Jesús Eduardo Martín Jáuregui
Carlos Llano Cifuentes quien fuera rector general de la Universidad Panamericana, un referente fundamental para la creación de la Universidad Bonaterra, ahora campus de aquella, decía que cuando el desarrollo no es uniforme se producen monstruos. Si sólo crece la nariz y no las orejas, si sólo crece la parte izquierda y no la derecha, si sólo crece un ojo y el otro se queda pequeño, el resultado es monstruoso o cuando menos deforme.
En Aguascalientes parece que nos está sucediendo algo semejante. En tanto que se han desarrollado fuertemente áreas claves para el crecimiento económico, se han logrado estándares de ingreso aceptables, se ha reducido el desempleo y la pobreza y se ha disminuido la incidencia de los delitos llamados de alto impacto, atribuidos las mas de las veces a “la delincuencia organizada”, se ha incrementado notablemente la adicción a drogas permitidas, toleradas y prohibidas, se ha reducido peligrosamente la edad de inicio en las adicciones, encontrando que en zonas marginales de la capital, y en la zona metropolitana que comprende los municipios de Jesús María y San Francisco de los Romo frecuentemente se “inauguran” los usuarios de alguna droga, particularmente la llamada “cristal” desde los 8. El fenómeno del suicidio ha alcanzado los niveles más altos en la república, lo que parecería incompatible con los datos duros de crecimiento y desarrollo. Los asaltos y robos han crecido exponencialmente. Una hipótesis con cierto fundamento es que los adictos delinquen para sostener su adicción, llámesele “juego”, alcohol o drogas. Y no se ha terminado de aceptar que se trata de un problema de salud pública, no sólo de seguridad.
La respuesta policíaca se ha endurecido. Los mandos militares han incorporado los conocimientos de una disciplina enfocada a otras tareas, no a la policíaca, y han tenido que coexistir con las aspiraciones de una convivencia armónica, un respeto a los derechos fundamentales y la protección a la integridad y bienes de una persona. Los resultados no han sido lo satisfactorios que todos quisiéramos. Las declaraciones de los dirigentes de organismos intermedios, de organizaciones de la sociedad civil y aún la proliferación de intentos de “linchamiento”, muestran ante el triunfalismo de las declaraciones de los jefes policíacos, que la percepción de la ciudadanía es de que la delincuencia “desorganizada” ha cundido, lo que probablemente sea consecuencia del actuar discreto de una delincuencia organizada.
En los años recientes la presencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos se ha acentuado, lo que se puede constatar con las menciones en los diversos medios de comunicación, con el aumento de “amigos” en las redes sociales: Facebook y Twitter, con el número de personas atendidas y con la respuesta de las autoridades que si bien, algunas muy focalizadas, son renuentes a proporcionar la información completa y adecuada, lo hacen de manera pronta, justificando su tardanza o su parcialidad, con la participación en los eventos promovidos por las organizaciones de la sociedad civil.
Persiste sin embargo por parte de las autoridades, particularmente las policíacas, la concepción de los organismos de Derechos Humanos como antagónicos a su función y no colaboradores para la consecución de un verdadero estado de derecho. Es injustificable pretender desacreditar una institución que surge para la protección, defensa y garantía de los ciudadanos, sí y solo sí, son violados sus derechos fundamentales por órganos de autoridad directa o delegada. El marco de referencia y límite de actuación es la norma, la constitucional y la convencional.
No se puede pasar por alto la creencia mas o menos generalizada de que los organismos de Derechos Humanos “defienden a los delincuentes”, producto de una información incompleta y de declaraciones tendenciosas, cuando no abiertamente perversas. Un análisis somero de las acciones de los organismos protectores de Derechos Humanos, muestran el amplio abanico de servicios y la multitud de temas en los que se interviene, que abarca desde charlas informativas y formativas con preescolares hasta diplomados con valor curricular conjuntamente con universidades; desde apoyo por la falta de atención en una clínica hasta la promoción ante la Suprema Corte de Justicia de acciones para la mas amplia protección de los derechos de los ciudadanos; desde la atención sicológica a una mujer que sufrió maltrato por su pareja hasta las visitas al centro de Reinserción para Mujeres, para cerciorarnos que se proporcione atención, cuidado y alimentos adecuados a los menores de madres internas; desde la queja de un ciudadano por una infracción ilegal de tránsito hasta la recomendación por trasladar un reo ilícitamente de un estado a otro estado, alejándolo de su familia y complicando sus posibilidades de reinserción.
En México se ha derramado mucha sangre en la lucha por las libertades, de ello dan cuenta las cuatro principales revoluciones que hemos experimentado: la de Independencia, la de Reforma, la de 1910 y la Cristera, mucha, demasiada, se ha derramado en un combate cruento a la delincuencia organizada, sin que a diez años puedan contemplarse avances significativos y, por el contrario, según los instrumentos de medición de organismos internacionales, la corrupción, la impunidad, la tortura, la injusticia, la inequidad son prácticas comunes y generalizadas.
En nuestro estado quedan muchas asignaturas pendientes que requieren, además del esfuerzo y dedicación de los organismos de la sociedad civil, el trabajo sin descanso de los organismos públicos de Derechos Humanos, Nacional y Estatal, la voluntad política de las autoridades para que, a corto plazo se empiece a recopilar la información para crear el Programa Estatal de Derechos Humanos, que comprenda las áreas fundamentales: tortura, violencia familiar mayormente de género, atención a personas con discapacidad, desapariciones forzadas, desplazamiento interno, migrantes, comunidad LGBTTTI, de manera especial la atención a menores en situación de calle, familias monoparentales, nuevas formas de convivencia y de organización social, etc..
Quizá la tarea más importante de las autoridades y de los organismos de Derechos Humanos en un país democrático, es conocer y dar a conocer los límites de la Democracia. Mostrar y demostrar que los “derechos fundamentales” no son sujetos a plebiscito, a ocasión de oportunidad, a consenso, ni a pactos más o menos subrepticios. Que deben ser preservados como condición sine qua non, he allí la paradoja, de la democracia y como fin último del ejercicio del gobierno cuya soberanía emana de ella.
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