Las campañas que tienen lugar para demostrar que la ciudad de Aguascalientes es de las más seguras, no pasan de ser una simple quimera. La realidad deja en claro que el hampa, le ha tomado la medida a la policía, por lo que asesta tres, cuatro o más asaltos, y si acaso uno es resuelto, no es gracias a los rondines de vigilancia o a las investigaciones que tengan lugar, sino a una denuncia ciudadana.

Es un problema recurrente que se busca minimizar para salvar posiciones; sin embargo, a la sociedad le preocupa que sigan sin aparecer los tan largamente anunciados grupos de inteligencia, que presuntamente se encargarían de detectar y detener a los malosos, y que además falte una auténtica capacitación a los uniformados.

La inquietud que hay en el mundo de los negocios la expresó Salvador Esqueda, presidente del Centro de Innovación Empresarial de Aguascalientes, al exigir que “no se afloje el paso en materia de seguridad”.

Los últimos días han sido de asaltos a empresas y cuentahabientes y, por si fuera poco, se fugaron de las patrullas dos individuos que los oficiales iban a poner a disposición del agente del ministerio público. Aunque ya no se vive el terror que privó hacia finales de 2006 y a lo largo de 2007, cuando se presentó el mayor número de crímenes en contra de policías y varios ciudadanos, y de homicidios y secuestros entre presuntos delincuentes, no se quiere que recrudezca la situación.

Existen antecedentes de peso para demandar un mejor trabajo a las corporaciones de todos los niveles, principalmente porque la batida que se lleva a cabo en varios estados, a cargo de las Fuerzas Armadas y la policía federal, puede provocar el tan temido “efecto cucaracha”. Si los cárteles perciben que en Aguascalientes se pueden esconder y delinquir con un mínimo de peligro, no dudarán en cambiar de aires, y justamente es lo que hay que evitar.

Ante los tres robos a franquicias registrados el martes pasado, el secretario de Seguridad Pública Municipal, Pablo Godínez, declaró que es una situación que no se puede prevenir, y a manera de disculpa cuestionó: “¿Cómo le hago? Yo me pregunto. ¿Voy a poner policías también que vayan a comprar?, no se puede. Entiéndame, por favor, el ladrón, qué es lo que busca, un descuido de la autoridad, un descuido de cualquiera, tanto de la autoridad como de la ciudadanía”.

El razonamiento del general Godínez es parcial, porque si bien el rufián actúa por sorpresa, la policía debe estar aleccionada para descubrir movimientos extraños que el ciudadano no percibe. Si algún peatón y automovilista ha pasado varias veces frente al mismo negocio, es motivo para vigilar sus movimientos, y lo mismo pueden hacer empleados y dueños de los negocios reportando si observan algo anormal. No se debe detener a nadie por una sospecha, pero sí estar atentos, esto desalentaría cualquier pensamiento que tuvieran sobre el particular.

Se tiene que hacer algo para terminar con esta zozobra, porque aun cuando el viernes fue aprehendido un sujeto presuntamente relacionado con el robo a una de las tres franquicias, otros siguen en la calle, en espera de que pase la persecución para volver a las andadas.

Lo que emplazan los aguascalentenses es no permitir que la ciudad y el estado se conviertan en paraíso de los ladrones, que se ponga el máximo esfuerzo para impedir que echen raíces. Es todo lo que piden y ojalá se cumpla en toda la extensión.

ENTREMETIMIENTO LEGAL

 

La Reforma Político-Electoral está lejos de ser la panacea que se promueve, pues aun cuando se diga que hará más democráticas y transparentes las acciones, comienza por la ruta equivocada. Concentra todas las decisiones en un solo órgano, como es el Instituto Nacional Electoral (INE), con facultades para nombrar y quitar a los funcionarios electorales locales e intervenir en los comicios donde considere que pueda haber riesgo, o invalidar trabajos que lleven cierto avance, por simples presunciones.

Hasta la fecha, no se ha clarificado quién pagará el salario de los consejeros locales, si lo hará el INE como ente rector o lo harán los gobiernos estatales. Lo lógico es que si dependerán en todo y para todo del instituto, éste sea el que absorba dicha obligación, pero se vislumbra que buscarán hacer convenios con los mandatarios para que se hagan cargo de la nómina.

Sería pues, el mismo formato que hay con el “Mando Único” de la policía, en que la única función de los presidentes municipales es pagar el sueldo de los elementos, sin derecho a nombrar al jefe de la corporación y otros niveles, no obstante que el Artículo 115 Constitucional no ha sido modificado.

El titular del Poder Ejecutivo, José Carlos Lozano de la Torre, expresó su inquietud por que los órganos electorales locales se encarezcan, debido a que se pretenda homologar los salarios con los que rigen en el Distrito Federal, que dicho sea de paso, sería lógico, pues si todos desempeñan las mismas funciones y obligaciones, deben tener los mismos derechos y prerrogativas.

Aunque Lozano de la Torre habló a título local, sus declaraciones tienen repercusión general, a partir de que es presidente de la Confederación Nacional de Gobernadores (Conago); por lo tanto, sugiere a los legisladores federales para que antes de adoptar una decisión, analicen las consecuencias económicas que tendría en los estados.

Tratándose del tema electoral, el Congreso de la Unión no toma en cuenta los perjuicios que causen sus acuerdos. Lo único aceptable es imponer los conceptos político-partidistas y no pararán hasta lograr que los gobernadores se dobleguen a su voluntad. Si consideran pertinente que no sólo sean los paga-nóminas, sino que hagan un gasto mayor, así tiene que ser. Ante todo, tienen de su parte la ley, que ellos mismos fabricaron, por lo cual, no hay ni para dónde hacerse.

PLEGARON AL CONGRESO

Contra viento y marea se impuso la mayoría de los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), al ser ellos los que nombraron al nuevo presidente, lo cual sienta un ejemplo en Aguascalientes y fortalece a este órgano.

Después de varias semanas en que el Congreso del Estado pretendió que el actual titular Fernando González de Luna se quedara otros cuatro años, finalmente la determinación quedó entre los mismos magistrados, que en una reunión colegiada eligió a Juan Manuel Ponce Sánchez, al obtener cuatro de los siete votos posibles; dos fueron para González de Luna y uno para María de los Ángeles Viguerías Guzmán.

Con lo anterior quedó de manifiesto que un Poder no es más importante que otro, como intentó demostrarlo el Legislativo, al querer hacer un movimiento que en todo momento encontró rechazo. Pretendió imponer un cambio en la Constitución local para legitimar la ampliación de mandato de González de Luna, lo que fue combatido por cinco de los magistrados.

Como se mencionó en su oportunidad, a los diputados les faltó oficio político y la humildad necesaria para lograr su objetivo. Es factible que tuvieran un poco de razón cuando invocaban que el todavía presidente del STJE había hecho un buen papel, por tal razón, era necesario que continuara para consolidar lo que está en marcha, sin embargo, no hubo la capacidad de acercarse con cada uno de los magistrados y defender sus puntos de vista.

Dieron por descontado que aceptarían la coacción, y cuando la noche se les vino encima, realizaron una campaña mediática para doblegar a los opositores, pero éstos se mantuvieron en la postura inicial y en todo momento enarbolaron la legalidad; por tal motivo, una vez llegada la fecha fatal y no pudieron hacer las reformas, no les quedó de otra que dejar a los integrantes del máximo órgano de justicia llevar a cabo lo que siempre fue su derecho.

Con el camino despejado, Ponce Sánchez se prepara para recibir la presidencia en julio próximo, consciente de que el trabajo que le espera no será un día de campo, máxime que hay una enorme carga de trabajo producto de los recursos limitados con que ha funcionado el Supremo Tribunal en los últimos años, esto obligará a que tramite ante el mismo Congreso y el Ejecutivo un presupuesto mayor para hacer realidad el viejo enunciado de “una justicia pronta y expedita”.

BALANCÍN LEGISLATIVO

El PRI se comprometió a que no se dejaría presionar por el PAN, por lo que impulsó los cambios a la Ley General de Partidos en la Cámara de Diputados, pero al llegar al Senado, frenó la ratificación y con ello la reforma quedó en suspenso.

La razón de peso para que los tricolores dieran marcha atrás fue la amenaza de los panistas de no participar en la modificación a la ley energética, convertida en moneda de cambio de las distintas fracciones políticas representadas ante el Congreso.

Uno de los periodos de sesiones extraordinarias más cortos de los últimos años tuvo lugar el jueves pasado, al tratar exclusivamente el tema electoral. A pesar de la negativa de la bancada blanquiazul, la Comisión Permanente lanzó la convocatoria un día antes, para tratar asuntos de índole electoral, que incluyeron reformas al Artículo 87 de la Ley General de Partidos Políticos, con las que se ajustaría la distribución de los votos en las coaliciones, y la derogación de la fracción 31 del Artículo 209 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, además de reformas a la Ley General en Materia de Delitos Electorales, modificaciones al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y la sustitución de legisladores con licencia, la toma de protesta de legisladores entrantes y otros acuerdos.

Para “calentar” el ambiente, el viernes 13, el grupo del PRD en el Senado abandonó la discusión de la Reforma Energética, en protesta porque, presuntamente, el PRI y el PAN estaban violando el procedimiento legislativo y no volverían hasta “que se restablezca la legalidad del procedimiento”, dijo el coordinador Miguel Barbosa. “Ya no regresaremos a ese debate en comisiones. Ahí los esperamos en el pleno, ahí no van a poder imponer un formato ilegal”.

El senador priista David Penchyna, acompañado por senadores del PAN y el PVEM, aseguró que “no vamos a permitir ni el chantaje, ni una campaña dilatoria de medias verdades, que son mentiras completas”, por lo cual seguirán adelante.

Cuando parecía enfilarse el diálogo con los que quisieron continuar, el martes el PAN abandonó la negociación que mantenía con el gobierno federal sobre la Reforma Energética, bajo el argumento que el PRI y el PRD pretendían aprobar en un periodo extraordinario un cambio a la recién aprobada Reforma Electoral, lo que a juicio de los coordinadores parlamentarios Jorge Luis Preciado y Alberto Villarreal, de los senadores y diputados, respectivamente, es dar “vida artificial a los partidos pequeños”. Preciado sostuvo que esta posición “nos puede obligar a que el PAN no participe en la Reforma Energética ni hoy ni mañana, ni el 30 de junio ni en septiembre”.

Al mismo tiempo que los panistas suspendían su participación, seguían adelante en la negociación con el gobierno, encabezada por el secretario general del CEN, Ricardo Anaya. El miércoles estuvo en Los Pinos, acompañado por una comisión de legisladores, reuniéndose con funcionarios para buscar una salida a la crisis.

Para el día siguiente se programó el periodo extraordinario de ambas cámaras. La de diputados aprobó los cambios al Artículo 87 de la Ley General de Partidos, con 335 votos del PRI, PRD y Nueva Alianza, mientras que 100 legisladores del PAN votaron en contra.

Todo indicaba que en el Senado corroboraría los cambios, pero de última hora, el PRI frenó todo. El presidente de la mesa directiva, Raúl Cervantes, consideró que aún hay tiempo para llevar a cabo las reformas, sin embargo, Barbosa destacó que es materialmente imposible, pues deben ser publicadas antes del 30 de junio y que luego sean confirmadas por la mayoría de los 32 congresos estatales.

A las 18:20 horas del jueves, se clausuró el periodo extraordinario, ello prácticamente sepulta el cambio que se pretendía, que en esencia disponía que la suma distrital de los votos emitidos se distribuyera igualitariamente entre los partidos que integran la coalición y ese cómputo sería la base para la asignación de representación proporcional y de otras prerrogativas, que establecía el dictamen de la Comisión de Gobernación. Desde un principio, los panistas estuvieron en contra porque de esa manera “siguen dando prerrogativas a partidos pequeños que no representan a la ciudadanía de México. Los votos no se pueden negociar entre partidos”, manifestó la diputada Beatriz Zavala.

Finalmente, los diputados que aprobaron el dictamen anunciaron que recurrirán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para impugnar el referido Artículo 87. Interpondrán una acción de inconstitucionalidad “porque esta jugada entre colegisladores no se hace. Por lo menos, lo hubieran discutido y que lo hubiera ganado el PAN, si tenía los votos para ganarlo, pero que lo hubiera ganado en el pleno, con argumentos y con votos”, señaló el coordinador de la bancada perredista Silvano Aureoles, quien aseguró que los otros partidos que aprobaron también firmarían el escrito, lo cual avaló el líder del grupo priista, Manlio Fabio Beltrones: “Si es necesario que se firme una acción de inconstitucionalidad que conozca la Corte y lo resuelva en tiempo y forma, lo haremos”.

Pues ahora sí, como dijera el clásico: “Quietos, chiquillos y chiquillas, déjense de pataleos y pónganse a trabajar”.

ACOSO MEDIÁTICO

En un muy corto periodo, Fausto Vallejo Figueroa enfrentó la peor calamidad de su vida. Como candidato a gobernador de Michoacán fue acusado de proteger a grupos criminales, y una vez que triunfó, continuó el asedio mediático, encabezado por sus principales adversarios en la campaña, la panista Luisa María Calderón Hinojosa y el perredista Silvano Aureoles, cerco que se mantuvo desde el primer día en que tomó posesión, el 15 de febrero de 2012, y se supone que concluyó con la solicitud de licencia definitiva que entregó el pasado 18 de junio.

Michoacán tiene tiempo de estar en el ojo del huracán, debido a la presencia del crimen organizado que sentó sus raíces desde las administraciones perredistas, esto motivó que en febrero de 2013 surgieran grupos armados de “autodefensa”, dispuestos a enfrentarlos.

Al mismo tiempo, la salud de Vallejo Figueroa se deterioró, al grado de presentar una licencia del 18 de abril al 21 de octubre de 2013, y aunque demacrado, regresó a sus funciones. De manera paralela, el 15 de enero de 2014, el gobierno federal designó a Alfredo Cervantes Figueroa como comisionado especial para Michoacán, con atribuciones plenas para aplicar lo necesario y lograr pacificar la entidad; por lo tanto, ha tenido mando sobre las fuerzas federales, estatales y municipales, inclusive provocó que se pidiera la desaparición de poderes, además de ser uno de los artífices para que los “autodefensas” se convirtieran en policías de línea, sin importar que varios de ellos fueron señalados como parte de la delincuencia organizada.

En el periodo que Fausto Figueroa estuvo como gobernador, aparecieron videos de presumibles líderes criminales con algunos personajes michoacanos, lo que generó fuertes problemas e inclusive aprehensiones de los exhibidos. Lo más extraño de todo no fueron las cintas, ni siquiera quién las tomó, sino que su revelación fue dosificada como una manera de ir socavando a la autoridad constitucional, hasta que llegó el día en que de “improviso” emergió en redes sociales una en la cual, se dice, está un hijo del gobernador Figueroa.

Como ha sido común en los últimos años, en las redes y algunos medios atacan al que se quiere destruir, convirtiéndose en tribunal popular; una vez determinada la “condena”, se le cuelga el sambenito de “presunto” culpable, y aunque nunca sea llevado a tribunales, cargará con esa monserga el resto de su vida.

El mayor pecado de Vallejo fue haber triunfado sobre los apetitos de poder de la otrora familia imperial y el deseo desesperado del perredismo de recuperar un bastión que tuvieron hasta su llegada.

INSISTE EPN: BAJA VIOLENCIA

El presidente Enrique Peña Nieto reiteró que la violencia en el país se ha reducido, como reflejo de que la estrategia de su administración está dando resultados. Las cifras que utilizó en su visita de Estado a Portugal, España y El Vaticano, las aplicó en el municipio de Livianos, Estado de México, donde inauguró el nuevo Centro de Operaciones del Ejército.

No obstante, continúan los descubrimientos de fosas clandestinas –de lo que se mencionó hace ocho días– y que esta vez corresponde a una que encontraron en Veracruz, con 31 cuerpos, de los cuales, 11 fueron hallados desmembrados de cabeza, piernas y brazos.

La crueldad con que actúan los asesinos y lejos de frenarse, continúen las masacres, es una muestra de que queda mucho por hacer. Tal vez el informe global señale una disminución de muertes violentas, pero hay zonas en el país que mantienen un nivel muy alto.

La Procuraduría General de Justicia de Veracruz emitió un boletín en donde detalla que los fallecidos podrían ser personas de la región. El lugar del hallazgo fue en la desviación del kilómetro 11 de la carretera federal 175, tramo Santa Cruz a Cosamaloapan. Vecinos alertaron a miembros de las fuerzas armadas que pudiera haber en ese lugar alguna persona fallecida y la sorpresa fue encontrar a 31, con huellas de tortura.

De cara a esa realidad, el presidente Peña Nieto sostiene que la violencia provocada por el crimen organizado va a la baja; por ejemplo, en Ciudad Juárez, los homicidios dolosos se redujeron en el primer cuatrimestre del año 146 %, en Monterrey descendieron 77 % y en Acapulco 40 %.

Subrayó que mantener en las calles a soldados y marinos ha motivado la reducción de homicidios dolosos en 24 % en todo el país, es el caso de Saltillo, en que bajó este delito 26.8 % en los primeros cuatro meses de 2014, en comparación con lo sucedido en el mismo periodo de 2012. En Coahuila, los homicidios bajaron 43 %; en Chihuahua, 53 %, y en Nuevo León, 71 %.

Ha sido la tendencia en casi todo el país, lo mismo que el combate a los líderes de la delincuencia. Dijo que de los 122 más peligrosos y buscados al iniciar su gobierno, 82 han sido liquidados o encarcelados.

De cualquier manera, el mandatario reconoció que detrás de estas cifras hay personas que perdieron la vida y familias que nunca volverán a ser las mismas, por tal motivo, prometió redoblar el paso, garantizando mayor coordinación entre autoridades y mayor eficacia en el combate a la inseguridad.

Pues ojalá que se intensifiquen las acciones en cada una de las 31 entidades y el Distrito Federal, para que México deje de ser uno de los países con mayor índice de criminalidad en el mundo, sólo comparable con las naciones en guerra.