El mejor método para evitar “mano negra” en la asignación de recursos públicos, destinados a obra pública, es el que practica la actual administración estatal, al organizar un sorteo entre los constructores que ganaron el derecho de participar en el proceso, por lo que ahí, ante la vista de todos, se llevó a cabo la rifa.

A partir de 2017 es la tercera vez que tiene lugar, al entregarse 80 millones de pesos para 112 proyectos, con lo que podrán iniciar las actividades, mientras llega el apoyo federal, que como es costumbre llega entre el segundo y tercer trimestre.

El gobernador Martín Orozco Sandoval subrayó que de esta manera se asegura transparencia e imparcialidad en la asignación y se confía que quienes ganaron lleven a cabo las acciones con el profesionalismo que caracteriza a los constructores locales, que en reiteradas ocasiones han dado muestras de garantía y honestidad.

Dijo que para el gobierno estatal es de suma importancia respaldar la rama de la construcción, ya que es de las más dispersoras de recursos que benefician a casi 40 ramas de la economía y que ofrece mayor número de empleos, con lo que al haber obras se cumplen varias funciones que favorecen directa e indirectamente a la sociedad.

El mandatario recordó que pese a los recortes financieros de la Federación, Aguascalientes mantiene su marcha, que avanza y crece y de su parte seguirá ofreciendo el respaldo necesario a quienes participen en el desarrollo de la entidad, en ese caso con obras que fortalezcan el progreso y se alcance una mejor calidad de vida para todos los habitantes.

Las cuotas se concedieron a cuestiones fundamentales, como salud, vialidades y consolidación del Corredor Tres Centurias, informó el secretario de Obras Públicas, José de Jesús Altamira Acosta, en que el 90% de los recursos son de origen estatal.

El sistema de tómbola para entregar los trabajos es bienvenido por la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), apuntó su presidente Francisco Romero David, al considerar que es un esquema diáfano, que además permite la participación de empresas de menor tamaño y deja en claro el propósito de las autoridades estatales de darle un empuje a este sector.

Además de los interesados asistieron los presidentes de los colegios de ingenieros civiles, arquitectos, ingenieros electricistas, de la Federación de Colegios de Ingenieros, la Asociación Nacional de Laboratorios de la Industria de la Construcción A.C. (Analisec), funcionarios locales y federales y un representante del Congreso del Estado.

EL FEO DE LA FERIA

Hay servicios imprescindibles para la sociedad, como el  transporte urbano, que tiene todas las miradas puestas en lo que hace y deja de hacer y aunque se ha ganado a pulso el desdén social que la autoridad estatal lo hace suyo – al no autorizarle el ansiado aumento a la tarifa -, resulta excepcional que una agrupación de empresarios (Coparmex) se congratule de que no le autoricen el incremento.

Es de sobra conocido que los concesionarios de los autobuses son dueños de las unidades, que tienen un capital invertido de varios millones de pesos y con personal bajo a su mando, por consiguiente son patrones, tal vez no en la cuantía de los que agrupa la Confederación Patronal de la República Mexicana, pero son de la misma clase.

A través de alianzas con otros grupos se ha autodefinido como vigilante para que ATUSA ofrezca una mejor atención a los más de 300 mil usuarios que todos los días utilizan ese medio de locomoción y ahora que el gobierno del estado rechazó la solicitud de elevar el cobro, Coparmex señaló que la autoridad debe mantenerse firme hasta que se optimice el servicio.

El presidente estatal de ese organismo, Raúl González, afirmó que al igual que aquí, en otras partes del país están al tanto de lo que sucede en torno a este tema, en demanda que sea un modelo que ofrezca eficiencia, capacidad y garantía, porque en las actuales condiciones “es deficiente y caro”.

Por lo anterior “solamente alguien que definitivamente está en contra de la economía de la población, pensaría en aumentar un servicio que a todas luces es caro” y no sería dable que se permitiera el alza pues ni siquiera “hay una contraprestación a la tarifa actual”, por lo que alertó a la autoridad que esté preparada para las presiones que ejerzan los camioneros, sin embargo “pueden hacer todos los paros que quieran, pero realmente la situación es que el servicio de transporte público está en pésimas condiciones, la ciudadanía no está de acuerdo en un aumento y la postura debe mantenerse en un no rotundo”.

Este Diario ha publicado en innumerables ocasiones las quejas de los usuarios, que es una obligación que tiene con sus lectores.

Ahora bien, que la Federación de Trabajadores de Aguascalientes (FTA) entre en el debate es hasta cierto punto normal ya que representa a casi 90 mil obreros, por lo que el dirigente José Alfredo González está obligado a hacerlo, sólo que aquí hay un conflicto, porque dentro de esta organización está el Sindicato de Operadores del Transporte Urbano, que dirige Roberto Mora  Márquez, y que está en pláticas para mejores condiciones laborales y económicas.

En base a lo anterior habría un “apretón de tuercas” de la FTA para que la Alianza de Transportistas Urbanos y Suburbanos de Aguascalientes (ATUSA) ceda a las demandas que tenga la representación de casi 1,100 choferes.

La filial de la CTM se pronunció porque se abra a la competencia el servicio – algo a lo que se han opuesto tenazmente ATUSA -, al establecer que no se puede atender una población creciente con el mismo número de carros, por lo que está claro que hay un rezago notable en la calidad que recibe el público.

Para no dejar nada a la imaginación, José Alfredo González precisó: “        Creo que (las autoridades) han sido muy tolerantes con los concesionarios, con ATUSA, para que no logren cambiar”, lo que achacó a los últimos tres sexenios (dos del PAN y uno del PRI), por lo que ha llegado el momento que el gobierno “se faje”, teniendo presente que es el que está obligado a ofrecer los servicios públicos y si los concesiona y se hace de manera deficiente “el que queda mal es el gobierno”.

TOMÓ VENTAJA

El caso del ex director de la Policía Ministerial del Estado, René Carrillo Durán, al que la Fiscalía General de la República, FGR, (ex PGR) pretende vincular con la desaparición de un pepenador a inicio de diciembre de 2018, y quien este domingo conocerá si se le dicta prisión preventiva o sale libre por falta de pruebas, tiene una emanación extraña, que más se parece a una partida de ajedrez.

Como se ha informado en prácticamente todos los medios locales, hay una serie de denuncias en contra del ex procurador general de Justicia del Estado, Felipe Muñoz Vázquez, por presuntos actos de tortura en 2011, sólo que no se ha ejercido acción penal en su contra porque actualmente es subprocurador de Investigación de Delitos Federales de la FGR, no obstante que el fiscal estatal Jesús Figueroa Ortega ha declarado que se hará justicia sin importar el cargo que ocupe el acusado.

No tardó mucho por la respuesta, al anunciar Muñoz Vázquez que se armaban varias carpetas que involucraría a funcionarios de distinto nivel de la entidad, lo que hoy hace realidad con una indagatoria a la que no convocó a la dependencia estatal, que se dio cuenta hasta que agentes federales detuvieron a Carrillo y más tarde a otros dos agentes ministeriales.

Pueden ser algo fortuito, pero en estos asuntos no hay casualidades, por lo que, de entrada,  Felipe Muñoz movió bien sus fichas y ahora tiene a Figueroa a la defensiva, quien algo tiene que hacer antes de que quede contra la pared.

ECONOMÍA REDUCIDA

Lo que en teoría es posible, los hechos se encargan de volver a la realidad y es lo que le pasa al gobierno federal, que ya se dio cuenta que la economía no crecerá como se estimaba y ajustó a la baja las expectativas para 2019 y 2020 y que tampoco crecerá la recaudación de impuestos prevista para este año, por lo que será necesario recortar el gasto de 2019.

Además, prevé pedir casi 700 mil millones de pesos para financiar los 86 programas prioritarios de esta administración, entre ellos Pensión para adultos mayores, la Guardia Nacional, Jóvenes Construyendo el Futuro, el Tren Maya, el aeropuerto de Santa Lucía y las estancias infantiles.

El Universal destaca en su edición del pasado 2 de abril, que en los Precriterios Generales de Política Económica (PCPE) de 2020, que entregó un día antes al Congreso, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), las metas pasaron de una meta puntual de 2% al 1.6% para 2019, y de 2.6% a 1.9% para 2020.

En el caso del presente año en los PCPE se actualizó el rango de crecimiento de entre 1.1% y 3.5% que autorizaron los diputados y senadores para el año en curso, en tanto que para 2020, el crecimiento que se plantea de manera preliminar va de 1.4% a 2.4% contra una expectativa de entre 2.1% a 3,1%, que se presentó en el paquete económico para este año.

La Secretaría de Hacienda advirtió que “estos rangos difieren a los previstos a los Criterios Generales de Política Económica  publicados en diciembre de 2018, como resultado del bajo nivel de crecimiento observado por la economía mexicana durante el último trimestre del año pasado, el cual podría prologarse en el primer trimestre de 2019”.

Aclara que las estimaciones son inerciales, en virtud que no se contemplan los efectos de la estrategia de desarrollo económico de la actual administración, ni otros factores que pudieran implicar mayor crecimiento, que sería como efecto del fortalecimiento del consumo gracias a los programas sociales y una mayor inclusión financiera, el impuesto que le dará al gobierno a la inversión privada en infraestructura y sectores estratégicos, más inversión pública y un aumento en las exportaciones por la reconfiguración de la cadena de valor y posición estratégica de México.

Con esos ajustes los ingresos del sector público bajarán, para 2019 serán inferiores en 121 mil millones de pesos, equivalentes a 0.5% del Producto Interno Bruto  (PIB) a los previstos en la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) 2019, mientras que para 2020 disminuirán en 1.7% real con respecto al monto previsto en la LIF 2019, que serán alrededor de 100 mil millones de pesos.

De igual manera, se ratifica el recorte al gasto para 2019, con un total neto pagado de 5 billones 600 mil 877 millones de pesos, desde los 5.8 billones que aprobó la Cámara de Diputados, por lo que el gasto programable que ejercerán las dependencias este año disminuirá 4.1 billones de pesos a 3.9 billones de pesos.

En materia de disciplina fiscal, nuevamente se propone un superávit primario de 1% del PIB.

Por lo que se refiere a los recursos que destinará el gobierno federal para los programas en marcha, significan un gasto en el año de 694 mil 490.20 millones de pesos, lo que representa 32 mil 325 millones a lo aprobado por la Cámara de Diputados, de los cuales corresponden 15 mil 478.7 millones a la Guardia Nacional, programa que estará a cargo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

La Secretaría de Marina requerirá 23 mil 309.8 millones de pesos para emplear el poder naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales.

En el paquete económico también figura la Secretaría de Bienestar con 153 mil 23 millones de pesos, para atender nueve programas, entre ellos la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, con 113 mil 569 millones de pesos frente a los 100 mil millones que los diputados le aprobaron para 2019.

Asimismo un programa que tendrá a su cargo la dependencia para 2020 es el de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres (antes estancias infantiles), para el que se proponen 2 mil 805 millones de pesos, que representa un aumento de 37.4% respecto al de 2019.

Por su parte, en Salud se fija un monto de 113 mil 486 millones de pesos para 12 programas, entre ellos el Seguro Popular, a este sector los legisladores le aprobaron para este año 71 mil 215.5 millones de pesos.

De los nueve programas previstos por la Secretaría de Educación Pública, destaca el de los Jóvenes Construyendo el Futuro, que le habían asignado 4 mil 320 millones y llegará a 4 mil 460.2 millones. En Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior se aplicarán 20 mil 668.8 millones para 2020, frente a los 17 mil 280 millones de pesos del presente año.

En cambio a Prospera se recortan recursos, al pasar de 41 mil 652.9 millones de pesos este año a 38 mil millones para 2020.

TENSIÓN FRONTERIZA

Cada quien es dueño de su propio destino y puede decir y hacer lo que le pegue en gana, pero no se vale utilizar el poder para atacar a los demás, como lo realiza cotidianamente el presidente Donald Trump, que desde 2016 tiene como sparring a México, al que le dirige toda clase de insultos y amenazas que perjudica enormemente la vida diaria de los mexicanos que trabajan o radican en Estados Unidos.

Como es su estilo puso un “ultimátum” al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que frena el ingreso de migrantes en su tránsito hacia EUA o cerrará total o parcialmente la frontera entre su país y México, lo que tiene en zozobra a las ciudades mexicanas que sustentan su economía en el intercambio comercial que hacen con habitantes del lado estadounidense.

Ante el posible cierre de la frontera, López Obrador dijo que prefiere “el amor y la paz”, al asegurar que responder en otros términos “entraríamos en una dinámica y yo prefiero el amor y paz. No quiero adelantar vísperas. Decirles que estamos ayudando, no vamos a confrontarnos con el gobierno de Estados Unidos”.

Lo que no cabe ninguna duda que de darse el cierre sería catastrófico para la zona limítrofe de ambos países, trastocando la vida cotidiana de cientos de miles de personas que la cruzan a diario. Son 3 mil 175 kilómetros que divide a México y Estados Unidos y todos los días hay más de millón de cruces legales de personas y 300 mil vehículos, de los cuales más de 70 mil son camiones de carga.

Conforme al estudio de Panorama Actual de la Frontera de Estados Unidos y México, del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, la importancia económica de los 10 estados fronterizos de los dos países (California, Arizona, Nuevo México, Texas, Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas), corresponderían a la cuarta economía mundial, en tanto que los estados que comparten frontera representan más del 20% del Producto Interno Bruto (PIB).

Precisa que “la frontera entre México y Estados Unidos tiene una extensión de 3 mil 175 kilómetros y es la más dinámica del mundo en términos de flujos comerciales y de personas. De acuerdo con las últimas estimaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), cada día se realizan más de un millón de cruces legales de personas y 300 mil vehículos, de los cuales más de 70 mil son camiones de carga”.

Pese a que estos datos demuestran que la integración social y económica de las comunidades fronterizas mexicano-estadounidenses “es profunda y benéfica” para ambos países, el planteamiento de cerrar la frontera podría generar fuertes daños a las dos economías.

El Centro sostiene que debido a esta vinculación comercial “son los estados fronterizos los que más se han beneficiado de la apertura comercial. Con excepción del Estado de México, las únicas entidades federativas cuyas exportaciones son mayores a los 20 mil millones de dólares anuales se encuentran en la frontera con Estados Unidos”.

Por otra parte, expertos afirman que la actitud bravucona de Trump es para satisfacer a su base electoral con miras a la reelección como presidente en 2020, sin entender que de llegar a cerrar la frontera pondrá en riesgo 3 millones de empleos, principalmente de la industria maquiladora y según la Cámara de Comercio de Estados Unidos el intercambio bilateral suma mil 700 millones de dólares al día.

De cumplirse ese amago no habrá manera de compensar, por vía aérea o marítima, los efectos nocivos de un cierre de cruces terrestres, situación que mantiene en incertidumbre al comercio de los dos lados y a quienes por cuestiones de compras, trabajo o negocios tienen que viajar al otro país.

REFORMA EN SUSPENSO

La reforma de la reforma educativa que impulsa el gobierno federal debe esperar hasta que logre convencer a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que prácticamente desbancó al SNTE como interlocutor, pese a ser el que tiene la titularidad sindical ante las autoridades, por lo que se mantiene al margen de los acuerdos.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que las adecuaciones serán las que requiera la educación y que esa organización gremial tiene todo el derecho de manifestarse, mientras que Mario Delgado, coordinador del grupo de Morena en la Cámara de Diputados y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), señaló que la aprobación de la contrarreforma “no corre prisa” y que seguirán anteponiendo el diálogo con los profesores.

“No tenemos prisa, tenemos que ir hacia delante y lo más importante es que este nuevo acuerdo sobre la educación tenga un consenso político tan amplio y con el magisterio, que nos asegure que efectivamente tenemos una visión diferente del futuro para los niños”.

Esteban Moctezuma Barragán, titular de la SEP, reiteró que el diálogo será permanente con la CNTE y si sus miembros se manifiestan como lo hicieron al impedir por dos semanas que la Cámara de Diputados sesionara, es porque “están ejerciendo su derecho ciudadano constitucional a la manifestación. Estamos en una actitud totalmente abierta, como dijo el Presidente de la República y además cumpliendo la promesa de abrogar la reforma educativa. Se ve claramente que nuestra propuesta educativa es algo totalmente diferente a la que había y, sobre todo, algo mejor”.

A su vez, López Obrador pidió a los dirigentes de la CNTE tener cuidado en sus demandas, pues la ciudadanía ya es más conciente y está más politizada y les recordó que cuando las causas que defienden no tienen sustento, cuando ya no hay “racionalidad”, entonces se pierde “credibilidad y autoridad”, dado que la opinión pública se da cuenta de que no hay una causa justa y se convierten en “rebeldes sin causa” y eso no le conviene a ningún movimiento, “pero eso corresponde a cada quien entenderlo”.

Tras hacer un llamado “a todos, y de manera especial a los dirigentes de organizaciones sociales, políticas”, el mandatario sostuvo que “hay un nivel de conciencia política como nunca. Si alguien quiere pasase de la raya, si piensan que se puede manipular a la gente, que se engaña a la gente, se va a equivocar”.

Dispuestos a no soltar el control de la situación, la CNTE anunció que entró en “alerta máxima” para “plantear las acciones que sean necesarias” en el marco de la discusión y eventual aprobación de la nueva reforma educativa y la modificación a la ley laboral, para buscar la “democratización” del SNTE.

Además de las movilizaciones por las iniciativas de reforma constitucional, la disidencia magisterial también contempla incluir otras marchas, mítines de protesta y de ser necesario nuevos bloqueos a la Cámara de Diputados, lucha que calculan se llevará “cuando menos un año hasta ver cómo termina”.