Finalmente, el Órgano Superior de Fiscalización concluyó con las auditorías 2019 de algunas dependencias públicas, las que serán notificadas en dos semanas para que solventen las observaciones. Esto significa que deberán aclarar el desvío de recursos o malos manejos. De lo contrario, serán sancionados conforme a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y en los casos que amerita se hará la denuncia penal.

En esta primera etapa, los funcionarios deben reintegrar a las arcas públicas o justificar el gasto de 155 millones de pesos.

El OSF no informó sobre el desglose de irregularidades y solamente se limitó a señalar el nombre de las dependencias y los montos relacionados.

El Instituto de Vivienda debe aclarar irregularidades por 57.8 millones de pesos; el Instituto del Agua, por 29.2 millones; el Sistema de Financiamiento de Aguascalientes (Sifia), por 20.4 millones; Obras Públicas, por 15.7 millones de pesos; la Secretaría de Finanzas, 9.6 millones; la Coordinación de Movilidad, 7 millones; ISSEA, 6.3 millones; Secretaría del Medio Ambiente, 2.2 millones; Cecytea, 1.5 millones; y el Patronato de la Feria de San Marcos, 1.5 millones de pesos.

Asimismo, la Secretaría de Administración del Estado, 1.2 millones; Instituto de Educación, 1 millón 64 mil pesos; Coordinación, Planeación y Proyectos, 67 mil pesos; ICA, 264 mil pesos; Instituto de Infraestructura Física Educativa, 313 mil pesos; y la Universidad Tecnológica de Aguascalientes, 285 mil pesos.

 

LO QUE SIGUE. De acuerdo al documento que emitió el Órgano Fiscalizador, en las observaciones no solventadas deberá darse vista a la autoridad investigadora competente, para que continúe con la indagación y se deslinden responsabilidades. Con esta información y de las auditorías de otras dependencias, la Comisión de Vigilancia del Congreso elaborará el respectivo dictamen que será presentado al Pleno, para proceder a declarar revisadas las cuentas públicas, independientemente del status en que se encuentren.