CDMX. -El Rey Juan Carlos fue demandado por cinco presuntos delitos fiscales contra la Hacienda Pública española cometidos entre 2014 y 2018.
La querella fue presentada por cinco magistrados retirados del Tribunal Supremo, fiscales anticorrupción ya jubilados, y diferentes intelectuales (entre los que se encuentran ex presidentes de la Audiencia Nacional), catedráticos de derecho, filósofos y periodistas.
Argumentan que las dos regularizaciones fiscales que el padre del Rey Felipe VI presentó a la Agencia Tributaria en los años 2020 y 2021, pagando un total de 5 millones de euros, y que la Fiscalía General del Estado dio por buenas en 2022, no cumplirían con los requisitos legales, ya que se habrían efectuado cuando al Monarca se le había notificado en dos ocasiones que había una investigación abierta en su contra por hechos con «relevancia tributaria».
Y al tener conocimiento de que estaba siendo investigado, realizó una autoliquidación de las rentas correspondientes a dichos ejercicios fiscales, de 2014 a 2018, tras no haber declarado en su momento los millonarios ingresos que habría recibido a través de la fundación Zagatka, presidida por su primo Álvaro d’Orleans.
Solicitan que el Rey Emérito de España sea llamado a declarar desde su domicilio de Abu Dabi por los delitos contra la Hacienda española, que podrían ser castigados con penas de dos a seis años en prisión y una millonaria multa.
