sapiensDavid Reynoso Rivera Río
Octubre es, sin lugar a dudas, uno de los meses en que se conmemoran más acontecimientos históricos para el país y para nuestro Aguascalientes. Si tan sólo partiéramos de un análisis de los últimos días, podemos observar que el 200 aniversario de la Constitución de Apatzingán o el 439 aniversario de la fundación de la Villa de Nuestra Señora de la Asunción de las Aguas Calientes son un motivo más para sentirnos realmente orgullosos de lo que representa nuestro pasado, pero sobre todo, son un aliciente para seguir trabajando como ciudadanos, por mejorar nuestro entorno.
A pesar de la importancia que revisten todos esos acontecimientos, en esta ocasión creí pertinente hacer alusión al tema en boga durante la presente semana, el caso Guerrero. En los últimos días se ha venido mencionando diariamente, la serie de acontecimientos por los que atraviesa dicha entidad federativa; sin embargo, mi atención se vio completamente atraída y consternada al escuchar por parte del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en el Senado, una iniciativa para utilizar una facultad exclusiva del mismo órgano legislativo que prácticamente es una mera remembranza histórica en nuestro texto constitucional, me refiero a la desaparición de poderes prevista en el artículo 76 fracción V de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Como estudiante de Derecho, decidí comenzar el análisis de dicha figura a través de su contenido constitucional y la ley reglamentaria existente. Derivado de dicha investigación pude llegar a la conclusión de que este instrumento previsto constitucionalmente, es la facultad para declarar la desaparición de poderes en una entidad, en virtud de la cual se pone de manifiesto que la estructura fundamental del Estado ha desaparecido en una Entidad Federativa y por ello, es necesario restaurar el orden-gobierno en dicha Entidad mediante la implementación de mecanismos para volver a erigir los poderes.
En conclusión, dicha facultad exclusiva de la Cámara de Senadores, tiene un carácter reparador frente a una situación de facto en la que hay un gran vacío de poderes, y dota de legitimidad a una nueva estructura de gobierno; sin embargo, no es un instrumento para disolver estructuras existentes, ni para deponer gobernantes en turno, pues dicha interpretación trastocaría los pilares fundamentales de los principios de democracia que tan importantes son para nuestro texto constitucional y han constituido el espíritu del legislador constituyente a lo largo de nuestra historia.
Mi descontento surge al analizar dicha figura a profundidad, ya que considero que el análisis realizado por parte de dicho grupo parlamentario es meramente político-mediático, y jamás pasó por un profundo análisis en cuestiones de gobernabilidad. El punto fino y quizá más importante de todo este precepto legal, estriba en que dicha figura primeramente carece de utilidad en nuestro ordenamiento, dado que la desaparición de los poderes en un Estado es un fenómeno que comprende el extinguir tanto el poder Ejecutivo, como el Legislativo al igual que el Judicial de un Estado. Bajo un criterio de objetividad, creo que jamás es ni será justo que paguen justos por pecadores y no podemos juzgar a todos los actores políticos por el mal ejercicio de facultades y la mala administración de tan solo algunos servidores.
Enérgicamente me atrevo a afirmar que dicha figura no es aplicable al caso del Estado de Guerrero, pues, en primer lugar, no es cierto que hayan desaparecido los poderes en Guerrero. En todo caso, concuerdo ampliamente con las declaraciones emitidas el martes pasado por parte del senador Arturo Zamora a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en las cuales insta al gobernador Ángel Aguirre a tomar la decisión de separarse del cargo para intentar bajar la presión social en el estado. Definitivamente, no soy ni seré jamás ajeno a ese sentimiento de impotencia y frustración que como mexicano impera en mí al escuchar este tipo de acontecimientos, y al tratar de ponerme en los zapatos de los millones de guerrerenses, creo que jamás perdonaría que no se hiciera valer el anhelado Estado de Derecho.
Es por eso que creo que la única solución es fortalecer las instituciones y no tratar de debilitarlas con declaraciones mediáticas e irresponsables, y que únicamente demuestran una falta de conocimiento de nuestros textos legales por parte de nuestros representantes que deberían ser unos verdaderos guardianes y peritos, dado que ellos son los encargados de crear las leyes.
Los problemas de Guerrero tales como la falta de transparencia, la impunidad, la poca y mala rendición de cuentas y la existencia de gobernantes coludidos con el crimen organizado, son también nuestros problemas como ciudadanos, ya que sólo en nosotros está el exigir a los partidos políticos, candidatos verdaderamente aptos para los cargos de elección popular, seleccionados previamente a través de minuciosos filtros que permitan tener gobernantes honestos y dispuestos a darle lo mejor de sí a nuestro México.

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