Jesús Eduardo Martín Jáuregui

NB.- Para los amables y para los despistados lectores, ofrezco una disculpa por no aparecer el p.p. miércoles. El texto de alguna manera lo explica.

En el impresionante espacio del patio de Palacio Nacional, con el ambiente extraordinario de las rítmicas y austeras arcadas de piedra oscura, se podría evocar como mas tarde comentara el General Baena la primera violación de los derechos humanos de un combatiente, campo en el que nuestro país ha sido pionero, cuando el joven Cuauhtémoc arrojado a la lucha por la inopinada muerte de Cuitláhuac a causa de la viruela recién estrenada en territorio mexicano por un soldado a las órdenes de Pánfilo de Narvaez, habiendo sido capturado por Malintzin (Hernán Cortés) sometido a tormento conjuntamente con Tlacaelel, le respondiera valiente y estoicamente a su reclamo de confesar al conquistador el sitio en que se ocultó el tesoro de Moctezuma: “Acaso yo estoy en un lecho de rosas”.

En el marco del recuerdo y en el marco del Palacio Nacional convocados por el Gobierno Federal se reunieron el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los gobernadores de las entidades federativas y en el presidium el presidente de la CONAGO y gobernador de Aguascalientes, las presidentes de las comisiones de Derechos Humanos del Senado y la Cámara de Diputados, los secretarios de estado, el Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el rector de la UNAM, los titulares de los organismos de defensa de Derechos Humanos de las entidades federativas, el representante de la Alta Comisionada de la ONU contra la tortura, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y varios etcéteras de los gobiernos federal, estatales, de organizaciones no gubernamentales, iniciativos privados y demás, se presentó el Programa Nacional de Derechos Humanos por el Presidente de la República que hizo mano y, valga la redundancia presidió la reunión, que con justicia y por su representación podría caracterizarse metafóricamente como “de la república”.

Bien es cierto que el mentado programa ya había sido publicado en el Diario Oficial de la Federación hace algunas semanas, pero no le hace, no por ello la presentación deslució y en éste, nuestro México tan proclive a la pompa y circunstancia nunca está de mas una ceremonia que resultó el equivalente a la presentación en sociedad de una quinceañera (sin demérito de ninguna quinceañera), dando el espaldarazo o la patadita de la buena suerte (que aunque en otras cosas nos vaya de la patada en el deporte de las patadas no nos está yendo nada mal), el Presidente lució relajado y la reunión resultó agradable si no fuera por ciertas descortesías que no parecieron desintencionadas teniendo como recipiendario al titular de la CNDH, en fin, pelillos a la mar que lo relevante es el Programa.

En la ceremonia hablaron además del Presidente de la República, el Secretario de Gobernación, el Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la CONAGO y el rector de la UNAM. Merece la pena destacar por su peso específico (así he visto que dicen los buenos columnistas) la intervención presidencial (de la república conviene aclararlo dado la multitud de presidentes que se encontraban en el acto), señaló entre otras cosas que: “Nuestro objetivo es transitar del reconocimiento de los Derechos Humanos económicos, sociales, culturales, ambientales, civiles y políticos de las personas, a una política de Estado que garantice en la práctica, su efectivo cumplimiento.”

Probablemente esta sola cláusula del discurso presidencial bastaría para caracterizar la tónica y el talante de la reunión. Para decirlo pronto y mal, puso el dedo en la llaga. Justamente el talón de Aquiles del sistema jurídico mexicano es la resistencia para actualizar en acciones concretas los contenidos normativos. La reticencia de las autoridades para asumir que sus inferiores pueden no acatar sus órdenes y pueden no cumplir con los “estándares” (esa palabra la usó el Presidente) internacionales en materia de derechos humanos. El miedo a aceptar un fallo por suponer que significa claudicar, mostrar debilidad o ineficiencia. Querer tapar el sol con un dedo ante las evidencias documentales y considerar a los ciudadanos como retrasados mentales que creen las retorcidas urdidumbres textuales que justifican la violación de derechos humanos a partir de la argumentación universal de la respuesta a la agresión de los ciudadanos. Considerar la represión como la respuesta necesaria ante las faltas ciudadanas erigiéndose en supremo juez de su conducta, regresando “mal por mal”. Olvidar que la autoridad debe ser primeramente disuasiva no atemorizante ni represiva.

El Presidente señaló asimismo cuatro características del Programa: primera que siendo nacional trasciende el ámbito de la Administración Pública Federal e involucra a los tres poderes y a los órganos autónomos, por lo que se puede considerar como política de Estado. Habría que matizar la declaración Presidencial, una política de estado habría de trascender el Gobierno y permear realmente en la sociedad. Es de todo punto deseable que este Programa se convierta en auténtica política de estado. Falta mucho.

Segunda: que coloca a derechos humanos en el centro de todas las acciones del Gobierno constituyendo un eje transversal que abarca a todas las dependencias de la Administración Pública Federal. Aquí habría que insistir en la necesidad de que esta visión transversal sea aceptada y apoyada por los organismos públicos federales, estatales y municipales y conocida y demandada por los ciudadanos. Es indispensable la promoción de Derechos Humanos, el conocimiento de su alcance y contenido para que el ciudadano sea corresponsable del cumplimiento de la autoridad de los catálogos mínimos de Derechos Humanos.

Tercera: promueve la articulación eficaz a partir de que Derechos humanos son una responsabilidad de Estado, compartida por los Poderes, órdenes de Gobierno y sociedad civil.

Finalmente, cuarta: se incorporan en el programa mecanismos de información y evaluación independientes y se establecen indicadores para medir y evaluar el goce y ejercicio de derechos humanos, prevé cómo integrar información actualizada, accesible, oportuna, confiable y objetiva para la toma de decisiones, y, algo verdaderamente relevante: el Programa adopta la metodología de indicadores del Alto Comisionado de las Naciones Unidas y de la Organización de los Estados Americanos.

La lectura del Programa resulta indispensable para las autoridades en cualquier ámbito, y necesaria para todos los interesados, que debieran ser todos los ciudadanos. El texto es asequible en el sitio del Diario Oficial de la Federación en la edición del treinta de abril de los corrientes.

El ideal democrático implica transitar de una democracia electoral, a una democracia participativa que tienda democracia deliberativa en la que los ciudadanos tomen parte activa en la toma de decisiones y en el ejercicio gubernativo. ¿Es mucho aspirar? Sí, por supuesto, pero no podemos como república aspirar a menos y desde luego esa aspiración tiene que transitar por el respeto irrestricto a los Derechos Humanos.

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