Víctor Fuentes
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Tribunales federales afirmaron que el Gobierno está obligado a dar prioridad al interés superior de los menores de edad y su derecho Constitucional a la salud, por encima de los criterios de la Política Nacional de Vacunación (PNV).
En sus sentencias inapelables para aplicar a menores de 18 años la vacuna Pfizer-BioNtech contra Covid-19 establecieron que los jueces deben ordenar de oficio la vacunación, sin importar defectos en sus demandas de amparo.
“Cualquier especulación sobre la salud o reacción del menor en caso de contagio, no puede en forma alguna ser un argumento ni jurídica ni materialmente válido para negar la suspensión”, afirmó por ejemplo el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en la Ciudad de México, el 7 de septiembre.
“Acudir a la institución educativa sin la vacuna aumenta el riesgo de contagiarse, además de que puede llegar a perder la vida”, expuso a su vez el Segundo Tribunal Colegiado en Nezahualcóyotl.
“En México existe disponibilidad de diversos biológicos, de ahí que no existe impedimento para cumplir”, sostuvo el 9 de septiembre el Primer Tribunal Colegiado Administrativo y del Trabajo en Morelia.
“Los menores de 12 a 17 años, sí constituyen grupo de atención prioritaria y vulnerable que debe ser incorporado al esquema de la PNV, emitida antes de la aprobación de la viabilidad de la vacuna en las personas menores de edad”, agregó el Segundo Tribunal Colegiado Administrativo en Boca del Río, Veracruz.
Aunque el Gobierno ha rechazado vacunar a menores con el argumento de que su riesgo de enfermar de gravedad por Covid-19 es menor que el de los adultos, el subsecretario Hugo López Gatell anunció ayer que se vacunará a un millón de menores vulnerables de entre 12 y 17 años.
Solo entre el 7 y el 13 de septiembre, cinco jueces federales de la CDMX notificaron al menos 249 suspensiones para inmunizar a más de 300 niños y adolescentes.