Los políticos, o quienes creen que lo son, están hechos de la misma madera, sólo que antes de salir del taller de don Geppetto, que es el papá de todos ellos, los pintó de distintos colores, por lo que en el mundo real creen tener distintas procedencias pero lo cierto es que no pueden ocultar que son del mismo tallado.

Es algo que debería saber el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Aguascalientes (CCEA), Pedro Gutiérrez Romo, quien lamentó que aún cuando el proceso electoral comienza hasta noviembre, los partidos políticos y los aspirantes a cualquier cargo de elección popular están en plena marcha, dejando de lado lo más importante que es unir esfuerzos para combatir el coronavirus.

Dijo que la voz de arranque comenzó en el país con el informe presidencial y a nivel local con las discrepancias que hay en el Congreso del Estado, lo que en esencia es sólo el pretexto para airear sus ambiciones y dar rienda suelta a las clásicas promesas de que sólo ellos son capaces de resolver los problemas que aquejan a la sociedad.

En estas circunstancias, apuntó el principal dirigente del sector privado, se esperaría que la campaña proselitista sea más barata, sin embargo ya el Instituto Estatal Electoral (IEE) dio a conocer que solicita para 2021 un presupuesto superior a los 200 millones de pesos, que incluye adecuaciones a las partidas que recibirá cada partido, por lo que lejos de haber una reducción se negocia que sea mayor el gasto electoral.

Con estricto apego a la tradición, el presidente del CCEA refirió que el proceso del año próximo “será el de mayor trascendencia pues estará en juego el destino de México”, algo que se dice cada vez que concuerdan comicios para Presidente de la República, de gobernadores, diputados federales y locales y de alcaldes, por lo que esta vez no podía ser la excepción.

En efecto, será la renovación de las 500 diputaciones federales (bueno, es un decir, porque una parte de ellos ya se apuntan para ser reelectos) y lo mismo ocurre en los congresos estatales y en los ayuntamientos. Lo nuevo será conocer la procacidad de varios de ellos, que regresarán a sus distritos a renovar los compromisos de tres años atrás, bajo la promesa de que esta vez sí cumplirán.

Lo que es una gran verdad y que dijo Gutiérrez Romo, es que la renovación del Congreso de la Unión “está en manos de los ciudadanos el definir si se deja un Congreso a modo otra vez del presidente” o decide que exista una auténtica división de poderes.

También destacó que uno de los problemas que padece el país es la falta de participación ciudadana, por lo que se deberá trabajar mucho para que el pueblo acuda a votar, a expresar en las urnas lo que desea para México, porque no hacerlo “es una forma de callar”, de dejar que otros decidan por uno.

El presidente del CCEA subrayó que el país registra un sistema autoritario, similar al que se tenía a finales de los 70, lo que en gran medida se debe a que el actual presidente de la República “fue formado con aquella mentalidad que no ha sido capaz de modificar”.

SILENCIO PROTECTOR

Frente a una presunta negligencia lo que procede es alargar el tiempo de respuesta, con el argumento que el caso está bajo investigación, por lo que no se puede informar su avance ya que hacerlo perjudicaría el debido proceso.

Mientras tanto los ofendidos se desesperan ante la ausencia de una explicación o aclaración de lo ocurrido, por lo que al paso de las semanas y los meses terminan por abandonar la exigencia, lo que propicia la impunidad y permitir con ello que se repitan los hechos y otras personas enfrenten el mismo dolor.

Lo vivido por una familia que radica en la comunidad de La Panadera, Calvillo, que la noche del pasado uno de septiembre pasó por un auténtico calvario ante la negativa del personal del Hospital General de Calvillo de recibir a su hija Jacqueline, de 20 años, quien  tenía un padecimiento renal y era urgente su atención, exigiéndole como condición el depósito de 5,000 pesos, cantidad que no tenían, por lo que optaron por regresar a su hogar. En la madrugada del día siguiente, cuando ya se encontraba en estado agónico una ambulancia fue por ella y la trasladó al mismo nosocomio, pero minutos después murió.

Fue una noticia que tuvo resonancia nacional y generó que gran número de calvillenses se congregaran en torno al hospital para exigir justicia, al mismo tiempo el presidente municipal se hizo ojo de hormiga, por lo que ninguna autoridad del ayuntamiento se presentó a tratar de auxiliar a los deudos.

Por su parte, el director del Instituto de Salud del Estado, Miguel Ángel Piza Jiménez, del que depende el Hospital de Calvillo, dijo que “no se tolerará actos de negligencia que pongan en riesgo el bienestar de los pacientes” y con voz tronante anunció que daría parte a las autoridades correspondientes para que ningún caso quede impune, aunque por alguna razón no aceptó directamente los hechos sino que habló de que “se presume” que ocurrió la negativa de la atención médica , pese a que hay videos, una persona fallecida y una familia destrozada.

El pasado día 5, durante la manifestación que tuvo lugar frente al mismo centro médico, la multitud exigió una indagatoria exhaustiva y que se castigue al personal que rechazó recibir a la estudiante de un telebachillerato, sin que el ISSEA expresara una postura. Sólo la Secretaría General de Gobierno aseguró que dos abogados asesorarían a los familiares para que les auxiliaran en la demanda que interpusieran.

El Instituto de Salud indicó que pondría a disposición al director, subdirector y trabajadores que ese día se resistieron a recibir a la enferma, lo mismo que al individuo que se hizo pasar por el subdirector diciéndoles que no les daría el servicio y le hicieran como quisieran.

El problema es que han transcurrido casi dos semanas y todo está como al principio, por lo que existe el temor que se pretenda echarle tierra con cualquier argumento legaloide y que los supuestos castigos a los responsables sólo sean cambiarlos de lugar de trabajo.

Actuar de esa manera no es nuevo, como está demostrado en varios asuntos que en su momento ocupó la atención pública y se prometió que habría “mano dura”, pero los que aparecían como responsables fueron enviados a otra adscripción, para de esta manera burlar la demanda de castigo.

ENORME CUIDADO

La sugerencia o consejo del ingeniero Alberto Aldape Barrios, director del Centro de Investigación y Desarrollo Empresarial (CIDE), de que el gobierno estatal y los ayuntamientos se deshagan de todos los activos improductivos y no prioritarios, como terrenos, reservas territoriales, edificios y otros que no generen un beneficio, es una receta temeraria. De llevarse a cabo sería un arma de doble filo, porque en primera instancia obtendrán recursos frescos que destinarían para obras y servicios y diversos programas de apoyo a la sociedad, pero cuando no tengan de qué echar mano vendrán los problemas sociales, además que lo que hoy aparentemente no tiene una finalidad, puede hacer falta más adelante. Es una situación que se vivió en las administraciones de Carlos Salinas y Ernesto Zedillo, quienes vendieron empresas importantes para el Estado, como teléfonos y ferrocarriles y otras del medio rural, agroindustrial, etc., lo que hoy imita la presidencia de la República, el problemas es que una vez que se deshagan de todo lo disponible se quedarán sin posibilidades de allegarse más recursos, al mismo tiempo que las dificultades colectivas irán en crecimiento. En lo que Aldape Barrios sí tiene fundamento es que se genere las Asociaciones Públicas Privadas, mediante las cuales se podrá mejorar la infraestructura en diversos sectores, como el educativo y de salud. Mediante esta figura se podrá llevar a cabo obras y servicios que no pueden realizar los gobiernos y que los empresarios están en posibilidades de construir y que luego rentan a los mismos gobiernos por cierta cantidad de años y a su término pasan a poder del estado o los municipios, con lo que se avanzaría más rápido en la solución de las exigencias generales.