En una verdadera encrucijada están las autoridades estatales y municipales, al tener que decidir la suspensión de actividades comerciales para evitar que siga expandiéndose el coronavirus, pero hacerlo afecta a gran número de familias, como sucede con la cancelación del Festival de las Calaveras y el cierre de panteones antes, durante y después del día 2 de noviembre.

De manera directa perjudica hoteles, restaurantes y comercio en general, al ser fechas de gran afluencia turística, por lo que se tiene que reflexionar minuciosamente lo que más conviene a la sociedad, aún cuando cualquiera que sea la decisión provocará reacciones encontradas.

Esta vez el Festival de las Calaveras fue anulado, lo que significa una pérdida económica cercana a los 200 millones de pesos, señaló el Colegio de Economistas de Aguascalientes, cantidad de la que se desprenden 56 millones de los hoteleros, 54 millones del sector comercio y 36 millones de los restaurantes que dejan de percibir, además de los empleos temporales que se crean en torno a esta festividad, de igual manera la venta de flores a las puertas de los cementerios, que cada año son las mejores fechas para esta actividad y que ahora, al estar cerrados, los comerciantes dejan de tener un ingreso.

Una tradición del citado festival es presentar corridas de toros, por lo que ese medio es uno de los más lacerados, que al igual que en la Feria Nacional de San Marcos es la época más importante y al no haber eventos quedan sin opciones ya que su remuneración es por programa.

El Colegio de Economistas, en voz del secretario de Comisiones, José Gil Gordillo Mendoza, señaló que se requiere una estrategia de las autoridades estatales para tener las menores pérdidas que generan esta situación, por lo que habrá que invitar a otros sectores a seguir trabajando intensamente y que se planteen soluciones que vayan en beneficios de todos y tratar de compensar las mermas para que los daños sean menores, principalmente en materia de ingresos y empleo.

Por otra parte, la suspensión de todos los actos tienen como propósito frenar el avance del Covid-19 y en esto tiene que haber condescendencia social, ya que va de por medio la salud de la población en general, máxime que la pandemia ha sido nociva  para centenares de personas al haber perdido la vida, por lo que no hay mucho margen de maniobra escogiéndose la anulación de actividades que puedan representar un foco de infección y en esto debe haber el apoyo colectivo necesario, aún cuando represente un problema económico para quienes esperaban esos acontecimientos.

CONTROVERTIDA PROPUESTA

El planteamiento del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para elaborar listas de agresores sexuales y de padres irresponsables y que además se haga pública, ha generado opiniones contrarias, al haber apoyo de un amplio sector de la sociedad, consciente de que es la única manera de combatir este infortunio familiar, pero otros consideran que hacerlo vulneraría los derechos humanos de los señalados.

La propuesta la hizo el tricolor a través de sus grupos parlamentarios a nivel federal y estatal y que denominó “Ley Quemón”, que busca ante todo acabar con la secrecía en que se ha mantenido las actitudes negativas de un número importante de individuos, que actúan con abuso al tener amenazados a sus allegados por haberlos denunciado, aunque en la mayoría de los casos no se hace ante el amago de causarles más daño si lo llevan a cabo.

De manera simultánea se presentó la iniciativa en todo el país, por lo que en Aguascalientes lo hicieron las diputadas estatales Elsa Amabel Landín y Margarita Gallegos, la diputada federal Norma Guel y la secretaria general del Comité Directivo Estatal, Leslie Atilano Tapia.

Informaron que la intención es crear dos registros nacionales, uno de agresores sexuales y el otro concerniente a los deudores alimentarios, buscándose que se convierta en una ley federal y que más tarde cada estado formule la propia, de manera que existan acciones concretas. Una vez alcanzado esas acciones se buscaría identificar a todas aquellas personas que han sido condenadas por alguna agresión, lo que permitiría que la lista sea de consulta general, pero principalmente de las mujeres, para que en caso de aparecer el nombre de su pareja puedan autoprotegerse, lo mismo que a sus hijos.

En cuanto al Registro de Deudores Alimentarios tendría características similares al buró de crédito, en que la pretensión es limitar los créditos a quienes se vean incluidos los padres deudores de alimentos a partir de los tres meses que dejan de hacerlo, lo que una vez que se pongan al corriente serán borrados de la base de datos.

Los promotores reconocieron que alcanzar esas metas requieren de modificaciones al Código Civil Federal y a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, indicó la diputada Norma Guel, en tanto la diputada local Elsa Amabel Landín informó que de cada 100 matrimonios, 32 terminan en divorcio y una vez disuelto el vínculo en un 91% de los casos se necesita de la intervención judicial para el pago de la pensión alimenticia, algo que también tiene lugar cuando hay hijos fuera del matrimonio que incluso tiene que llegar a la prueba de la ADN para obligar al hombre a que aporte lo necesario para manutención y desarrollo de su hijo.

Auque Aguascalientes está considerada como una sociedad tradicionalista, donde predominan los valores humanos, en la práctica ocupa el segundo lugar de divorcios, atrás de Nuevo León, al alcanzar el 25.2% contra el 12% del índice nacional por cada 100 mil matrimonios.

En materia de agresores sexuales la entidad está en tercer lugar respecto al abuso de menores, actos que el 80% ocurren dentro del primer círculo familiar, por lo tanto, apuntó Elsa Amabel Landín, es primordial no normalizar más la violencia y aquellos que sean testigos de las agresiones deben ser sancionados si no denuncian o ayudan a los agresores a evadir su responsabilidad.

El  abogado Sergio Delfino Vargas consideró que seguramente la iniciativa priista es bien vista por la sociedad, pero sugirió que sería preferible que lleven a cabo otras acciones que permitan mejores resultados, porque esto que se propone, de exhibir a los violadores e incumplidos, sería inconstitucional y se cometería violación a la privacía y secrecía de los procedimientos legales, además de que es un planteamiento “que abusa del tema de la equidad de género y se está cayendo en el extremo”.

Lo único que no hizo el litigante fue comprometerse a presentar una contrapropuesta, que vaya más acorde con lo que él considera más adecuado para lograr que los desobligados y presuntos infractores reciban el castigo que corresponde a sus actos.

SIN AVANCES EL RPP

Pese a la importancia que tiene para ciudadanos, notarios y abogados, el Registro Público de la Propiedad y de Comercio se mantiene sumido en un bache. Han pasado ocho meses desde que se declaró el hackeo o caída del sistema y todavía no encuentran la forma de resolver el problema

El presidente del Colegio de Notarios, Guillermo Gerardo Guadalupe Ballesteros Guerra, exigió a las autoridades a ser claras e informar de la situación que guarda el citado organismo, además exhortó a las instituciones y organismos que tienen una relación directa con el RPP a que aporten ideas para sacarlo adelante.

Existe pérdida de información que hasta la fecha no se ha indicado cómo fue y de qué manera se puede rescatar, que sea una información fidedigna, “sin nada de por medio, sin medias verdades ni medias mentiras, que se nos diga la realidad de cómo está y que se nos diga de los avances que se tienen para recuperar la información, en lugar de simplemente no decir nada y de obstaculizar cualquier cosa”.

Más claro no pudo ser el líder de los fedatarios, que en sus palabras denota no sólo molestia sino desesperación ya que se entorpece la actividad que realizan, por lo que todos los que tienen que ver con esa oficina, como en el caso de ellos, bancos, Infonavit, Fovissste, abogados y el Poder Judicial, deben aportar su granito de arena para subsanar las deficiencias que la propia autoridad no ha podido.

VAN CON TODO

Dispuestos a hacer efectivos los principios de autonomía, jerarquía y participación, en que los acuerdos globales sean la esencia de la gobernanza, los ejecutivos de diez estados determinaron llevar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una acción de inconstitucionalidad, en defensa de los 109 fideicomisos y fondos públicos que el gobierno federal pretende eliminar.

El camino que habrán de recorrer está plagado de abrojos, como lo hizo saber el presidente del Colegio de Abogados de Aguascalientes, Fernando Amador Macías, al considerar que no deben fiarse del máximo tribunal del país, en virtud de lo recientemente acontecido, en donde la mayoría de los ministros declararon constitucional la consulta para sancionar a los ex presidentes, con una interpretación a modo, lo que hizo “perder la fe” al actuar con intereses de por medio.

Por su parte el presidente de la República señaló el miércoles pasado que defender esos instrumentos es proteger la corrupción: “Lo que están defendiendo los fideicomisos están defendiendo la corrupción, así de claro, porque estos fideicomisos no tenían ningún control, inclusive la Auditoría Superior de la Federación lo ha expresado, de que no había transparencia”.

En lo que hay total desacuerdo es con la actitud adoptada por el mandatario nacional es que, tal vez, alguno de los citados organismos tuviera irregularidades, pero no se puede medir con el mismo rasero a todos y tampoco que lo haga cuando ni siquiera hay una denuncia formal de malos manejos.

Los gobernadores que integran la Alianza Federalista  dejaron en claro que no permitirán que la Secretaría de Hacienda tenga manos libres sobre los 68,000 millones de pesos que representan en conjunto los 109 fideicomisos y fondos públicos y que para ellos tiene propósitos electorales.

Señalaron que lucharán con todas las herramientas legales a su alcance para que no desaparezcan, toda vez que significa un duro golpe para la ciencia, la cultura, el deporte, la salud, el medio ambiente, el campo, la seguridad y la atención a víctimas, entre otros rubros.

Lo que cabe, jurídicamente hablando, es que se lleve a cabo las auditorías que sean necesarias y si encuentran anomalías que los responsables reciban el castigo que corresponda, pero no pretender causar un daño tan grande con  la cancelación de los organismos.

Durante la reunión que tuvo lugar en Aguascalientes, dejaron en claro que ellos no pretenden ese dinero para manejarlo, puesto que las partidas tienen un destino preciso que ningún gobernador puede cambiar.

Los titulares de los estados de Jalisco, Michoacán, Tamaulipas, Colima, Coahuila, Nuevo León, Guanajuato, Chihuahua, Durango y Aguascalientes esperan que el Senado no traicione a la sociedad, como ocurrió en la Cámara de Diputados, y rechacen el dictamen, demanda que también es de gran número de organizaciones de la sociedad que en diferentes formas y tonos han manifestado su oposición a ese despropósito.

Queda poco tiempo para que se conozca el final de esta truculencia millonaria, en la que unos y otros aseguran que defienden al pueblo, pero en la discusión el pueblo no es escuchado ni tomado en cuenta, todo se hace en los altos niveles.

AVANCE REGULADO

El municipio de Aguascalientes presenta un desarrollo armónico gracias a que existe comunión entre pueblo y autoridades,  con lo que se aprovecha al máximo las oportunidades de evolución para que se refleje en mejores condiciones de vida para los habitantes del medio urbano y rural.

Al presentar su primer informe correspondiente al segundo período, la alcaldesa María Teresa Jiménez manifestó que 2020 ha sido un año difícil, pleno de retos y dificultades, lo que se ha logrado sortear gracias a que desde el Ayuntamiento hay trabajo en equipo, lo que permite crecer en los distintos campos.

El quehacer previsto para el año tuvo que modificarse de manera drástica ante el arribo del coronavirus pudiéndose esquivar las obstáculos, para ello se le pidió a cada titular de las dependencias que hubiera mayor ahínco en su labor ya que estaba de por medio el progreso colectivo.

En la lectura del documento, la presidenta aseguró que “Aguascalientes es un municipio sin deuda pública, con finanzas sanas y siguen llegando las inversiones, una capital segura, moderna y de vanguardia, donde todos nos levantamos día a día con la motivación de ser mejores para que la sociedad tenga servicios públicos de calidad, en protección del medio ambiente”.

En el resumen de lo alcanzado durante este período, indicó que se invirtió 26 millones de pesos en apoyo de 8,154 ciudadanos que fueron perjudicados por la pandemia, además se entregaron 200,000 apoyos alimenticios y 486 acciones para vivienda, principalmente en la construcción de techos y cuartos adicionales y 800 apoyos de materiales, entre ellos pintura, cemento, tinacos e impermeabilizante. También 626 millones de pesos para la continuidad de proyectos de obra pública y mantenimiento de vialidades, mejora de espacios públicos como mercados, escuelas, parques, canchas y colocación de velarias.

Finalmente, se comprometió que en 2021, que será el segundo y último año de esta administración, “seguiremos trabajando sin descanso a favor de Aguascalientes”, por lo que mantendrá los recorridos por colonias urbanas y comunidades rurales para tener un diálogo directo con la población. Dirigiéndose a los habitantes dijo: “Mi motivación eres tú, por eso seguiremos trabajando sin descanso a favor de Aguascalientes”.

BAJÓN PRESUPUESTAL

Cuando apenas es un esbozo, el gasto estatal del año próximo sufrió un recorte por 1,100 millones de pesos, por lo que el Presupuesto queda en 26,917 millones de pesos, en el que su ejercicio será bajo un rol muy estricto, dándole prioridad a los programas de salud, economía, seguridad y educación.

Se cumple así la sentencia popular: “El hombre propone, Dios dispone, llega el diablo y lo descompone”, porque cuando todo parecía que lo previsto no tendría variación alguna, de pronto el gobierno de la República obtuvo de la Cámara de Diputados la aprobación para desaparecer 109 fondos y fideicomisos, lo que impactará a esta entidad por 300 millones de pesos, además habrá una disminución global de recursos federales por 108,000 millones de pesos destinados a estados y municipios.

Frente a estas situaciones, el secretario de finanzas Carlos de Jesús Magallanes García informó que a más tardar el 31 de este mes se entregará al Congreso del Estado el paquete económico, que fundamentalmente será un gasto racional y con una distribución estratégica para dar continuidad a programas de alto impacto social.

Es un asunto que compete atender a cada uno de los titulares de las dependencias estatales y de los once ayuntamientos, incluidos sus respectivos tesoreros, que deben tomar en cuenta las condiciones en  que se llevará a cabo la inversión pública de 2021, haciendo los movimientos y ajustes que crean adecuados para que con lo que dispongan se logre hacer más.

En cuanto a los impuestos, Magallanes García afirmó que no habrá aumento, lo único previsto es incluir el índice inflacionario a los actuales, que se calcula en 4%, que es algo común cada año.