El Gobierno Federal tiene que informar qué ha fallado para que más de un centenar de trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) resulte positivo por el coronavirus y de los cuales varios han fallecido.

Aunque la labor que desempeñan actualmente es de alto riesgo, tiene que haber medidas preventivas muy estrictas para que estén a salvo, por lo es necesaria una investigación inmediata y a fondo para determinar donde han estado las faltas, ya que dejar que las cosas sigan como hasta ahora es exponer a más empleados.

En los primeros diez días de mayo se tenían 120 que resultaron positivos con el Covid-19, los cuales fueron asilados conforme lo establece el protocolo, con la finalidad de determinar si era necesario internarlos, mismos que a decir de la dirigencia de la Sección XXI del SNTSS, contrajeron el virus en viajes al extranjero y otros fuera del Instituto, cuestión que “la tenemos comprobada y no es para justificarlo, sino para ver de dónde vienen los contagios”.

Es posible que así sea en algunos casos, sin embargo resulta sumamente extraño que se tenga sospecha de contagio masivo en el Hospital General de Zona Número 3 (HGZ-3), que de acuerdo a la denuncia que hicieron trabajadores del propio policlínico, hay médicos, enfermeras, técnicos en respiración y personal de intendencia que han presentado síntomas, por lo que al terminar sus labores no regresan a su hogar por temor a contagiar a su familia, ya que desconocen si están infectados.

El problema de fondo es que en varias partes del país hay quejas por la ineficacia del equipo que les entregan, por lo que es posible que pese a que el personal cumpla con todas las medidas de seguridad al ingresar a su centro laboral y lo hagan durante el desempeño de sus actividades, la indumentaria que utilizan puede ser que no sea la apropiada.

Sobre el particular, la voz de alerta se dio el 15 de abril cuando gobernadores del Partido Acción Nacional (PAN) reclamaron por la calidad de los insumos médicos que les entregó la Federación para atender el coronavirus y decidieron regresarlos. Presentaron en redes sociales fotografías de batas delgadas y transparentes, así como cubrebocas sencillos que estaban empaquetados en cajas de cartón que fueron entregadas por el Instituto de Salud para el Bienestar (Isabi).

Como representante de los mandatarios panistas, el gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, declaró: “Lamentable, preocupante e inaceptable. La cantidad de los insumos médicos que está enviando el gobierno federal a las entidades para atender el Covid-19 es absolutamente insuficiente. Su calidad es penosa. Hemos decidido devolverlos a la Federación”.

En la búsqueda de atemperar el reclamo, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell, dijo que esas batas y los insumos “no tienen indicación de uso clínico” y provienen de un donativo, que son batas “de uso simple para personal comunitario”, lo que fue revirado por Orozco Sandoval, al reiterar que en las órdenes de consumo especifica “batas quirúrgicas”.

Pues bien, ¿cuánto de ese equipo que rechazaron los gobiernos panistas son enviadas a otras partes, por ejemplo al IMSS?, porque según López Gatell son batas que puede utilizar quien está en las puertas de las clínicas o en filtros, como si ellos no estuvieran propensos a ser contagiados y luego hacerlo con sus demás compañeros.

Hasta la fecha el delegado o representante del Seguro Social en la entidad no da la cara, por lo que el Sindicato se adjudica las funciones de vocero del Instituto, sin embargo es importante que asuma las responsabilidades inherentes a su cargo y disponga un análisis de las condiciones en que está laborando el personal de los tres hospitales, las unidades de medicina familiar y los demás centros de atención.

REITERAN LOS ABOGADOS

La aprobación de la Ley de Amnistía por el Congreso de la Unión es la repetición de un acto que contempla la Constitución General de la República, en el que gobierno federal aprovechó la atención que hay en la pandemia para promoverla, por lo tanto no hubo oportunidad de que grupos de opinión expresaran sus puntos de vista.

El presidente del Colegio de Abogados de Aguascalientes, Fernando Amador Macías, señaló que la citada legislación es innecesaria puesto que la Carta Magna establece el indulto que se otorgaría tras una revisión a conciencia por parte de la Secretaría de Gobernación.

Es un mecanismo legal que también existe en los estados, que en el caso de Aguascalientes desde hace varios años  no se aplica, pero en otros tiempos se hizo para favorecer a internos en los reclusorios, escogiéndose fechas representativas para salir en libertad como el 10 de Mayo, 15 de Septiembre y el 24 y 31 de Diciembre.

Tal vez, lo que pudo haberse hecho a nivel federal fue agregar nuevas figuras y lo mismo se haría a nivel local, pero no crear una ley cuyos términos ya están previstos en el mandato reglamentario.

Amador Macías subrayó que el presidente Andrés Manuel López Obrador, al presentar esa iniciativa, deja observar que no quiere cargar con la responsabilidad que le puede ser señalada política y socialmente, al dejar libres a personas que merecen estar privadas de su libertad.

Dentro de las justificaciones del promovente es que hay muchas personas inocentes y víctimas de su pobreza y la delincuencia, sin embargo desde el punto de vista legal la ley debe aplicarse por igual y sólo en algunas excepciones hay circunstancias extraordinarias, como es haber cometido delitos bajo presión y para ello es el análisis de Gobernación que impulsaría el indulto.

El dirigente del Colegio de Abogados consideró que la iniciativa ya aprobada “lleva jiribilla”, porque el mandatario no quiere cargar con esa responsabilidad, entonces hizo referencia al contenido del Artículo 89 Constitucional, que señala las facultades del Ejecutivo, en donde se señala en su fracción XIV “conceder, conforme a las leyes, indultos a los reos sentenciados por delitos de competencia de los tribunales federales”, por consiguiente no hacía falta crear una ley.

Además que la legislación recién aprobada es muy genérica “pues en forma tácita se refiere a todo tipo de delincuentes que se puedan apegar a la amnistía, lo cual también pone en riesgo la credibilidad del Estado de Derecho”.

LO QUE NO ES PAREJO…

La recordable emergencia sanitaria deja entrever que varios de los actos para frenar la propagación del virus no fueron parejos, porque mientras la Guardia Nacional apercibió en el Centro Comercial Agropecuario a los bodegueros y vendedores en piedras que observaran las medidas de salud o tendrían que cerrar, no aplica la misma medida en los bancos, que a las puertas tienen grupos de personas a la espera de entrar sin que guarden la distancia y varios de ellos no portan el cubrebocas. En tanto, hay farmacias con letreros en que se indica que sin cubrebocas no podrán entrar y cuando el cliente pide que le vendan uno le indican que no hay, producto que es difícil de conseguir, por lo que no podrá comprar los medicamentos o productos alimenticios hasta que consiga la mascarilla. El suceso sanitario también ha permitido que algunos hagan negocio, como la venta y entrega a domicilio de bebidas alcohólicas y hasta se dan el lujo de aceptar pagos con tarjetas de crédito y débito, actividad que hasta la fecha no ha causado problemas ya que el líquido es legal y no adulterado, como sucedió en días pasado en varias localidades del país que causó la muerte a decenas de personas. Es una etapa que muchos recordarán y más aquellos que supieron aprovechar el momento para hacerse de unos pesos, que será una labor ilegal – por aquello que su comercio no está registrado y por lo mismo no paga impuestos -, pero es un riesgo que corren, ya que además aplican un costo extra por llevarlo a la puerta de los adictos, a quienes no les importa gastar más por tal de no estar en “estado seco” durante la cuarentena.