Staff
Agencia Reforma

Néstor Isidro Pérez Salas «El Nini» no contaba con antecedentes penales y tampoco era investigado por las autoridades locales, a pesar de ser señalado como una pieza letal del Cártel de Sinaloa.

«Nosotros no tenemos hasta ahorita ninguna carpeta inicial. Es un tema del fuero federal», reconoció el visefiscal General del Estado, Damaso Castro Saavedra, al ser cuestionado sobre si existía un proceso del fueron común en Sinaloa en contra de «El Nini».

Tras la detención de «El Nini», que requirió de un fuerte operativo que implicó el uso de dos aeronaves y vehículos artillados en la Colonia Colinas de la Rivera, al norponiente de Culiacán, el titular de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval, lo señaló como artífice del «Culiacanzo» y la masacre de Tamazula, ocurrida el pasado 28 de octubre.

«Esta persona es quien ordenó las agresiones en contra de la unidad habitacional militar ahí en Culiacán, Sinaloa, en contra de nuestros derechohabientes, de nuestras familias, cuando es un área que ni se encuentra resguardada por personal militar, resultado de la operación que se estaba llevando a cabo en ese momento para la detención de Ovidio», afirmó el General.

«Y también, creo que en el mes de marzo, si no me equivoco, marzo o mayo de este año, él ordena la ejecución de ocho personas en Tamazula, que inicialmente habían sido secuestradas y posteriormente ordena su muerte», sostuvo.

De acuerdo con fuentes militares, «El Nini» era el encargado de cuidar la seguridad de toda la estructura de «Los Chapitos», desde los precursores de la droga, los cerebros financieros hasta lo encargados del trasiego a Estados Unidos, con un ejército integrado por 2 mil sicarios armados hasta los dientes.

La Agencia Antidrogas de EU (DEA, por sus siglas en inglés) acusó que «El Nini» fue responsable de experimentar la pureza del fentanilo en una mujer, a quien presuntamente le inyectó, junto con Jorge Humberto Figueroa Benítez, «El 27», múltiples dosis dosis del opioide sintético hasta que murió.

Entre otros señalamientos, Pérez Salaz también es acusado por presuntamente haber participado en la tortura y asesinato de dos agentes federales de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) en Culiacán, a inicios de 2017, junto con Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Medina González.

Además de ser clave en la compra de precursores a China para la producción de fentanilo.