Jesús Orozco Castellanos

El articulista Jaime Sánchez Susarrey publicó el pasado sábado un artículo en el que muestra los índices de aprobación, durante los primeros 18 meses de gobierno, de las administraciones de Fox, Calderón y Peña Nieto. Este último cuenta con la aprobación del 37% de la población, contra un promedio de 45% de los dos primeros. El caso de Ernesto Zedillo es atípico porque en su primer año de gestión enfrentó la más grave crisis económica del siglo XX en el país. La economía nacional decreció siete puntos. El desempleo afectó a millones de mexicanos. Por supuesto que su popularidad en ese año estaba por los suelos. Después su imagen se recuperó notablemente.

El actual Presidente de la República también ha tenido que hacer frente a una crisis económica al inicio de su mandato, aunque no tan grave. El crecimiento económico en los años 2012 y 2013 fue muy escaso. Los pronósticos oficiales para el presente año se han venido ajustando a la baja. Los especialistas esperan un 2% de incremento, frente al 2.7% del pronóstico oficial. Jaime Sánchez considera que si la situación se mantiene más o menos igual durante los próximos cuatro años, “estaría la mesa puesta” para Andrés Manuel López Obrador en el 2018. A menos que su salud se lo impida, agregaría yo. Y conste que el articulista tiene una especial animadversión por AMLO.

El tema es relevante por lo que tantas veces se ha mencionado: muchos pensamos que AMLO sigue siendo un verdadero peligro para México, empezando porque no sabe hacer cuentas. Alguna vez le preguntaron cómo pensaba financiar los proyectos estratosféricos que ha venido mencionando, como los trenes bala que recorrerían el territorio nacional. Contestó que sólo sería cuestión de reducir los sueldos de los funcionarios públicos federales de alto nivel. Varios articulistas de prensa le hicieron ver que las cuentas no salen. Con su propuesta habría un ahorro de alrededor de 800 millones de pesos. No serían suficientes frente a los 25 ó 30 mil millones de pesos que se requerirían para pagar esos costosísimos proyectos. Además, ha hecho pública su intención de desmontar el aparato institucional, cancelando por decreto los organismos descentralizados como el Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Instituto Federal Electoral (ahora INE), entre otros.

Pero ya no le demos vueltas al asunto. Lo verdaderamente preocupante es que nadie hace nada, por lo menos desde el gobierno federal, para impedir que se concrete un escenario semejante, que provocaría una desestabilización sin precedentes. Pareciera que hay una especie de marasmo y no sólo de ahora. Baste recordar que en la elección del 2006, que AMLO perdió frente a Felipe Calderón por un muy escaso margen de 0.56%, el gobierno de los Estados Unidos, país con el que compartimos más de tres mil kilómetros de frontera y que tiene enormes intereses económicos en México, no movió un dedo. Cualquiera diría que no tienen por qué intervenir en nuestros asuntos internos. Es cierto pero eso no les hubiera cancelado por completo a los norteamericanos su margen de maniobra. Pudieron haber influido en la opinión pública tanto de Estados Unidos como del resto del mundo. Eso hubiera contado, sobre todo con el resultado electoral tan estrecho que se dio. Algunos veían una posible intervención como el menor de los males.

Finalmente las cosas se vinieron acomodando, pese a las enormes dificultades que tuvo en sus inicios el gobierno de Felipe Calderón. Su toma de protesta no pudo ser más difícil. Entró al Congreso de la Unión por la puerta trasera, casi cargado en hombros por elementos del Estado Mayor Presidencial. Después, la lucha contra el narcotráfico, que tomó como bandera de su gobierno, se complicó tanto que no faltó quien hablara de México como un Estado fallido. No obstante, el sexenio terminó más o menos bien con la puesta en marcha de un ambicioso programa de obra pública en todo el país. Soy de los que piensan que Calderón, pese a todas las críticas, tuvo un desempeño aceptable. Por algo la gente lo saluda en la calle cuando viene a México.

Por otra parte, en el gobierno ocurre más o menos lo mismo que en el deporte. Soy muy aficionado al béisbol y acostumbro ver partidos de las grandes ligas. Con frecuencia se da la coincidencia generalizada de que es necesario un cambio de pitcher. Así lo piensan los comentaristas de la televisión, los fanáticos que están en el estadio, los asesores de pitcheo de los equipos, así como los aficionados que, pegados al televisor, seguimos las incidencias de los juegos. Los únicos que no lo ven así son los managers. En la mayoría de los casos pierden el juego. Se justifican diciendo que hablaron con el lanzador y que éste les aseguró que todavía estaba en condiciones de seguir, por lo menos una entrada más. Acaba de ocurrir el pasado sábado en un partido entre los Yanquis de Nueva York y los Reales de Kansas City. Estaban empatados a tres carreras en la sexta entrada. El manager de los Yanquis decidió mantener a su pitcher y enseguida vino un cuadrangular para tres carreras. En ese momento perdió el partido. Y lo vimos venir todos, menos el manager. Decía el “mago” Septién que el mérito de un manager estriba en saber cambiar oportunamente a sus pitchers: “ni un lanzamiento antes, ni un lanzamiento después”. Por supuesto que a nadie le gusta decir que ya no puede. Lo mismo pasa con los integrantes de los gabinetes en los distintos órdenes de gobierno. Todos piensan que van bien o que merecen otra oportunidad.

Por lo menos desde principios de este año se ha comentado en la prensa nacional que el presidente Peña Nieto necesita hacer ajustes en su gabinete. Algunos integrantes de su equipo de trabajo son tan grises que ni siquiera sabemos cómo se llaman. Su desempeño es imperceptible. Pero seguramente el Presidente piensa distinto porque los sigue manteniendo. Sólo él no lo ve.

En el desglose de la encuesta que menciona Sánchez Susarrey, la gente ve bien la captura del “chapo” Guzmán, el abatimiento del “chayo” Moreno, los operativos en Michoacán y Tamaulipas. Se percibe un gobierno eficaz que está mostrando resultados. Pero cuando se toca el bolsillo de los ciudadanos, no hay para dónde hacerse, sobre todo en un entorno de escaso crecimiento económico y de desempleo creciente. Ahora bien, se dice que las reformas estructurales como la energética incidirán en la reducción del precio de los combustibles (gasolina, gas, electricidad) a mediano plazo. En el mejor de los casos, hacia finales del sexenio.

Me parece que el actual gobierno tiene que ir por el camino de la responsabilidad. Aplicar en el corto plazo una política populista de reducción artificial de precios en los hidrocarburos (financiada con deuda pública) para buscar el triunfo del partido en el gobierno en las próximas elecciones del 2015 y sobre todo en las presidenciales del 2018, tendría consecuencias catastróficas. Ya lo hemos vivido en otras épocas. Desde mi punto de vista, si el presidente Peña Nieto quiere pasar a la historia, es preferible la prudencia.