Víctor Fuentes
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) denunció al Instituto Nacional Electoral (INE) por reducir el número de casillas para la revocación de mandato del 10 de abril, y, por tanto, incumplir la orden que dictó un ministro de la Suprema Corte de Justicia.
María Estela Ríos, titular de la CJEF, presentó ante la Corte un recurso de queja para denunciar el Acuerdo INE/CG51/2022 del 4 de febrero, en el cual se fijaron los lineamientos para la revocación, después de que la Secretaría de Hacienda negó al órgano electoral los recursos que solicitó.
Si la Corte llega a declarar fundada esta queja, los nueve integrantes del Consejo General del INE serían responsables del delito federal de abuso de autoridad, por desobediencia a la suspensión dictada el 31 de enero por el ministro Juan Luis González Alcántara, en la controversia constitucional 209/2021.
En dicha suspensión, el ministro ordenó al INE «ejecutar el proceso de revocación de mandato, de la manera más conveniente, como lo permita el presupuesto programado».
«En flagrante contravención con dicha determinación judicial, el INE emitió el Acuerdo INE/CG51/2022, donde de manera discrecional e injustificada, disminuyó el número de casillas para el ejercicio democrático de revocación de mandato», afirma en su queja la CJEF.
Agrega que el INE optó por un «modelo particular» basado en las unidades territoriales utilizadas para la consulta popular de agosto de 2021 sobre investigación a ex presidentes, en la cual sólo se instalaron 57 mil 77 casillas, y sólo participó 7.1 por ciento de los electores.
«El INE, de manera discrecional e injustificada, determinó tomar como base las unidades territoriales aprobadas para el proceso de consulta popular celebrado el 1 de agosto de 2021, para definir el número de casillas a instalar en la jornada de revocación de mandato, lo que resulta contrario al mandato constitucional y legal, el cual, como órgano público autónomo, se encuentra obligado a cumplir, sin excepción alguna», agregó la CJEF.
La Ley Federal de Revocación de Mandato ordena instalar para este ejercicio el mismo número de casillas que para la última elección federal, es decir, 162 mil 570.
El INE justificó en su acuerdo que, para instalar tal número de casillas, requería 3 mil 830 millones de pesos, pero que le faltan mil 738 millones, ante la negativa de la Cámara de Diputados y Hacienda para autorizarle más presupuesto.
Por tanto, para la revocación sólo habrá 57 mil 500 casillas, y con ese número, el INE consideró que estaba acatando la orden de González Alcántara.
Pero según la CJEF, la orden del ministro no podía llevar a una reducción del número de casillas, pues ello impide que la participación ciudadana sea conforme al listado nominal, lo que viola el artículo 35 de la Constitución y la LFRM.
Por lo pronto, González Alcántara rechazó el pasado lunes dictar una orden inmediata al INE para incrementar el número de casillas, y le dio 15 días hábiles para rendir un informe sobre el cumplimiento de la suspensión.
Esto quiere decir que la revocación, necesariamente, se realizara con las 57 mil 500 casillas programadas, pues sólo faltan 12 días para la jornada.
Una vez que el INE rinda su informe, el ministro deberá elaborar un proyecto de sentencia, en el que establezca si a su juicio el órgano electoral cumplió su orden, si la cumplió de manera defectuosa o si no la cumplió.
Este proyecto tendrá que ser votado por el pleno o una de las salas de la Corte.

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