Se consumieron once meses de la actual administración sin que, al menos, se fijen las bases para llevar a cabo la prometida modernización del transporte público, por lo que miles de usuarios seguirán en espera de que algún día reciban un servicio cómodo y conveniente en todos sentidos.

Cada vez que le preguntan a Armando Roque Cruz, secretario de Gestión Urbanística y Ordenamiento Territorial, sobre la renovación del trasporte público, asegura que están en estudio cambios en el Código Urbano y la Ley de Tránsito, mientras tanto siguen sumándose los problemas, como el de Uber, que desde el año pasado se mantiene en el limbo y por ello nadie sabe cuántos vehículos son, quiénes los manejan y cuál es la seguridad que tienen para los pasajeros, entre otras cuestiones básicas.

El caso de los camiones urbanos, que movilizan diariamente a cerca de 400,000 personas, lejos de cumplir las obligaciones que ellos mismos se echaron a cuestas, lo que hacen es presionar para que les autoricen otro aumento en la tarifa, pese a las condiciones en que está el servicio.

Poco antes de que la anterior administración estatal incrementara el importe, al pasar de 6.00 a 7.50 pesos, se dio a conocer que el 41% de los carros son chatarra; de las 697 unidades, 284 tienen una antigüedad mayor a los 10 años, por lo que ya no deberían circular, conforme lo dispone el Código Urbano, sin embargo lo hacen porque las autoridades lo permiten sin importar el riesgo que corren pasajeros y choferes y los conductores de otros vehículos.

Ante el reiterado reclamo de los usuarios por las condiciones en que se encuentran los autobuses, sumado al desquiciamiento de rutas y horarios, así como el mal estado mecánico en que se encuentran varios de ellos, los concesionarios responden que no hay dinero para mejorar o renovarlos.

Sostienen que la única manera para hacerlo es que, en primer lugar, les aprueben un aumento a la tarifa, que podría ser de 11 o 12 pesos, y que de lograrlo se comprometen -una vez más- a tener “un transporte de primer mundo, con modernidad, con unidades nuevas, aire acondicionado, suspensiones bajas, que no vayan al tope, con servicio inalámbrico de Internet, información digital en los carros y diversa infraestructura”.

Ahora bien, si el público se conforma con un “transporte regular”, sin servicios adicionales, entonces podrían aceptar una tarifa entre 8 y 9.50 pesos, sin que les exijan una mejora, puesto que es lo que puede atenderse con ese ingreso.

Pese a su alegato de que trabajan con pérdidas, no mencionan lo que obtienen por la expedición de la credencial de descuento a los estudiantes, mismo que incrementaron sin previo aviso. En el ciclo anterior (2016-2017) costó 100 pesos tramitarla por primera vez y en agosto pasado fue de 130 pesos, mientras que la reactivación subió el doble, de 30 a 60 pesos, para jóvenes de preparatoria y universidades; respecto a los alumnos de secundaria y primaria el precio llegó a 90 pesos, y la reposición por extravío, que era de 150 pesos, ahora es de 170 pesos.

Por si no fuera suficiente, hace tres años la Federación de Estudiantes de la UAA denunció que la Alianza de Transportistas determinó que la mica pasó a tener una vigencia semestral, en lugar de anual como había sido común, por lo que de un plumazo duplicaron el ingreso.

Lo que lleva a cabo ATUSA no está vigilado ni supervisado por la autoridad, de ahí que ellos deciden cuándo es aceptada la credencial, que por regla general no lo permiten sábados, domingos y días festivos, aún cuando en el caso de los bachilleres y universitarios tienen clases los fines de semana.

Son anomalías que se agregan al mal servicio que recibe todos los días el 40% de la población total del estado y que una y otras vez se ofrece que se eliminarán con cambios a la ley, sin embargo, es una reforma que está “encantada”, lo que podría ser posible sacar de ese estado antes de las elecciones que tendrán lugar del año próximo, como parte de una estrategia política, así que habrá que aguardar que algo deje el proceso comicial en marcha.

¡ES LA MAFIA!

Aficionado al beisbol desde su infancia, Andrés Manuel López Obrador sabe que no existe el famoso librito, del que todos hablan a la hora de que el manager ordena una jugada, por lo que hoy, en su vida política aplica el mismo principio al imputar a la “mafia que está en el poder” todos los males que pasan en el país y de lo que le salpican a él y a su entorno.

En su visita a Calvillo el domingo pasado, aseguró que las acusaciones que pesan sobre el Partido del Trabajo (PT) son “puros cuentos” y una clara “represalia, acoso” de la “mafia del poder”, por lo que el pueblo no debe hacer caso a lo que se dice en contra de los dirigentes nacionales y de Aguascalientes, en relación a la supuesta malversación o desvío de fondos destinados a los Cendis que tienen en varias partes de la República, de lo que la Procuraduría General de la República se ha encargado de difundir.

Sostuvo que la esposa del dirigente nacional del PT, Alberto Anaya, y el presidente del comité estatal, Héctor Quiroz García, “son víctimas del acoso gubernamental”, como resultado de que este partido apoyó “a la maestra Delfina” en la controversia que se generó tras las elecciones locales del Estado de México, algo que no le gustó “a Peña”, además del temor que despierta que Morena gane las elecciones presidenciales de julio próximo, por lo que “la mafia hará todo lo que esté a su mano con tal de impedir que se lleve a cabo un cambio verdadero en el país”.

En su visita anterior, a Villa Juárez, Asientos, López Obrador señaló que el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) “no son árbitros confiables” para la elección de 2018, porque ambos están al servicio de “la mafia del poder”.

Para el dos veces candidato presidencial y aspirante a otra, “no son organismos ciudadanos, independientes, autónomos, sino que están al servicio de la mafia del poder, por ello debemos pensar en llamar a los ciudadanos a que defiendan el voto”.

“Votar por quien sea, pero hay que acudir a las urnas”, pidió, y no sólo eso, sino que todos los ciudadanos exijan que se respete su voto, “esta es la gran alianza, ese es el gran acuerdo, que se respete la voluntad popular de los mexicanos, que no haya fraude”.

Por si la elección no le es favorable el tabasqueño se blinda con bastante anticipación, al considerar desde ahora que ambos organismos pueden robarle el apoyo social, lo que le permitirá recorrer el país en demanda de que la “mafia” respete la voluntad de sus simpatizantes, por lo tanto se augura que la campaña, la jornada electoral y lo que venga después será sumamente abrupto.

COALICIÓN EN EL AIRE

La alianza que mantuvieron hasta la pasada elección el PRI y el PVEM está condicionada a que los priistas cedan más de lo que hicieron en los anteriores comicios, por lo que se antoja difícil que el tricolor se deshaga de alguna de las candidaturas de representación proporcional, que son las codiciadas. La disposición es que vayan por algunas de las de mayoría y demuestren de lo que son capaces, aunque viéndolo desde otro ángulo sería el momento para que se deshagan de esa rémora que sólo problemas ha traído a los ocupantes de la finca de López Mateos y Cosío.