Por regla general se atribuyen al Gobierno Federal los recortes que se prevén en el gasto público para el año próximo, sin embargo, la mayor responsabilidad recae en el Congreso de la Unión que es el encargado de autorizar el paquete económico que presenta la Secretaría de Hacienda.

Sin mayor dilación los legisladores puede “palomear” lo que les proponen, pero si se toman la molestia de analizar cada uno de los rubros y hacer consultas con los entes involucrados, principalmente los gobiernos estatales y municipales, pueden hacer las adecuaciones necesarias sin que se ponga en riesgo el ingreso y la distribución de los impuestos.

La actual administración ha llevado su mezquindad al extremo de reducir los apoyos previstos para obras prioritarias, con el argumento que son más importantes los programas de proyección social, sin considerar que eso no es aplicar el equilibrio sino poner la balanza hacia donde mejor le conviene.

Al igual que lo hizo Martín Orozco en su tercer informe, otros mandatarios estatales han expresado su preocupación por el acortamiento del gasto federal, exigiendo que se haga un reacomodo de las cifras para que puedan llevar a cabo los programas que tienen previstos.

El hecho de que se contemple en el Presupuesto de Egresos una disminución de 185 millones de pesos que se destinarían para la infraestructura carretera, habla de las condiciones que a futuro estarán para las vías primarias y complementarias, y ni hablar de los caminos rurales que requieren de atención permanente. Algo que ha distinguido a Aguascalientes es el buen estado de sus vías y que ahora queda en un aprieto, ya que deberá jerarquizar cuáles serán las que atienda.

El director del Centro SCT, Gregorio Ledesma Quirarte, consideró que lo que se autorice será para la conservación normal y periódica de algunos tramos, reparación de puentes y otras obras que están en carpeta. De los proyectos que hay para 2020 está la construcción del entronque de la carretera 45 sur a Teocaltiche, la construcción de un segundo cuerpo de 10 kilómetros del libramiento a Rincón de Romos y la modernización de la carretera a Villa Hidalgo, de 20 kilómetros.

Para corregir o elevar las cifras federales destinadas a esta entidad, los diputados y senadores deben tener una participación decidida en el cabildeo, además de las propuestas que tengan o apoyen para se modifique el desembolso hacendario. Tanto se puede hacer que en el presupuesto del presente año se logró aumentar de 260 a 310 millones de pesos una de las partidas, por lo que en ellos está alcanzar una mejoría en este sentido.

El principal problema por lo que no se ha podido reducir o eliminar la extrema dependencia que tienen los gobiernos locales ante el Federal, es que el presupuesto propio lo basan en lo que –presuntamente- van a recibir y cuando hay una baja vienen los acomodos para tratar de tener un menor impacto, sin embargo si el propio Congreso de la Unión promoviera un cambio en la fórmula de repartición de recursos otro sería el resultado.

Por ahora la Federación se queda con el 80% de la captación tributaria y envía a los estados el 16% y a los municipios el 4%. Se ha sugerido que sea 50 y 25-25 o 60 y 20-20 respectivamente, pero a nivel central hay una negativa total en estudiar las propuestas, de ahí que cada vez son más los reclamos y la demanda que si no obtienen lo comprometido al menos no les quiten una parte.

PEOR EL REMEDIO

Quizá recuerde Usted, amable lector o lectora, que desde hace varios años se comentó en este espacio la exigencia de eliminar el arraigo, figura a la que recurrían las autoridades para tener “guardado” al presumiblemente involucrado en un hecho delictivo, sólo que en lugar de estar en las celdas de la policía judicial (hoy ministerial) se le llevaba a un lugar que poco se sabía en dónde estaba, lo que se prestaba para la violación de los derechos humanos, porque entonces la confesión era la “prueba reina” para llevarlo a juicio, sin considerar cómo se obtuvo la declaración.

Tanto a nivel local como nacional hubo múltiples intentos para acabar con esta situación y finalmente se obtuvo cierto avance al reducirse el número de personas que pasaban por esa etapa, pero la figura del arraigo seguía vigente y es lo que ahora pretende eliminar el Senado mediante una reforma constitucional, en lo que ha tenido una participación decidida el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos, Jan Jarab.

Hasta ahí todo está bien, porque ciertamente, la retención por tiempo indefinido de una persona sujeta a investigación era violatoria a los derechos humanos, ya que no se sabía en qué condiciones estaban y si la famosa declaración le era arrancada a base de golpes y de otras formas hasta lograr que aceptara su culpabilidad, lo que sin duda llevó a prisión a varios inocentes.

La cuestión está en que se elimina el arraigo, pero antes la actual Legislatura federal creó la “prisión preventiva”, que se aplica a un sinnúmero de delitos o por simples conjeturas, con lo que automáticamente se descarta la presunción de inocencia ya que debe permanecer preso por uno, dos, tres o seis meses y hasta por un año, mientras que el ministerio público investiga y demuestra que es causante, y si es lo contrario se le deja en libertad “con las reservas de ley”, una especie de advertencia de que en cualquier momento puede ser detenido.

Esto recuerda la Revolución Mexicana cuando los alzados decían: “primero tiro y después viriguo”, por lo que si el muertito no era un enemigo ni un criminal pues ya ni modo, así hoy con las personas que son apresadas, que tras el tiempo amargo que pasan, en que dejan de trabajar y deben pagar abogados para que le ayuden a salir del asunto, todo porque “se presume culpable”.En caso de que pretendan una reparación económica por el daño causado tendrá que enfrentar el aparato público, lo que sólo pueden soportar quienes tienen suficientes recursos para llevar el pleito hasta sus últimas consecuencias.

La ley no contempla el resarcimiento, que es lo justo cuando la autoridad comete una injusticia, por lo que la víctima se queda con el entripado y con su fama hecha trizas, en su trabajo y en su círculo de amistades se considera que “por algo” estuvo detenido y si fue liberado es porque pagó o movió sus influencias.

Organismos civiles, empresariales, sindicales y grupos de derechos humanos entre otros, han requerido que se recapacite y se hagan modificaciones a la ley, ya que es muy alta la posibilidad de que se utilice para cuestiones políticas, y que incluso llegado el caso perjudique a los mismos autores cuando ya no tengan agarraderas ni otro manto protector.

IMPARCIALIDAD

Un camino muy largo es el que han tenido que transitar los profesores de inglés para lograr que se les haga justicia, luego de que indebidamente fueron marginados por el Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA) con el razonamiento que las plazas que ocupaban no eran válidas, pese a que quien extendió los nombramientos fue la pasada administración estatal. Desde entonces se percibió un tufillo político, ya que pudo haberse solicitado al Congreso una ampliación presupuestal para el pago de su salario pero se prefirió mandarlos a la calle, situación que provocó demandas laborales que aún están vigentes. El director general del IEA, Raúl Silva Perezchica, reconoció que la Secretaría de Educación Pública (SEP) dio la razón a los despedidos, por lo que en el presente mes se esperan las primeras regularizaciones con el otorgamiento de la plaza federal. Esta disposición ayudará a que los alumnos de nivel básico retomen las clases de inglés, idioma indispensable para su conocimiento y desarrollo y así, desde sus primeros años, aprendan una lengua imprescindible en su vida futura.