El decreto para regularizar automóviles “chocolate” no garantiza su legalización, significa una estocada para los distribuidores de autos y “ya no engaña” a los propietarios de estos vehículos.

Así lo señalaron Eric Monroy Sánchez, presidente del Consejo de Abogados de Aguascalientes; Juan Carlos Thomae Grovas, presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Autos; y Felipe Hinojo, dirigente de la Unión Campesina Democrática, en panel sobre el tema.

Monroy Sánchez expresó que debería tratarse desde el ámbito social y económico, sí, pero lo legal “parece que a nadie le ha interesado, menos el Ejecutivo nacional que emitió el Decreto, pero que claramente lo hace para utilizar a las personas que tienen autos chocolates, pensando que son los pobres quienes tienen este tipo de coches y que podrían ser presa fácil de los proyectos políticos venideros”.

Consideró que la intención de regularizar obedece más a un tema electorero por parte del presidente de México, no precisamente trata de dar certeza jurídica a los poseedores de los coches, muchos de los cuales ni son pobres, ni son campesinos y mucho menos delincuentes, pues la justificación para tener el padrón, presumiblemente es para contener la delincuencia en la que se utiliza este tipo de autos.

Juan Carlos Thomae Grovas, presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Autos, recalcó que dicho Decreto, así sea aplicable sólo en la frontera, cae mal a este sector, ante el riesgo que pueda avanzar en algún momento para el resto del país, porque además de alguna manera se premia a la corrupción y a la mafia.

En los últimos cuatro años, el sector automotriz ha enfrentado situaciones difíciles y con esto se viene a dar una estocada adicional, primero al sector secundario pues hay gente que busca colocar su autoseminuevo para comprar un modelo más reciente o nuevo, pero esto es la última parte de la cadena, pues se perjudica inclusive al sector productivo de autos y en general, es una de las actividades más importantes en la economía mexicana.

Felipe Hinojo Alonso, dirigente de la UCD, expuso que es un asunto sobre el que los propietarios de este tipo de automotores ya no son engañados, pues se trata de la expedición de un simple permiso para circular y tener ubicados a los poseedores, para lo cual tendrán que pagar 2 mil 500 pesos.

Pero en ninguno de sus párrafos habla de la posible legalización que permite inclusive el pagar impuestos y tener en orden sus documentos, que les permita tener la certeza jurídica de sus vehículos o un documento que indique, se tiene la legalización que sólo puede otorgarse a través de la Aduana, si es que realmente fuera un programa de legalización.

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