En el ISSSSPEA hay alrededor de 20 mil afiliados, entre burócratas estatales y municipales; del toral, cerca de seis mil son pensionados; el monto más bajo es de 250 pesos mensuales -sí, mensuales-, y el más alto de 162 mil pesos, lo que evidencia una enorme disparidad, es decir que hay ingresos de hambre y faraónicos.

Particularmente las pensiones del Poder Judicial son las más elevadas, como la citada, y también hay de 40 mil a 80 mil pesos mensuales.

Actualmente 120 a 150 personas se encuentran en proceso de jubilación y del total de afiliados, 758 personas tienen 65 años y más, pero se resisten a jubilarse porque con la pensión que obtengan no les alcanzará para cubrir sus necesidades básicas.

Recuérdese que antes de la Ley del ISSSSPEA del 2018, las entidades públicas patronales, se encontraban en libertad de afiliar a los trabajadores con un 10 ó 20 por ciento de sus ingresos, al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes.

En consecuencia, al reducir los ingresos reales, para pagar menos cuotas a Instituto, los trabajadores obtienen una pensión acorde a la cantidad con que fueron afiliados y el salario se disfrazaba con compensaciones de diversa índole.

Dada estas circunstancias desfavorables para los trabajadores, actualmente, por ley, deben ser afiliados, con mayor porcentaje, para garantizar pensiones más dignas.

El Artículo 221, establece que corresponde a las Entidades Públicas Patronales afiliar a todos los servidores públicos que presten sus servicios, con un sueldo base de cotización de al menos el 70%, para los trabajadores de base, y de al menos un 60%, para los trabajadores de confianza, sobre el sueldo bruto, independientemente de los conceptos que constituyen el pago de sus servicios.

Las entidades que no incorporen a todos sus servidores públicos o aporten en un porcentaje menor al citado, serán responsables del pago de las cuotas y aportaciones a que pudieran tener derecho.

Las que hayan incorporado a sus servidores públicos al Instituto con anterioridad a la vigencia de ésta Ley, pero no desde la fecha de inicio de la prestación de sus servicios, serán responsables del pago en la proporción que les corresponda, de conformidad con los años de aportación requeridos para cada prestación.