César Martínez
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- A 10 años de la masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, organizaciones civiles aseguran que la impunidad domina en el caso, por lo que piden al Fiscal Alejandro Gertz Manero conformar un grupo especial para analizar hechos similares.
Hoy, representantes de los familiares de las víctimas sostendrán una reunión de seguimiento al caso con funcionarios de la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), entre otras.
Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derechos (FJEDD), reclamó que, a una década de los hechos, no haya ni una persona sentenciada.
Además aseveró que se indagan de manera separada al menos cinco hechos de masacres y desapariciones masivas en contra de migrantes ocurridas en Tamaulipas en diferentes años.
“El problema es que sólo hay tres ministerios públicos de medio tiempo para investigar todo, cuando lo que se necesita es un grupo multidisciplinario, como lo marca la ley (de la FGR)”, indicó Delgadillo.
“La petición de las familias es que se formalice un equipo mixto que pueda tener el apoyo de personas especializadas, pero también de otras áreas de Gobierno, por ejemplo, si hay una línea financiera debería entrar la Unidad de Inteligencia Financiera; y esto no ha llegado a la voluntad más alta, la del Fiscal”.
Esto último, anotó Delgadillo, será uno de los temas que plantearán en la reunión con las autoridades para determinar qué fue lo que permitió que se cometieran esos crímenes en Tamaulipas.
Además, solicitarán que se integre la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) a la investigación, pues la Fundación considera que es necesaria la voluntad del Canciller Marcelo Ebrard para que se pueda corroborar la identidad de cuerpos que ya fueron entregados a familias en Guatemala.
Delgadillo recordó que hay al menos seis familias que temen haber recibido de parte de autoridades mexicanas cuerpos que no son los de sus familiares, por lo que es necesario su exhumación en Guatemala.
“Hemos visto que el Gobierno mexicano tiene excelentes relaciones diplomáticas con Guatemala y Centroamérica, cómo es que para un tema que podría quitarle la tortura a las familias no se pueda hacer una gestión de alto nivel”, acusó.
Para Delgadillo, este caso muestra que la transformación que prometió esta Administración no se ha dado en la procuración de justicia.
“El PRI creó una maquinaria de impunidad en las fiscalías, el Gobierno del PAN la mantuvo y hasta ahorita, al menos en los caso que lleva la Fundación, estamos viendo lo mismo, no hemos visto ese cambio que requiere esa institución con este Gobierno”, manifestó.