Leticia Acuña Medina
El Heraldo

Al destacar que los derechos de los mexicanos no están sujetos a negociación y que se dictó sentencia de muerte para la investigación científica y la innovación tecnológica, el gobernador Martín Orozco, aseguró que defenderá la permanencia de los 109 fondos y fideicomisos, con la ley.
Dejó en claro que no se buscan privilegios, sino un trato justo de parte de la Federación; se pronunció a favor de la unidad del país.
Al cuestionar severamente el que de un plumazo el Congreso de la Unión acabe con los sueños de deportistas, promotores de la cultura, de la ciencia, tecnología, turismo; productores agropecuarios, seguridad, entre otros, reiteró que se recurrirá a los medios legales necesarios para revertir esa perversa decisión.
En el pronunciamiento advirtió que sin estos fondos y fideicomisos, el país perderá competitividad ante un entorno global complicado.
Esta decisión va en contra de los emprendedores, de las Mipymes que generan empleo, riqueza y bienestar social; de los productores del campo, de los defensores de derechos humanos y la reparación del daño a las víctimas del delito; deja desprotegidos a quienes son afectados en su persona y patrimonio por los desastres naturales.
“Hoy no es el gobernador el que habla, sino aquellos sectores que están siendo afectados por los recortes federales. Si ellos pierden, perdemos todos y pierde México. Porque el triunfo de una fuerza política, no puede significar la derrota de todo un país”, subrayó.
Dijo que la Alianza Federalista, con un alto sentido de responsabilidad social y en el respeto al Estado de Derecho, integrada por 10 estados, formulará una propuesta de instrumentos jurídicos, que permitan defender la permanencia de los 109 fondos y fideicomisos.
El gobernador estuvo acompañado de hoteleros, atletas, cineastas, productores del campo, investigadores, quienes expresaron las consecuencias que conllevarán para cada uno de sus sectores. También acudieron presidentes municipales, representantes de cámaras y colegios de profesionistas, legisladores federales, rectores y directores de instituciones públicas de educación superior, cámaras empresariales, médicos, enfermeras, integrantes de corporaciones de seguridad pública y Protección Civil.