La sociedad requiere que los tribunales electorales sean más abiertos para informar sobre su labor, sin términos complejos, con la finalidad de evitar desinformación al momento de que se toman las decisiones sobre los resultados electorales, resaltó el Maestro en Derecho Constitucional y Electoral, Julio Saucedo Ramírez.
En la medida en que un tribunal electoral, por la naturaleza de la relevancia general que implican sus funciones, sea más enfático en cumplir con la máxima publicidad, genera más confianza entre los ciudadanos al explicar de manera clara y sintética, con un discurso de nivel bajo para que cualquier persona logre entenderlo.
Señaló que una manera de dar luz al «oscurantismo» que se genera ante la dificultad de que los ciudadanos comprendan con sencillez bajo qué criterios toman resoluciones los juzgadores, obliga a que se generen estrategias para dar a conocer el sentido de las resoluciones.
«Cuando uno es juzgador, está expuesto a las críticas, y por esta razón es importante que al tomarse una decisión, pueda convocarse a los medios a ruedas de prensa para que se explique a detalle, y hacer cosas tan sencillas como transmitir en vivo las resoluciones para que la gente se entere de primera mano».
Refirió que en la actualidad, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se ubica como el de mayor confianza en el país, porque ha logrado establecer un sistema de difusión, en el que se explica con expertos y mediante los distintos medios posibles, las determinaciones de quienes son responsables de impartir justicia.
Consideró que esto no es imposible para tribunales locales, ya que no se necesita aplicar recursos significativos, porque las posibilidades de la tecnología actual permiten que el costo sea mínimo.
Subrayó que en la actualidad debe priorizarse el uso de un lenguaje coloquial, que no implica dejar de utilizar un lenguaje especializado, ya que en algunos casos se ha dejado el uso de latín para expresiones jurídicas dentro de las sentencias.
Adicionalmente, destacó la importancia de que los tribunales refuercen la impartición de cursos a partidos, asociaciones, universidades, y el público en general que esté interesado en conocer sobre la justicia electoral.
