Jorge Ricardo
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) informó que no cuenta con la relación completa de las empresas, instituciones públicas u organizaciones sociales donde se capacitan miles de jóvenes del programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”, ni cuántos becarios laboran en cada centro, pues aseguró que no reciben recursos públicos.
“No existe obligación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de contar con la información relativa al nombre y domicilio de las empresas, instituciones públicas y organizaciones sociales que fungen como tutores del programa ‘Jóvenes Construyendo el Futuro’, así como al número de jóvenes que tiene a su cargo cada centro de trabajo respecto de las empresas, instituciones públicas y organizaciones sociales que fungen como tutores del programa”, indicó la dependencia mediante su Unidad de Transparencia.
“Al ser elementos inexistentes, siguiendo la máxima que ‘a lo imposible nadie está obligado’, esta unidad se encuentra imposibilitada para proporcionar la información con las especificaciones solicitadas por el recurrente”, añadió.
En su respuesta, argumentó que en el programa –que entre 2019 y 2020 pagó 3 mil 600 pesos mensuales a jóvenes que no estudian ni trabajan– los centros de capacitación no reciben recursos públicos y que, al contrario, ellos ponían sus instalaciones, los salarios de lo capacitadores y el agua potable.
En su primera respuesta a la solicitud realizada mediante la Ley de Acceso a la Información Pública, con folio 0001400191619, la Secretaría del Trabajo envió los links del padrón de empresas por estado que fungen como centros de capacitación, y argumentó que la dirección de esas empresas y el número de becarios era información reservada.
“La información concerniente a la dirección y al número de becarios que tienen a su cargo cada centro de trabajo que participa en el Programa ‘Jóvenes Construyendo el Futuro’ es confidencial, toda vez que se trata de datos personales que de forma coaligada permiten la identificación de una persona física”, aseguró.
Por ese motivo, Grupo REFORMA interpuso un recurso de revisión ante el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a Información Pública (INAI) argumentando que, al tener a su cargo a jóvenes con salarios o becas pagadas por el programa, las empresas eran beneficiarios también de recursos públicos, por lo que no estaban exentas de transparentar su dirección, así fueran personas físicas, y cuántos trabajadores o becarios estaban a su servicio. Además, se recordó la promesa del Presidente López Obrador de dar la máxima transparencia en de todos los padrones de los programas sociales.
El recurso de revisión fue admitido con el folio RRA 16093/19 por el INAI que revocó la primera respuesta de la Secretaría del Trabajo y le ordenó que hiciera una nueva búsqueda, lo cual fue concluida el 4 de junio pasado. Ahí, la Secretaría del Trabajo admitió que no tenía la información requerida.
“Hecho una nueva búsqueda exhaustiva y minuciosa, no restrictiva, con carácter amplio relativa al nombre y domicilio de las empresas, instituciones públicas y organizaciones sociales que fungen como tutores del ‘Programa Jóvenes Construyendo el Futuro’, así como el número de jóvenes que tiene a su cargo cada centro de trabajo, no se localizaron elementos de convicción que permitan determinar la existencia de la información solicitada en estos rubros y con ese nivel de especificidad “, dijo.
En septiembre y octubre, la oficina de prensa de la Secretaría del Trabajo prometió una entrevista con su titular, Luisa María Alcalde, para aclarar el tema, aunque finalmente la pospusieron. Después, ya no respondieron.
Según la página del programa, actualmente se capacitan 400 mil 14 jóvenes en 338 mil 476 “centros de trabajo verificados”. Entre 2019 y 2020, el programa ejerció un presupuesto de 50 mil millones de pesos, y para 2021 se le asignaron 20 mil 600 millones.
El miércoles Grupo REFORMA publicó dos casos de defraudación en el programa en Nuevo León, ante ello la STPS aseguró que todos los centros de trabajo son verificados y que son visitados de manera aleatoria.
En uno, un ex empleado de la Coordinación de Desarrollo Económico municipal de Linares, Nuevo León, armó una red de dueños de pequeños negocios a donde enviaba a los jóvenes a capacitarse y les decomisaba la tarjeta bancaria donde recibían la ayuda del Gobierno. En el otro, en Santa Catarina, a los jóvenes les ofrecían algún pago por acudir a talleres motivacionales de una empresa de un candidato a aspirante a diputado federal, quien se quedaba con la mayor parte de la beca.
La STPS aseguró que todos los centros de trabajo son verificados y que son visitados de manera aleatoria para cerciorarse que los jóvenes se están capacitando.