Noé García Gómez
La propuesta de reforma electoral presentada por el presidente López Obrador en abril de este año ha generado polémica y polarización –fiel a su estilo de hacer política-, hay un fuerte rechazo entre los editorialistas, políticos de oposición y la llamada sociedad “civil”. Por otro lado, los leales al presidente recuerdan el cúmulo de lo que consideran agravios iniciados en 2006 y un supuesto costo desproporcionado de la burocracia electoral.
Pero, ¿de qué va la reforma electoral propuesta por López Obrador? Aquí algunos puntos para entenderla:
- Cambia de nombre al INE, se llamaría INEC (Instituto Nacional Electoral y de Consultas) que seguirá siendo autónomo.
- Recorta el número de consejeros del INEC de 11 a 7.
- Elimina los órganos electorales locales.
- Implementa el voto electrónico.
- Los consejeros del INEC y magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) serán propuestos por los tres poderes de la Unión y elegidos por medio de voto popular en elecciones abiertas.
- Financiamiento público a partidos políticos sólo para campañas electorales.
- Plantea una reducción a 30 minutos diarios de propaganda política en radio y televisión.
- Disminuye la participación en una consulta popular de 40 a 33% para que sea vinculante.
- Reduce el número de diputados de 500 a 300.
- Lo mismo pasa con el número de senadores, que pasarán de 128 a 96.
Partamos de que el INE goza de un prestigio y respeto en la ciudadanía, pero también hay la percepción de que este tipo de órganos son costosos y sus consejeros tienen sueldos inimaginables que el promedio de los mexicanos algún día de su vida pudieran ganar; en cuanto a los organismos electorales locales, pareciera que duplican un trabajo que bien podría hacer el órgano nacional, y que sólo contribuyen a un gasto ocioso; por otro lado, los partidos políticos junto con los legisladores tienen una bajísima legitimidad; con la anterior López Obrador ya ganó, si pasa su reforma tendrá mejores condiciones para enfrentar el proceso electoral para su sucesión, pero si la oposición logra detenerla, tendrá un costo en el ambiente ciudadano, que probablemente tendrá efectos electorales.
Como lo dijo Dussaegue: “En cuatro años, magistrados, burócratas y académicos han sido incapaces de entender el extendido rechazo que causa la defensa de sus salarios en la opinión pública general. Comparan su situación con la de aquellos afectados por las medidas de austeridad de los gobiernos neoliberales y se escandalizan por la disminución de las capacidades del Estado”, por lo que el discurso de una defensa de la democracia, pareciera a los ojos del ciudadano un pretexto para conservar los privilegios como élite.
De entrada creo que no puede ser todo o nada, por parte de la oposición, y al parecer es lo que pretende Andrés Manuel, es momento de replantear aspectos de nuestro andamiaje político y electoral, como considerar el voto electrónico, centrarse en seguir blindado la autonomía y profesionalismo del órgano encargado de los procesos electorales, así como regresar la legitimidad al Congreso de la Unión, y por qué no, reducir el gasto.
Los taches de la iniciativa considero que pueden ser principalmente dos: pretender que se elijan a los consejeros y magistrados electorales por voto, pues se requiere un perfil técnico que garantice la independencia y la autonomía en el ejercicio, llevar a que sean impulsados por elección popular meterá a los diferentes partidos a promoverlos y perderán independencia en sus funciones; y quitar el financiamiento ordinario de los partidos, ya que se podrá correr el riesgo de ser financiados por organizaciones ajenas a la estabilidad del país.
Pero veamos el desenlace en las próximas semanas, y si la oposición puede replantear su estrategia.
