De aprobarse la contrarreforma eléctrica que impulsa el presidente de la República, significaría un golpe mortal para Aguascalientes que registra una fuerte aplicación en programas de energías limpias. Tan sólo la empresa Alten Energías Renovables cuenta en México con una de las más grandes centrales fotovoltaicas en América Latina, ubicada en el municipio de El Llano, que se integra con dos instalaciones de 350 MWp y las cuales se encuentran en operación, lo que representa una inversión de 350 millones de dólares. Sus instalaciones generan  800GWh/año de energía limpia, lo que equivale al suministro aproximado de electricidad para una población de más de 400 mil habitantes, esto es, la cuarta parte del total de los habitantes del estado y la mitad del municipio de Aguascalientes.

Desde que se anunció el propósito de cancelar los programas que las empresas privadas llevan a cabo para generar energía, hay un creciente rechazo, máxime por la amenaza que hizo el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, que no se indemnizará a las empresas que resulten afectadas, ya que de cumplirse iría en contra del derecho nacional a internacional.

El gobernador Martín Orozco ha sido un firme defensor de conservar las energías renovables, por lo que el 20 de mayo de 2020 declaró que en todo lo que esté al alcance de la administración estatal se apoyará jurídicamente a los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros. Dijo entonces: “Las empresas que están en Aguascalientes tengan toda la tranquilidad de que las vamos a apoyar, de que estamos con ellos, por lo que debe haber confianza que se apoyará los amparos que se presenten”.

Es un problema que no sólo perjudicaría a los capitalistas de los seis parques solares fotovoltaicos que hay en la entidad, sino a los que trabajan en las plantas y a quienes rentan sus terrenos, ya que tan sólo Alten Energías Renovables ocupa 1,035 hectáreas.

Por si fuera poco, la citada contrarreforma será sumamente perjudicial para los trabajadores, que tendrían pérdidas por 6 mil millones de dólares en sus Afores, señaló el asesor financiero Gerardo Sánchez Herrera. Afirmó que a partir de 2013 en que tuvo lugar la reforma enérgica que promovió el presidente Enrique Peña Nieto, a las afores se les dio la oportunidad de invertir en proyectos y en acciones de generación de energías limpias.

Esto permitió que parte de los recursos de afores fueran a empresas que generan energías limpias, con el fin de obtener mayores rendimientos del ahorro de los obreros, que es uno de objetivos que tienen las firmas que manejan esos caudales, lo que ahora con la maniobra lópezobradorista un 50% de lo invertido por afores se vería afectado.

Es un problema de suyo difícil, según lo observa Sánchez Herrera, porque en este caso no ocurriría lo mismo que con la cancelación del aeropuerto de Texcoco, cuando el gobierno federal pagó el 100% de las inversiones de las afores Zura y Pensionissste, en tanto que con aquellos que invirtieron en portafolios de energías limpias tendría que irse a arbitrajes internacionales, lo que tardaría más tiempo y es probable que el gobierno no pague los bonos ni las acciones.

Reiteró que los efectos serán fatales para los trabajadores, ya que pueden registrar reducciones en su ahorro, al estimarse que los rendimientos caerán en un 10%, lo que representa alrededor de 6 mil millones de dólares y una caída de un 6% del Producto Interno Bruto (PIB) del país, en el primer año en que entre en funciones la contrarreforma.

CERCA DEL PRECIPICIO

Los contadores públicos están que no los calienta ni el sol del mediodía, ante la amenaza del Sistema de Administración Tributaria (SAT) de criminalizar su labor, ya que de pronto su trabajo se ha convertido en un ejercicio de alto riesgo, al exigirles que por obligación deban denunciar las irregularidades fiscales que observen en las empresas.

Para el abogado fiscalista José Antonio Guerra Caparrós, si se encuentra barruntos de inconstitucionalidad ante la falta de seguridad y certeza jurídica, puede haber defensa legal. Como están redactados los cambios, el ser contador público puede ser un arma de dos filos, porque si no detectan las contravenciones fiscales de las personas morales, perderán durante tres años su registro como dictaminadores ante el SAT y hasta podrían ir a prisión de tres meses a seis años. Por obligación deberán ser dictaminadas las personas morales que superen montos aproximados por 1,650 millones de pesos en su ejercicio fiscal y quienes coticen en la Bolsa Mexicana de Valores.

El propósito del SAT es tener mayor información de las empresas y luego de revisar los dictámenes fijará su posición, si inicia o no una facultad de comprobación, conforme a la diferencia que pudiera encontrar en el dictamen.

El Servicio de Administración Tributaria busca que los contadores se conviertan en acusadores de las empresas para las que laboran, por lo que si tiene conocimiento que alguna quebranta las leyes fiscales deberá informarle a la autoridad, lo que se convierte en una carga laboral adicional y una posición sumamente incómoda frente al que lo contrató.

En caso de que el contador no perciba algo anormal o la comisión de un delito o inobservancia fiscal, se hará acreedor de la suspensión de su registro y podrían imputarle responsabilidad por encubrimiento, lo que como se señala se castiga de tres meses a seis años de cárcel.

Ante la situación que se presenta, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) hizo un llamado a la autoridad por el riesgo que supone a su profesión la reforma al artículo 52, fracción II del Código Fiscal de la Federación, el cual establece nuevas obligaciones para los contadores públicos.

En un comunicado, el IMCP considera que son positivas algunas propuestas incluidas en el paquete fiscal 2022 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), entre éstas destaca la obligación de los contribuyentes con ingresos acumulables en el ejercicio inmediato anterior por 876 millones 171 mil 996.50 pesos de dictaminar sus estados financieros para efectos fiscales.

De cualquier manera, estimó que en la reforma persiste la amenaza de intimidación a la objetividad que debe tener un auditor y no considera que la auditoría tenga limitaciones técnicas inherentes que implican el riesgo de que algunos errores significativos pudieran no ser detectados.

Asimismo el SAT transfiere al contador una responsabilidad que es del contribuyente, como es realizar control interno en su empresa para concebir información financiera y así evitar cualquier incumplimiento fiscal, al mismo tiempo que le atribuyen al contador facultades de los profesionales en derecho, además la profesión de contador no está calificada como peritos en el código aduanero, lo que hace difícil que pueda detectar algún incumplimiento en la materia.

Sin duda un momento difícil el que viven los contadores, porque además de adentrarse cada año a los cambios fiscales y ejercer su aplicación, ahora los que auditen empresas con el capital citado deberán tener extremo cuidado en la auditoría, ya que la espada de Damocles estará pendiendo sobre sus cabezas.

NADA ENVIDIABLE

Aguascalientes es una entidad que se considera con apego a la moral y las buenas costumbres, tan es así que se llena de orgullo cuando se menciona que es la tierra de “la gente buena”, eslogan que cae por tierra ante la posición que ocupa como primer lugar en divorcios, que lo mismo se da entre parejas con poco tiempo que aquellas que llevan muchos años. La mayoría de estos matrimonios fueron por la Iglesia, lo que parece no importar que los marginen de los sacramentos. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer que por cada 10 mil habitantes, hay 30.6 separaciones por la vía civil, por arriba de la media nacional que es de 27.6. Una parte de los matrimonios se desunieron por la vía administrativa y otros por la judicial, sin embargo algo que ha influido para que esto se incremente es que ahora no se necesita de un motivo poderoso para solicitar el divorcio, basta con que el hombre o la mujer presente la solicitud sin que deba explicar los motivos.

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