César Martínez
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El Embajador de Guatemala en México, Mario Adolfo Búcaro Flores, pidió trabajar por la verdad, la justicia y la reparación del daño en el caso de la masacre de 16 migrantes de su país en Camargo, Tamaulipas.
A un mes de los hechos, el diplomático acompañó a una comitiva de diputados guatemaltecos a un encuentro con senadores mexicanos.
“Como representante del Gobierno de Guatemala deseo patentizar el compromiso permanente para luchar y acompañar el proceso de reparación, justicia y castigo que sean necesarios en este caso tan terrible”, planteó.
En tanto, el diputado guatemalteco Carlos Barreda, líder de la bancada de Unidad Nacional por la Esperanza, pidió a los legisladores mexicanos involucrarse más en el caso.
Mario Eduardo Gálvez, representante del departamento de San Marcos, de donde son oriundos la mayoría de las víctimas de la masacre, indicó que la intención de la visita es conocer de primera mano los avances en las investigaciones.
En una tarjeta informativa señaló la necesidad de abordar el tema de una eventual indemnización a las familias de las víctimas.
“En un caso que involucra a policías estatales y funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM), según lo han informado las propias autoridades mexicanas”, apuntó en una tarjeta informativa.
Al reunirse con los legisladores y el embajador guatemaltecos, el comisionado del (INM), Francisco Garduño, indicó que el Gobierno mexicano está dispuesto a asumir el costo de los 16 guatemaltecos hallados calcinados en Camargo.
La repatriación, apuntó, se dará una vez que la Fiscalía de Tamaulipas, que indaga los hechos ocurridos el 22 de enero pasado, lo autorice.
El INM informó en el encuentro, que fueron separados del cargo ocho funcionarios de la representación en Nuevo León, quienes mes y medio antes de los hechos, incumplieron un protocolo administrativo y resguardaron, sin tener esa facultad, una de las camionetas que se encontró calcinada junto con los migrantes.
También se procedió, agregó, a dar vista de estas acciones al Órgano Interno de Control (OIC) del INM, y se presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR).