Prof. Flaviano Jiménez Jiménez

Todo parece indicar que el Gobierno de México ha tomado la decisión de no participar en la prueba PISA de 2025, por los siguientes indicios: a estas fechas (de 2024) los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ya aplicaron los exámenes piloto en las competencias lectora, matemática y científica, que sirven de estudio y validación necesarios para la prueba PISA de 2025; ya entregaron la documentación para formalizar la evaluación y ya pagaron los 210 mil euros para los gastos que se originan sobre el particular. México, en cambio, no ha realizado los exámenes piloto, no ha entregado documentación para formalizar la aplicación de la prueba PISA 2025, no ha querido asistir a las reuniones del organismo en las que se detallan los procesos de la evaluación ni ha pagado la cuota que le corresponde. Por lo anterior, se infiere que el Gobierno de México no quiere participar en la prueba PISA del próximo año.

¿Por qué? Tal vez esta decisión se deba al malestar del Gobierno federal porque en la última prueba PISA de 2022, México obtuvo pésimos resultados, tuvo un retroceso de más de ocho años: tan sólo uno de cada cien alumnos pudo llegar al nivel uno de los seis que mide PISA. Los mejores resultados de México, en esta prueba, se obtuvieron durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, cuando más de la mitad de los alumnos que presentaron el examen se ubicaron en el nivel tres. De 2012 a 2018 los resultados en PISA siempre fueron en constante ascenso por los esfuerzos realizados en materia educativa; por lo que se esperaba que en la administración de Andrés Manuel López Obrador se obtendrían mejores resultados; pero, lamentablemente, en lugar de avanzar, hubo una reprobación generalizada y un descenso de más de ocho años. Ahora bien, al no participar en la mencionada prueba internacional, en nada coadyuva para mejorar los aprendizajes de los estudiantes mexicanos; al contrario, la negativa y por esconder la cabeza en un agujero, como el avestruz, pueden empeorar los aprendizajes y nadie, públicamente, se da cuenta de ello. Como decía Gilberto Guevara Niebla será una “catástrofe silenciosa”.

Desde su inicio, a todos consta que el gobierno de López Obrador se declaró enemigo de la evaluación educativa: desapareció el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa (INEA), suprimió todas las evaluaciones nacionales de los alumnos de primaria y secundaria, eliminó la evaluación docente y nulificó las pruebas que se aplicaban por convenios con la UNESCO. Y a cambio de no evaluar los aprendizajes, ¿qué ha hecho en materia educativa? Transmutar la anulación de la evaluación docente por votos electorales; ordenar calificaciones aprobatorias (durante la pandemia por COVID) para todos los alumnos que no hicieron ningún esfuerzo por estudiar ni entregaron tareas ni mostraron aprendizajes requeridos; en pocas palabras, el actual Gobierno federal ha puesto en marcha la política educativa del ahí se va, con las consecuencias que están a la vista: niñas, niños, adolescentes y jóvenes reprobados, al interior y exterior del país, en todos los campos del conocimiento. ¿Hay idea de los altos costos que pagarán, en su vida, varias generaciones por su preparación deficiente?

Mientras en todos los países del mundo se realizan, constantemente, evaluaciones con el fin de mejorar los aprendizajes en educación básica y elevar la formación de técnicos y de profesionistas con los más altos niveles de eficacia y eficiencia; en México, el Presidente se concreta en declarar que en educación “andamos requetebién”, aun cuando la realidad está demostrando que existen severas deficiencias en los aprendizajes, y todo por no evaluar para mejorar la educación. El próximo Gobierno Federal, ¿seguirá poniendo en marcha la misma política educativa del ahí se va?