Abel Barajas y Abimael Chimal Agencia Reforma
Estado de México, México.- Héctor Palma Salazar, alias «El Güero Palma», no saldrá del Penal del Altiplano pese a que ayer un tribunal federal ordenó su libertad.
La razón es que este miércoles le ejecutaron una orden de aprehensión por el delito de homicidio por el caso de la masacre de 9 familiares, amigos y abogados de su rival Miguel Ángel Félix Gallardo, el 3 de septiembre de 1992 en Iguala, Guerrero.
Se trata de una orden de aprehensión girada por Cecilia Crockman Flores, encargada de despacho del juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Guerrero, la cual le fue cumplimentada en el interior del Penal del Altiplano por agentes de la Policía Federal Ministerial.
El problema con la nueva acusación es que el narcotraficante ya fue juzgado y absuelto en el fuero federal por esa matanza. Ahora la Fiscalía de Guerrero busca procesarlo en la jurisdicción local por esos mismos hechos.
En julio de 1995, María del Pilar Parra Parra, Juez Primero de Distrito en Guadalajara, le dictó la libertad a Palma Salazar por el delito de homicidio, aunque lo procesó en la misma causa penal por usurpación de funciones, asociación delictuosa, portación de arma de uso exclusivo del Ejército y uso indebido de insignias.
A Palma Salazar se le acusa del acribillamiento de 9 personas cuyos cadáveres fueron encontrados el 3 de septiembre de 1992 a las afueras de Iguala.
Las víctimas fueron identificadas como Federico Alejandro Livas Vera -abogado del capo Miguel Ángel Félix Gallardo-, Marco Antonio Solórzano Félix, José Félix López, Alberto Félix Uribe, José Manuel León López, Teodoro Ramírez Juárez, Angel Gil Gamboa, Alfredo Carrillo Solís y Mario Domínguez Hernández.
Las autoridades federales señalaron hace tres décadas que el multihomicidio era obra de «El Güero» Palma y su compadre Joaquín «El Chapo» Guzmán.
Según la acusación que en los años 90 presentó la entonces PGR, José Ramón Laija Serrano «El Colo» o «El Coloche», uno de los operadores de Palma y «El Chapo», viajó de Guadalajara a la Ciudad de México para secuestrar y ejecutar a las 9 víctimas.
Esta masacre era un capítulo más de la guerra iniciada en 1991 entre los distintos grupos del narcotráfico de Sinaloa, aunque en este caso las versiones más recurrentes refieren que fue una venganza de Palma por los asesinatos de su esposa Guadalupe Lejía y sus dos hijos menores de edad.
La leyenda que envuelve este triple crimen menciona que el asesino, un venezolano de nombre Rafael Clavel «El Buen Mozo», envió a «El Güero» Palma la cabeza de su esposa en una caja de metal refrigerada.
Esta tarde, Palma participó en una audiencia de impugnación contra el director del Centro Federal de Readaptación Social Número 1, cuya continuación fue diferida.
«Se habló de una actuación desde el director, donde entraron temas muy complejos como una extorsión, que el señor Palma denunció en marzo de este año.
«Entraron a solicitarle una cantidad estratosférica de dinero a cambio de su libertad. Si no entregaba esa cantidad, le iban a estar inventando delitos», comentó su abogado.
Además, acusó irregularidades en la orden de aprehensión que frenó la liberación del capo sinaloense del Penal del Altiplano.
El defensor señaló que Palma ya fue juzgado y absuelto del delito de homicidio calificado que se le imputa por hechos registrados en 1992.
«El juez al parecer no atendió cuestiones de orden público como tocar el tema del sobreseimiento y de la prescripción, y sobre todo la Fiscalía, no sé si la de Guerrero o la General, están omitiendo como un hecho notorio que ellos sí tienen esas sentencias a favor del señor Palma Salazar.
«No está completa la orden de aprehensión, son por lo menos 95 hojas y sólo tenemos tres. Él está fuerte, con ánimo, porque sabe que esto ya fue juzgado», expuso Martín.
El abogado dijo que, dentro del término constitucional, aportarán las pruebas documentales que respaldan la exoneración.
