Integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, así como el ex dirigente de la Coparmex, Miguel Aguirre Arias, y Francisco Ruiz López, presentaron dos denuncias penales en contra de diputados locales como presuntos responsables por el desvío de 140 millones de pesos por medio de pagos de servicios administrativos y legislativos, incluso en empresas fantasma.

Con la intención de que se pueda acreditar a la ciudadanía como víctima de corrupción, fueron presentadas las denuncias ante la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción del Estado y ante la Fiscalía General de la República, respectivamente.

De acuerdo con una investigación documentada, se presume que al Congreso del Estado, durante el 2018 y 2019, más de 20 empresas llegaron a cobrar 140 millones de pesos por servicios administrativos y legislativos, es decir destinaron cerca del 70% de su presupuesto anual al pago de servicios incluso a empresas inexistentes, algunas de ellas investigadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Los denunciantes buscan que sea aplicado lo estipulado en el artículo 108 del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como el artículo 4 de la Ley General de Víctimas, con la finalidad de que durante el periodo que transcurra el litigio pueda constituirse a los ciudadanos como víctimas del delito y coadyuvantes de la investigación en proceso.

Aguirre Arias y Ruiz López precisaron que lo que se busca además es evitar que dichos hechos queden impunes y llegar a las últimas consecuencias.

“Atentos al nuevo régimen de responsabilidades administrativas, el denunciante “ha dejado de ser un simple vigilante para convertirse en un actor fundamental” del sistema, como según lo establece el Congreso de la Unión, la denuncia es “el elemento que permite hacer efectiva la rendición de cuentas constante y sistemática, que toda democracia necesita”, expresaron.