Salvador Rodríguez López

De la expectativa que se vivó al inicio de la actual administración federal se pasó a la decepción, ante el mínimo interés por encausar las actividades productivas, y por el contrario, con un manifiesto desdén a los indicadores de expertos nacionales e internacionales, se mantienen en un nivel mínimo las inversiones de obra pública, no obstante que es uno de los soportes más importantes de la economía mexicana.

Al subrayar la urgencia de reorientar el gasto público, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Aguascalientes (CCEA), Pedro Gutiérrez Romo, señaló que todos los sectores tienen su importancia, por lo que no es válido que a unos se les apoye al máximo a costa de los demás.

Muy cerca de cumplirse el primer año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la mayores inversiones se han destinado al apoyo social, lo que de ninguna manera es desdeñable siempre y cuando se atienda a los demás sectores.

El máximo dirigente del sector privado consideró que es una situación difícil, porque “se está gastando mucho en el tema social y las inversiones están frenadas, hay nulo apoyo al emprendimiento”, por lo tanto esta administración “ha quedado a deber mucho, yo esperaba que iba a llegar mejor estructurada”.

Al haber un freno a la economía se reduce drásticamente el crecimiento del país, lo que se refleja en menos empleos y circulante perjudicando por igual a todos los habitantes, incluidos aquellos que han sido favorecidos con el respaldo económico que otorga el Gobierno.

Ante el casi nulo avance que se registra sólo les queda a los empresarios conservar lo que tienen, principalmente su inversión y los empleos, y dejar para mejor ocasión el crecimiento programado, lo que forzosamente suspende la creación de plazas.

Por si fuera poco, las sacudidas en el mercado internacional afectan el proceder nacional, luego de que el engranaje gubernamental está castigado por la reducción del gasto, lo que ha provocado un crecimiento que ronda el 0%. Es un gobierno que mantiene un severo programa de recorte en el gasto público y que mantiene casi inactiva a la industria de la construcción, con una caída de 6.9% en 2019 pese a ser una de las mayores generadoras de empleo y parte fundamental de la economía a nivel general.

El sector privado sostiene que el recorte presupuestal ya causa estragos en el país, y una de las principales señales es el pronóstico de crecimiento de la economía, que al arranque del gobierno de AMLO, el 1 de diciembre de 2018, se esperaba que fuera del 2% para este año, pero los revisores financieros y el Fondo Monetario Internacional (FMI) mantienen la aguja en 0.9%, lo que es consecuencia de la “austeridad republicana”, que se basa en la reducción de la inversión pública y manejar inflexiblemente este ascetismo, que compaginado con la desaceleración de la economía de Estados Unidos y Europa y la controversia económica e industrial que sostienen Estados Unidos y China, dan como resultado que México sea perjudicado.

Pedro Gutiérrez considera que todavía es tiempo de un cambio, de evitar que el país siga deslizándose y después el ascenso sea más difícil, por ahora la prioridad es que cada empresario adopte las medidas que considere adecuadas para mantener abiertos sus negocios y conserve los empleos.

LA ÚLTIMA MENCIÓN

La contrarreforma educativa recientemente aprobada por las cámaras de diputados y senadores adoleció de los mismos errores que la derogada, al juzgar el director general del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA), Raúl Silva Perezchica, que se enfocó primero en atender la parte administrativa y después la educacional.

Por lo anterior, habrá que estar atentos a que se resuelva sobre lo pedagógico curricular, las cargas horarias y los calendarios escolares, que son de la mayor trascendencia para el desempeño del sistema y sus resultados.

En función de ello se está a la espera de lo que resuelva la Secretaría de Educación Pública (SEP), principalmente las modificaciones en el aspecto pedagógico y curricular, además de que hay preocupación de cómo se solucionará la asignación de plazas, porque se ha insistido que las leyes secundarias permitirán que intervengan los sindicatos y quienes encabecen los gobiernos Federal y Estatal, decisiones que no deben ser de personas sino mediante un reglamento.

Al respecto, el titular de la SEP, Esteban Moctezuma, ha reiterado que las plazas magisteriales están bajo control de la Secretaría a su cargo y no permitirá un retroceso ni un control de personas ajenas a la dependencia, por lo que habrá transparencia en la asignación, que, dijo, es su facultad, sin embargo ha bastado con que alumnos de alguna normal se apropien de autobuses y tomen como rehenes a los choferes para lograr el famoso “pase automático” para los egresados, como recién acaba de ocurrir.

La dubitación de Silva Perezchica tiene como fundamento que las leyes secundarias establecen que para la asignación de plazas, la SEP consultará con las autoridades educativas locales y con las representaciones sindicales que podrán hacer observaciones, asimismo que los egresados de las escuelas normales públicas y de la Universidad Pedagógica Nacional, tendrán prioridad.

Es indiscutible que con la publicación de las leyes secundarias se concluye la parte administrativa y lo que sigue es la aplicación educativa, como son el aspecto pedagógico curricular, las cargas horarias y los calendarios escolares, sin embargo, debió ser primero lo educativo.

Aunque la contrarreforma y las propias leyes secundarias fueron polémicas, el siguiente paso es ajustarse a lo expresado y cumplir de la mejor manera el cambio que se promueve, velando por encima de todo por el bien de niños y jóvenes.

Entre los puntos que se contemplan está que para la asignación de una plaza se tendrán en cuenta las aptitudes y conocimientos del aspirante, la formación docente pedagógica, estudios mínimos de licenciatura, el promedio general de la carrera, cursos extracurriculares con validez oficial, programas de movilidad académica o la experiencia docente”.

Asimismo, la Secretaría de Educación llevará a cabo procesos públicos para informar a las autoridades estatales y representaciones sindicales los resultados de la evaluación de los elementos a tomar en cuenta para la asignación de plazas, y de ser necesario “las autoridades educativas de las entidades federativas y las representaciones sindicales podrán realizar las observaciones”, además, en la distribución de vacantes, luego de que se haya seleccionado a los egresados de las escuelas normales públicas, los puestos restantes se asignarán a los aspirantes con los mejores resultados en los procesos de elección, criterios que serán los mismos en la promoción de directivos y supervisores, que serán considerados por la SEP.

SIGUE LA “PODA” LABORAL

Las condiciones en los centros de trabajo del sector federal están lejos de ser lo apacible que debería de ser, ya que a más de nueve meses de que entró en funciones el gobierno lópezobradorista siguen los ceses, principalmente entre el personal de confianza. Al poner al descubierto las bajas en las dependencias federales, el secretario general del Sindicato de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), José Lazarín Hernández, dijo que hay desasosiego, porque aún cuando se perjudica directamente a los que están en la condición de “confianza”, los que tienen base no están muy confiados ya que existen varias maneras para presionarlos. Tan sólo en Semarnat, Conagua, Profepa y Conafor han sido despedidos en lo que va del año cerca de 50 trabajadores, varios de ellos que cumplían las mismas funciones de sus compañeros de planta pero que estaban encuadrados como de confianza, por lo que sin más fueron dados de baja, lo que representa más del 10% del total que trabaja para las cuatro oficinas. El problema está en que de los 400 que están adscritos, sólo 120 son sindicalizados, por lo que se corre el peligro que se llegue al extremo de que operen al mínimo, en perjuicio de los servicios que aportan.