Salvador Rodríguez López

La sociedad reclama la aprehensión de los individuos que no aceptan vivir dentro de las normas establecidas, en tanto los encargados de los centros de reclusión piden que sea menor la población bajo su resguardo ya que esto genera problemas de control, de seguridad y economía.
Una vía para despresurizar las cárceles sería otorgar la libertad a los que están siendo procesados bajo el sistema convencional de justicia y que aquí no llegan a veinte personas en los tres Ceresos, de acuerdo a la información aportada por el magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Juan Manuel Ponce Sánchez.
En cambio, sí es posible reducir la registro penitenciario mediante un estudio de los delitos que no son graves y sin embargo tienen tras las rejas a quien lo cometió, que puede tratarse del que causó un daño con su vehículo y que a pesar de no haber sido intencional es enjuiciado, o del que sostuvo una riña y provocó heridas, del que cometió por primera vez un hurto obligado por las circunstancias y que al carecer de recursos para contratar un abogado tiene que permanecer en el encierro.
Son múltiples los casos que pueden incluirse en un catálogo de infracciones y que podrían ser pagadas con trabajos comunitarios, lo que es posible cumplir con reimplantar la liberación anticipada por buen comportamiento, algo que en varios sexenios estuvo en práctica y que hoy puede retomar el gobernador Martín Orozco Sandoval.
De acuerdo a la costumbre, el 15 de septiembre y el 24 de diciembre eran las fechas en que se daba la libertad condicionada a cierto número de personas, protocolo que generalmente tenía lugar en palacio de gobierno y con la presencia de los familiares de esas personas. Había un cierto tinte de dramatismo, ya que el preso llegaba a la ceremonia custodiado por varios policías y una vez que recibía de manos del mandatario su boleta de libertad automáticamente cesaba la vigilancia, por lo que a partir de ese momento se reintegrada a la colectividad con el compromiso de no volver a delinquir y su mismo deseo de no regresar a las celdas lo empujaba a buscar una forma honesta de vivir, de lo que la autoridad en encargaba de darle seguimiento por un tiempo.
Con lo anterior se cumplían varios objetivos, en primer lugar concederle la liberación a quien observó buena conducta y deseos de superación, fuera mediante el estudio, el trabajo o en colaboraciones con el propio centro; en segundo, eliminar el gasto para su manutención que es a cargo del propio Estado; asimismo, bajar el número de penados para disminuir las dificultades que surgían cuando llegaban a su límite o presentaba sobrecupo.
De igual manera el gobierno del estado mostraba sensibilidad ante un asunto de suyo emotivo y por otra parte servía para que otros internos siguieran el ejemplo y asumieran una mejor actitud en espera de ser tomados en cuenta para la siguiente fecha.
Alcanzar esos fines es factible, basta con hacer un análisis de los aspectos legales para dejar en las cárceles sólo a los que por el delito que cometieron no pueden quedar en libertad, en tanto los demás podrán salir para reincorporarse a su familia y las actividades productivas.

MAYOR CELERIDAD

Es incuestionable que tener trabajo significa orden, seguridad y confianza en la vida, por lo que siempre es bienvenida la información que indique un ascenso en la creación de empleos, como la que proporcionó el titular del Poder Ejecutivo del Estado, de que hay avances en este renglón.
Bajo ese marco, es importante que los empresarios le impriman mayor velocidad a sus programas de inversión, porque son ellos y no el gobierno quienes generan riqueza y crean los puestos de trabajo, consecuentemente en este sector está la respuesta.
Lo que sí le corresponde a la administración pública es facilitar las gestiones que requieran y abreviar los trámites para el inicio o ampliación de un negocio, algo en lo que todavía hay dificultades, de acuerdo a lo planteado en distintos foros y por declaraciones. Hace falta una oficina multi-trámites, en donde se concentre los requisitos que exigen las dependencias federales, estatales y municipales para que en cuestión de días o a lo sumo de dos o tres semanas pueda tenerse todas las autorizaciones.
En los casi cinco años de la administración del presidente Enrique Peña Nieto, Aguascalientes ha generado 68 mil 322 empleos para ocupar el lugar 14 a nivel nacional, lo que en sí es positivo ya que tener 13 mil 600 por año es una respuesta a los jóvenes que se incorporan al mercado del trabajo, pero hace falta que llegue a 20 mil para cubrir la demanda.
También se necesita un mayor esfuerzo para no rezagarse con los estados vecinos, ya que por ejemplo Jalisco logró en ese mismo período 314 mil 011, por lo que quedó en segundo lugar; Guanajuato está en el cuarto sitio con 225 mil 402 y San Luis Potosí en el 12 al registrar 77 mil 670 empleos. El único que quedó más abajo fue Zacatecas que tuvo 25 mil 672 para quedarse en el sitio 21.
En estos resultados se debe tener en cuenta el número de habitantes y de negocios que tiene cada entidad, por lo que no hay punto de comparación con Jalisco y Guanajuato, que tienen municipios que gozan de independencia económica e industrial, en cambio Aguascalientes sigue concentrando las actividades productivas en el municipio de la capital, por lo tanto hay que instituir incentivos para que las nuevas empresas se instalen en los demás.
Sobre el particular hay quienes critican que el gobierno del estado otorgue terrenos y absorba los costos para la construcción de vialidades e instalaciones eléctricas, por considerar que las firmas pueden hacerlo, lo que en efectivamente ellas tienen esa capacidad, pero al solicitarlo buscan aminorar gastos, sin embargo su creación favorece a la sociedad al haber empleo y que a su vez genera circulante que apoya a infinidad de ramas productivas.
El período que encabeza Martín Orozco puede ser el del despegue municipal y junto con los alcaldes dar el máximo de facilidades a los empresarios para que se instalen en cada lugar, lo que sentaría un precedente para los que vengan después sigan esta línea.
Es tiempo de combinar las actividades agropecuarias con las industriales y en esta coexistencia cada municipio tenga un destino económico propio, en donde sus habitantes disfruten oportunidades de empleo, estudio y desarrollo, lo que por otra parte contribuiría a que la zona metropolitana tenga un menor crecimiento. En las actuales circunstancias la creación de fraccionamientos en la ciudad y en San Francisco de los Romo y Jesús María se hace a costa de desaparecer campos de labranza.
Para alcanzar cada una de esas metas deben unir esfuerzos las esferas pública y privada, lo que no es una tarea fácil ya que tienen distintos enfoques pero con un poco de disposición pueden acercarse los puntos para hacer posible un progreso distinto para Aguascalientes.

LUCHAN CONTRA AIRBNB
En consonancia con sus colegas de otras partes de la República, la Asociación de Hoteles y Moteles de Aguascalientes exigen que se someta al imperio de la ley a la plataforma Airbnb, al considerar que es una competencia desleal y que no paga impuestos. Tan sólo en esta entidad se han detectado más de 300 espacios en oferta, lo que a decir del presidente de los hoteleros, Francisco Javier Mendoza es un riesgo para el usuario, puesto que son albergues clandestinos, sin registro ni seguro de responsabilidad civil, sin garantías de seguridad ni de respeto a las reservaciones hechas y por lógica el que facilita estos lugares no cobra el Impuesto Sobre la Prestación de Servicios de Hospedaje. Lo que debe hacerse es algo similar a lo registrado hace unos días en Pamplona, España, donde rentaban ventanas por las calles donde pasarían los corredores que iban adelante de los toros que se lidiarían en cada fecha y que la autoridad municipal obligó a registrar para que pagaran el gravamen correspondiente y quien no lo hizo recibió una multa equivalente a tres veces a lo que cobró.