que las palabras correspondan a los hechos. Hemos tenido experiencias muy lamentables. Al presidente Carlos Salinas le tocó la rebelión zapatista y los asesinatos de Colosio y Ruiz Massieu. Todavía se duda que el Mario Aburto que le disparó a Colosio y que todos vimos por la televisión, sea el mismo que está en la cárcel. El asesino material de Ruiz Massieu está en prisión pero seguimos sin saber quién fue el autor intelectual. En junio de 1995 ocurrió la matanza de 17 campesinos indígenas en Aguas Blancas, Guerrero. El gobernador Rubén Figueroa Alcocer se vio obligado a renunciar al cargo. Se nombró a un interino que fue precisamente Ángel Heladio Aguirre Rivero, el mismo que ahora dice que sólo se irá del cargo si se realiza una consulta “nacional”, organizada por el Instituto Nacional Electoral. Ciertamente a todo el país le interesa lo que pasa en Guerrero pero el tema de la renuncia es estrictamente personal. Lo demás es una vacilada, por decirlo suavemente. Es una verdadera estupidez.

En mi opinión, el caso de Guerrero amerita la declaratoria de desaparición de poderes por parte del Senado de la República. El grado de violencia en esa entidad es espeluznante. El jueves pasado se encontraron otros cuatro cuerpos y cuatro fosas más. La penetración del crimen organizado alcanza niveles nunca antes vistos. A esto se agrega un gobernador particularmente inepto.

El gobernador Ángel Aguirre fue postulado por el PRD porque su partido original, el PRI, decidió nombrar a Manuel Añorve Baños como candidato. Ganó Aguirre. Le falta un año para terminar su mandato. Alguna vez comenté en este espacio que cuando fue gobernador interino, Aguirre organizó en Chilpancingo una fiesta para cinco mil personas con motivo de su cumpleaños. Todos llevaron regalo y lo saludaron de mano. Calculando en diez segundos el saludo y la entrega del regalo, el evento debió durar unas 15 horas, incluyendo la comida. Así se las gastaban en Guerrero y siguen igual.

La posición asumida por el PRD y especialmente por su nuevo dirigente nacional, Carlos Navarrete, fue realmente lamentable. Fue muy tibio en la denuncia de la masacre. Se trasladó a Iguala para decirles a sus habitantes que el PRD se equivocó en la selección del candidato a presidente municipal. Cuando le preguntaron si Aguirre se tenía que ir de la gubernatura, respondió que siempre y cuando se fueran también los gobernadores del estado de México y Tamaulipas. Qué pobreza de argumento: es malo pero hay otros igual o peores. Es una lástima porque me parecía que Navarrete es un dirigente político inteligente, bien articulado y congruente en su discurso. Será que por lo pronto, como reza el dicho, le tocó bailar con la más fea.

Por otra parte, algunos medios han criticado también la postura del presidente Peña Nieto. Les pareció débil en la condena. Además, habría que dar por hecho que el gobierno federal ya sabe quiénes fueron los policías que secuestraron a los 43 normalistas. Hay testigos por todos lados. Uno de los secuestrados, que saltó del vehículo en que los llevaban, declaró: “no se llevaron más porque ya no cabíamos en las camionetas”. Ciertamente hay que esperar la identificación plena de los 28 cadáveres encontrados. Sin embargo, hasta el momento de escribir estas líneas ni siquiera hay policías arraigados. Han tenido todo el tiempo del mundo para escapar. De hecho, el presidente municipal de Iguala y su secretario de seguridad pública se dieron a la fuga. Para colmo, un juez les concedió un amparo contra un posible arresto.

No se pueden minimizar los hechos. Insisto, se trata de crímenes de lesa humanidad y a eso se agregan niveles de crueldad espeluznantes. Si eso no se castiga severamente, se propicia la impunidad. El presidente Peña Nieto dijo en Irapuato que no puede haber resquicios para la impunidad. Tiene toda la razón pero hay que pasar a los hechos. “Nadar de muertito” no es la estrategia adecuada en estos casos. Hay vidas humanas de por medio. Sólo habrá que imaginar el dolor de los familiares de las víctimas. Es importante saber quiénes son los responsables de los asesinatos y las desapariciones forzadas, pero es más importante saber dónde están los desaparecidos aunque hayan perdido la vida. Mientras esto no se aclare, el clamor de justicia persistirá dentro y fuera del país. Si los asesinos no reciben su merecido, la impunidad seguirá siendo uno de los principales incentivos de los delincuentes. Ojalá que estos hechos sirvieran para establecer un parteaguas. Todos lo deseamos aunque tampoco hay que hacerse demasiadas ilusiones. Uno de nuestros más graves problemas, ancestral, es la carencia de un verdadero estado de derecho.