Tras el anuncio de un decreto presidencial para indultar a presos federales que no hayan cometido delitos graves, entre ellos mayores de 75 años, quienes tengan más de 10 años sin sentencia, adultos de 65 años o más de edad con enfermedades crónicas y presos que comprueben haber sido torturados, abogados consideran que es otro asunto que conlleva tintes políticos.

Sergio Delfino Vargas, presidente de la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México, subrayó que el presidente López Obrador de nueva cuenta politiza un asunto que ya es parte de la ley, y ahora anuncia que dará indultos, pero lo hace para favorecer su imagen y de la 4T.

Si bien los indultos son legales en algunos casos, no se pueden generalizar, y si acaso se pretende beneficiar a quienes “hayan cometido delitos federales no graves, tendría que modificarse la Ley de Ejecución de Sanciones Penales, lo cual llevaría un proceso, no se trata sólo de liberar por liberar, aunque sí podría hacerse en algunos casos específicos”.

Sobre el asunto, el presidente de la agrupación de litigantes, comentó que con el decreto que podría emitirse antes de septiembre, según se ha advertido desde el Gobierno Federal, llegaría a beneficiar a más de 1,500 personas que están compurgando delitos y algunos no están sentenciados en el ámbito federal, con lo que se tendría un impacto al descongestionar las sedes penitenciarias.

Aquí se debe tomar en consideración que la Organización de las Naciones Unidas recomendó desahogar los centros penitenciarios para que no se convirtieran en foco de infección durante la pandemia por COVID-19.

Por ello, refirió, es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha estado revisando a quienes podría darse el beneficio, entre los que se había considerado inicialmente a mayores de 65 años de edad con enfermedades crónicas y a quienes la pena sería ya una doble condena por las enfermedades que pudieran padecer, de ahí que se consideró que sería mejor que pasaran sus últimos días en sus casas.

Salvo los adultos mayores de 65 años de edad y los enfermos de padecimientos crónicos, así como los que tienen más de 10 años sin recibir sentencia, el resto que pudieran ser considerados para el indulto, sólo podrían ser incluidos mediante una reforma a la Ley de Ejecución de Sanciones Penales, que deberá pasar por las cámaras Baja y Alta del Congreso de la Unión, no sería con el simple decreto que se pretende.