Existe la creencia que en las cárceles hay un número importante que purga una condena por un delito mínimo, mientras otros que cometieron fraudes al erario o a empresas gozan de la libertad gracias a que con los mismos recursos que sustrajeron pueden costear los servicios de un despacho de abogados para que defiendan su “inocencia”.

Inclusive, no obstante que la vox populi lo señala como deshonestos, con el tiempo logran cambiar su imagen y hasta se vuelven patronos de instituciones, hacen obras de caridad y reciben el reconocimiento por su magnanimidad.

Lo contrario sucede con aquellos que tuvieron la desgracia de verse inmiscuidos en un problema legal y que al no poder pagar la parte demandante exigió que fueran aprehendidos, consignados y recibieran un castigo de encierro. Cuando cumplen la sentencia difícilmente pueden recobrar la opinión que tenían de ellos sus conocidos, que evaden cualquier relación al considerarlos ex presidiarios, lo que les dificulta poder reinsertarse en la vida productiva.

Asimismo, el gobierno del estado debe cargar con el sostenimiento de los Centros de Readaptación Social (Ceresos), que en los últimos años registran un crecimiento de su población y que obliga a elevar el gasto anual.

Para reducir el número de aprisionados existen dos vías, una es aprovechar el Nuevo Sistema de Justicia Penal, que contempla el beneficio de la liberación anticipada cuando el interno cumple ciertos requisitos, sin embargo alcanzar ese objetivo es engorroso, advierte el abogado Francisco Frausto Ruiz Esparza, ya que el recluso debe tener cierto nivel económico para sufragar los gastos de la defensa.

Explica que alcanzar la libertad podría ser en un término de cinco a seis meses, en función que tres meses son para llegar a la audiencia y otros dos o tres en la integración de todos los documentos que se requieren para que sean valorados por el juez, que finalmente decidirá si procede la solicitud. Aunque es un beneficio que fija la ley, no basta con hacer el trámite para esperar que por sí mismo se resuelva, sino que es un procedimiento largo y complicado y el cual lleva el litigante contratado.

La otra vía para descongestionar los Ceresos es la liberación por disposición del gobernador, que en otros tiempos fue tradicional aplicarla en una fecha significativa, como en el mes de diciembre para que los indultados ya gozaran de su libertad el Día de Navidad, al lado de su familia. En ocasiones se hizo hasta finales del mismo mes de diciembre y así, el nuevo año fuera un aliciente para el recién redimido. Otro día que también estuvo en el mismo calendario fue el 15 de Septiembre, en homenaje a la gesta que encabezó el cura Miguel Hidalgo.

Los requisitos que debían cubrir los seleccionados era no haber cometido un delito grave y tener un buen comportamiento, entre otros, por lo que cada año fue tradicional que salían dos, tres y hasta cuatro en alguna de esas fechas, lo que se convertía en una jornada de profunda emotividad ya que el mandatario estatal entregaba al favorecido la boleta de liberación en presencia de sus familiares.

Ahora bien, no hace falta que sea una jornada conmemorativa para llevar a cabo ese procedimiento, basta que la dirección general de reclusorios tenga lista las carpetas para que presente al titular del Poder Ejecutivo la propuesta correspondiente, con lo que se cumpliría dos aspectos básicos, uno, otorgar ese beneficio y otro reducir el costo que significa sostener a la población interna.

ADICCIÓN EN PABELLÓN

Los problemas sociales que aquejan a la capital del estado han sido trasplantados a diversos municipios, principalmente el uso de estupefacientes y la delincuencia, lo que afecta a los habitantes en general, pero principalmente a niños y jóvenes al ser atrapados por esa vorágine.

El alcalde de Pabellón de Arteaga, Cuauhtémoc Escobedo, afirmó que hay niños de 10 años adictos a la droga y el 40% de los capturados por robo son menores de 18 años, lo que define la degradación que existe por lo que es urgente encontrar una solución.

De los jóvenes que son detectados consumiendo algún alcaloide tienen de seis a siete años con esa adicción, hecho que dificulta su rescate, ya que muchas veces salen del tratamiento para volver a las andadas, lo que no obsta para persistir en que se aparten de ese ambiente.

Resulta inquietante para el titular del Ayuntamiento al aumento de lo que calificó como “red silenciosa” la distribución de drogas en las colonias y comunidades, que dijo, provoca complicaciones familiares y con la sociedad, al tener que robar para comprar los estimulantes.

En la cabecera municipal existe un centro de rehabilitación para la atención de drogadictos, que utilizan principalmente “cristal” y metanfetaminas, sin embargo la inversión que se hace es escasa, apenas de 16 mil pesos mensuales, por lo que difícilmente van a tener médicos, enfermeras y psicólogos, entre otros profesionales que se requieren, lo que lógicamente se convierte en vuelta constante a la rueca sin que arroje los resultados esperados.

Se tiene identificados como lugares de “foco rojo” las comunidades Emiliano Zapata y Las Ánimas, lo mismo que el fraccionamiento urbano Santa Isabel, en que además de la compra-venta y consumo de drogas hay invasión de viviendas abandonadas.

La solución que plantea el presidente municipal es que se canalicen más recursos a los ayuntamientos con lo que puedan contratar más policías y adquirir patrullas que sustituyan a las que ya cumplieron su vida útil, lo cual será posible en la medida en que los gobiernos estatal y federal envíen las partidas necesarias. Actualmente tiene una plantilla de 60 policías, pero requiere otros 50 para cubrir adecuadamente los servicios de vigilancia, prevención, disuasión e intervención.

Como se ha mencionado Con Usted, lo que se requiere es tener un grupo especializado en inteligencia, que vaya más allá de localizar las zonas de venta y consumo para ir a la raíz. De poco sirve saber dónde se vende y compra si no hay solución, por lo que hay que investigar cómo llega a cada sitio. No hacerlo o sólo quejarse porque no llegan suficientes recursos es aventar la bolita y continuar como testigo de cómo crece uno de los mayores problemas colectivos, ya que por cada niño o joven que se droga se pierde una significación social.

PELIGRA LA FIESTA BRAVA

Este miércoles puede ser crucial para la preservación o anulación de las corridas de toros, al prever la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictaminar si procede o no la prohibición en el estado de Coahuila. De la sentencia dependerá lo que se haga en el resto del país. El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) ha sido el más exigente para que se elimine esta actividad, para ello cuenta con el apoyo de grupos defensores de los animales. El ministro José Fernando Franco González Salas es el ponente y plantea negar el amparo a la empresa Promociones y Espectáculos Zapaliname, S.A. de CV, contra la aplicación de la Ley de Protección y Trato Digno a los Animales para el estado de Coahuila, publicada el 25 de agosto de 2015. La citada ley establece la prohibición de las corridas de toros, novillos, becerros o vaquillas y los rejoneos, el entrenamiento de animales para su participación en este tipo de espectáculos, así como las tientas. Además, sostiene el ministro, en México la Ley General de Vida Silvestre prohíbe la crueldad contra los animales, y que existe una Norma Oficial Mexicana que regula los rastros para evitar esta clase de conductas por lo que la prohibición de las corridas de toros en la legislación de Coahuila resulta congruente con el resto del entramado jurídico nacional, por consiguiente “es constitucionalmente legítima la prohibición de las corridas de toros”, puntualiza Franco González Salas en el escrito que presentará hoy. De ser aprobada por el pleno de la Segunda Sala de la Corte, se abrirá la puerta para que los demás congresos estatales legislen al respecto, en apego al criterio mencionado.