Rolando Herrera 
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador y los integrantes de su Gabinete actualizaron su declaración patrimonial y de intereses bajo los nuevos formatos que fueron impulsados por la ley conocida como 3de3.

López Obrador declaró sólo haber tenido ingresos por su empleo como Presidente de la República, los cuales sumaron un importe total después de impuesto de un millón 567 mil 640 pesos.

El titular del Ejecutivo declaró tener una sola cuenta bancaria, que es la de nómina, y no poseer ningún bien inmueble, vehículo o participar en alguna empresa o sociedad.

Entre los funcionarios que ya actualizaron su declaración, se encuentra el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz, quien en agosto de 2019 fue acusado de haber ocultado la existencia de 23 casas y 12 empresas que están a nombre de su concubina e hijos.

Bartlett, quien en diciembre pasado fue exonerado por la SFP de esa acusación, reiteró ser solamente socio al 50 por ciento de Comercial Lebasi S.A. de C.V., recibir ingresos por comodato de tres automóviles y de un bien inmueble propiedad de la empresa Cawaret S.A. de C.V., cuyo valor estimó en 100 mil pesos mensuales.

El funcionario declaró un ingreso anual neto de 2 millones 209 mil 550 pesos por concepto de sueldos, honorarios, compensaciones, bonos, aguinaldos y otros como director de la CFE, además de 3 millones 593 mil 696 pesos por concepto de otros ingresos.

La mayoría de los integrantes del Gabinete presentaron su declaración durante mayo, atendiendo el exhorto de la SFP para que lo hicieran ese mes, en tanto que López Obrador hizo su actualización el 9 de junio pasado.

La Ley General de Responsabilidades Administrativas establece que durante el mes mayo de cada año debe presentarse la declaración de modificación patrimonial, sin embargo, debido a la emergencia sanitaria provocada por la Covid-19, la Secretaría de la Función Pública extendió el plazo hasta el 31 de julio próximo.

A diferencia de los años anteriores, esta es la primera vez que los servidores públicos federales presentan su declaración patrimonial y de intereses bajo los formatos aprobados por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, que son producto de la reforma constitucional de 2015.

Todas las declaraciones serán públicas, a diferencia de lo que ocurría antes, en la que cada funcionario decidía si se abría o no la información relacionada con su patrimonio.

Sin embargo, no toda la información podrá ser consultable, debido a que el Comité reservó toda aquella que tenga que ver con cónyuges, dependientes económicos y particulares con los que el servidor público tengan vínculos comerciales o de asociación de cualquier tipo.