La falta de confianza hacia las instituciones que se encargan de impartir justicia es lo que provoca que, en México, muchos delitos no sean denunciados y, cuando al fin se tienen las imputaciones, el desafío es cuando llegan los asuntos a tribunales, en donde, por diversas causas, se llegan a tener demoras en la aplicación de la justicia, afectando, por consecuencia, a la sociedad.
Así lo expresó la comisionada presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, Jazmín González Sandoval, durante su participación en el foro virtual sobre Justicia Abierta Como Elemento de Combate a la Corrupción y la Impunidad, en donde expresó que es necesario consolidar la legitimidad de la democracia a fin de que pueda mejorarse la confianza de la ciudadanía ante las instituciones públicas.
Refirió que la justicia abierta se trata de un modelo de gobierno y no de una ideología, el cual está basado en organismos internacionales para consolidar la legitimidad en el actuar de las instituciones públicas.
Insistió que el desafío al que se enfrentan ahora los tribunales es a resolver las grandes cantidades de casos que están siendo atendidos o archivados por falta de personal, pero, al no avanzar en su trato, es cuando se pueden ocasionar demoras en los procesos y, si la situación persiste, el problema podría afectar a sectores de la sociedad.
Ante esto, consideró que debería contemplarse la necesidad de implementar un modelo de justicia abierta que requiere claramente de tres principios, como son la transparencia en la difusión, información y la disposición de la ciudadanía, no sólo en el quehacer de la información que se utiliza para llevar a cabo actividades de aplauso, sino para lograr un lenguaje ciudadano claro.
Y es que resulta, dijo, que la mayoría de las personas necesitan un traductor para poder leer o interpretar las sentencias e incluso las iniciativas; por ello, la necesidad de que el lenguaje que se maneje en esos documentos sea claro, entendible y con transparencia.