Hace unos días, a través de las llamadas redes sociales, me compartieron un enlace a un sitio en el que se alojaban tres mediometrajes sobre el 2 de octubre de 1968. Desde entonces, que me tocó vivirlo en la UNAM hasta la actualidad, la noche de Tlatelolco ha sido una herida que no ha acabado de cicatrizar. El impacto de la tragedia, el no poder aceptar que autoridades del país hubieran podido ordenar la represión de la magnitud que se dio en la Plaza de las Tres Culturas. La desesperación de la búsqueda de familiares desaparecidos y la dolorosa e indignada resignación de quienes tuvieron la desdicha de perder a un hijo por pecado de asistir a un mitin que hablaba de libertad.

“Tlatelolco, las claves de la tragedia” se titula uno de los cortos, que, no obstante el tiempo transcurrido contradice aquel refrán de “el agua pasada no mueve molino”. Movió y removió el corazón. Integrado por diversos trozos de filmaciones, algunas que ya me eran conocidas, y otras que no recordaba haber visto, especialmente unas en que la “bengala verde” que todos los testimonios coinciden en señalar como el detonador que dio inicio al tiroteo cae al piso, produciendo casi de inmediato el tabletear de los rifles de repetición, los gritos de angustia, las carreras desconcertadas, el pasmo de los propios soldados que, no aciertan ni a una formación de combate, ni a una acción de retirada, ni a ponerse a cubierto de la metralla que provenía de diversos edificios de los que enmarcan la Plaza.

Gustavo Díaz Ordaz asumió la responsabilidad por la matanza, su proverbial terquedad y su amor propio habrían de impedirle reconocer que, los juegos olímpicos no valían lo que la vida de los jóvenes que protestaban por la asfixiante represión que vivía el país. Asumió la responsabilidad y quizás no lleguemos a saber de qué tamaño fue su culpabilidad. Sigue siendo para un museo del horror, su mensaje en el informe de gobierno en que justificó el crimen por las razones de estado. Sigue siendo para los anales de la ignominia la entrevista, en la que siendo embajador de México en España, se muestra “orgulloso” de haber “salvado a la patria”, salvada de sus propios hijos ¡Vaya pues!

“2 de octubre no se olvida” es una consigna que repiten mecánicamente diversos grupos que en los aniversarios de la tragedia, enarbolan las más diversas banderas, todas ellas contestarias. Se repite como un mantra, y uno entiende que como blasón se utilice y aluda a una página negra de la historia nacional y uno lamenta que se utilice como manto protector que legitime toda actitud de protesta, que puede ser lo mismo por un reglamento de estudios, por un tabulador mal aplicado, por un pase automático, o por una puñado de desaparecidos. “2 de octubre no se olvida” aunque no se recuerde la magnitud de la matanza, no se conozca el pliego petitorio y se pretenda desconocer, que, el México del 2014 no es el de 1968.

1968 fue una fecha clave para el mundo, parteaguas en muchos sentidos. París, Berkley, Praga, México, con mucho, el más dramático. El miedo de un Presidente autoritario, que pudo optar por la apertura democrática y prefirió la represión violenta, que pudo aprovechar la proyección de la Olimpíada para enviar un testimonio de concordia y de justicia. Que retrasó con su cerrazón la lucha por la democracia.

Cerca de medio siglo después, en nuestro México se han dado instituciones que eran impensables en 1968. Tenemos partidos políticos que, con todos sus defectos, constituyen un contrapeso al ejercicio de la autoridad por el que detente el poder. Tenemos un Instituto Electoral a todas luces eficaz aunque a todas luces ineficiente (el costo de las elecciones lo demuestra), y nunca más el Gobierno será juez y parte de los procesos electorales. Tenemos un Banco Central que es un organismo constitucional autónomo que constituye un factor de control de los manejos otrora irresponsables de los “detentadores” de la autoridad en materia económica. Tenemos un sólido sistema de enseñanza universitaria que, si bien arrastra más de alguna lacra, ha permitido la preparación de un gran número de jóvenes comprometidos. Tenemos un Instituto de Transparencia y Acceso a la Información que en buena medida ha permitido frenar acciones corruptas de las autoridades y han dado armas a los ciudadanos para combatir conductas venales. Tenemos organismos defensores de los Derechos Humanos, que, a pesar de los pesares, han ido creando paulatinamente conciencia en la ciudadanía (en menor medida en la autoridad), de que los derechos fundamentales son un catálogo mínimo de los que debe garantizar la autoridad y gozar el gobernado. Tenemos un nuevo sistema de justicia penal al que le hemos apostado, esperanzados de que sea un factor de democratización en la aplicación de la justicia.

Pero, si los logros enumerados son reales, si contamos con esas instituciones, si han costado esfuerzo y dedicación de muchos mexicanos, si las estructuras gubernamentales revisten la forma de organismos confiables, ¿cómo es posible que se presenten casos como los de Tlatlaya y de Ayotzinapan? ¿Cómo puede ser la artera ejecución a sangre fría de un grupo delictuoso, si se quiere, simulando un enfrentamiento contra una patrulla del ejército? ¿Cómo puede darse la desaparición forzada de medio centenar de jóvenes normalistas luego de su participación en actos vandálicos, si se quiere, que no justificaban la brutal represión de que fueron objeto?

En el primer caso se ha actuado con relativa rapidez y determinación. El Ejército Mexicano puso a disposición de la autoridad del fuero común, un grupo de soldados presuntamente responsables del asesinato proditorio, alevoso y ventajoso, marcando un hito en un historial de juicios militares en que, no obstante la disposición constitucional, basándose en un artículo del Código de Justicia Militar, notoriamente inconstitucional, el Ejército no permitía que sus miembros fueran juzgados por los tribunales comunes. El caso de Tlatlaya es ejemplo de una inadmisible acción militar, en que, los soldados se convierten en investigadores, aprehensores, jueces y ejecutores, todo sin solución de continuidad. El precedente que en estos hechos se establezca será fundamental para determinar la actuación de las fuerzas armadas como fuerzas policíacas.

Ayotzinapa se suma a una serie de hechos negros en el pasado reciente de nuestro país, aunque nunca con la relevancia que este caso reviste por tratarse de estudiantes de una normal contestaria y activísima. Las desapariciones de grupos, particularmente de migrantes, no han sido raras, aunque la opinión pública ha sido inexplicablemente tibia en su reacción. Más aún, la desaparición luego de un operativo de la policía municipal, de más de medio centenar de estudiantes normalistas, en un país respetuoso de los derechos fundamentales hubiera provocado una crisis del gobierno. Aquí, apenas provoca el malestar, de los que tradicionalmente protestan por estos sucesos.

El gobierno federal enfrenta la prueba más dura de su todavía corta duración. De su pronta y convincente solución dependerá, más que de cascos azules o de reglamentos internos, la confianza en la autoridad y la legitimación de su ejercicio gubernativo.

No despertemos al México bronco, dijera Dn. Jesús Reyes Heroles.

bullidero@outlook.com           bullidero.blogspot.com           twitter @jemartinj